En busca de la segunda descentralización sanitaria

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En busca de la segunda descentralización sanitaria


Mucho tiempo se lleva hablando de una más que probable segunda descentralización de competencias sanitarias en España, aunque ningún gobierno autonómico ha querido dar, hasta ahora, paso alguno al respecto. En el momento actual, parece que algunas comunidades autónomas se encuentran inmersas en tímidas negociaciones con sus corporaciones locales. Es el caso, por ejemplo, de Extremadura y Andalucía, cuyos presidentes ya empiezan a hacer públicas sus intenciones en torno a este asunto.

Jorge Sánchez Franco

llaves conceptuales:
1. Tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como el Partido Popular defienden una negociación de la segunda descentralización a nivel nacional, y no autonómico
2. Comunidades Autónomas como Andalucía o Extremadura han comenzado tímidas negociaciones con sus corporaciones locales para el traspaso de algunas competencias sanitarias, centradas sobre todo en temas de salud pública

Madrid (29-7-09).- En el momento actual, las comunidades autónomas cuentan, desde hace algunos años, con todas las competencias de Sanidad y asuntos sociales. No obstante, en relación con el segundo terreno competencial, la Ley de Dependencia “ha constituido un escenario donde la coordinación y la cohesión territorial confluyen, lo que influirá decisivamente en la futura organización de este ámbito competencial”, ha señalado María Jesús Mejuto, consejera de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. En este ámbito, “se vienen gestionando de manera conjunta determinados servicios de atención a personas dependientes con muy buenos resultados, por cuanto se acerca esta atención a los ciudadanos”, añade.

La protección de la salubridad pública, clave para los ayuntamientos

El papel que juegan los ayuntamientos en el desarrollo competencial está mucho más delimitado en el ámbito sanitario que en el de los asuntos sociales. Muchos municipios vienen desarrollando actividades programadas por los servicios de salud en materia de educación sanitaria, vacunaciones, exámenes de salud y programas para prevenir enfermedades. Por tanto, la función de los ayuntamientos dentro del sector sanitario se centra en la protección de la salubridad pública y en su participación en la gestión del primer nivel asistencial, según se desprende del artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985.

El artículo 25 de esa misma ley señala que la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán delegar en los municipios el ejercicio de competencias en aquellas materias que afecten más directamente a sus propios intereses, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. En este punto, la normativa dice que el mismo acuerdo de delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de dicha disposición, así como el control que se reserve la administración que hace la delegación, y los medios personales, materiales y económicos que ésta transfiera.

En este momento, la Junta de Extremadura “está abordando su segunda descentralización de forma sosegada, reflexiva y participativa”, explica Mejuto. Los escenarios en los que se está debatiendo este tema son, además de la propia Asamblea regional, los consejos de grandes ciudades de la región y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. “No cabe ninguna duda de que la Sanidad y los asuntos sociales serán asuntos a debatir una vez se alcancen los oportunos acuerdos”, comenta la consejera de Sanidad y Dependencia.

En el ámbito sanitario, “las administraciones locales desempeñan un papel muy importante en lo referente a la promoción de la salud y la participación ciudadana”. Esto lo hacen a través de los consejos de salud de zona, que son los órganos colegiados de participación institucional y comunitaria en la planificación, control y evaluación de la gestión y de la calidad en materia de salud pública y asistencia sanitaria que corresponda a cada zona básica de salud. Desde la Consejería de Sanidad y Dependencia de Extremadura, “queremos dar un nuevo impulso a estos organismos”.

En relación con las nuevas tareas que podrían asumir los ayuntamientos en materia de Sanidad, “quizás debieran explorarse todos aquellos aspectos relacionados con la salud pública que tienen que ver con el medioambiente, además de una participación ciudadana más efectiva en el ámbito de la Sanidad”, apunta Mejuto. En cuanto a los asuntos sociales, “habría que profundizar en la metodología de gestión de los recursos y servicios de atención a las personas dependientes, estableciéndose mejoras en el empleo local, además de una mayor participación ciudadana en estos aspectos”.

Por encima de todo, el diseño de la política de desarrollo rural “debe contemplar la descentralización de aquellas competencias que lo necesiten por los beneficios de la cercanía”, afirma la consejera de Sanidad de Extremadura. De esta manera, “encontraremos el equilibrio entre la descentralización de competencias y el mantenimiento de una necesaria cohesión y coordinación territorial”, añade. “Hay que reflexionar mucho en torno a qué competencias podrían ser objeto de traspaso a los ayuntamientos y cuáles otras podrían compartirse o co-gestionarse”.

En caso de producirse finalmente una segunda descentralización de competencias, “ésta debería ir acompañada inevitablemente de una exhaustiva reforma del actual sistema de financiación municipal”. Según la consejera Mejuto, ésta debería estar basada en una planificación política y estratégica, además de en una dirección por objetivos y pactos de gestión”. En lo que se refiere a los ámbitos de la Sanidad y de los asuntos sociales, “todo debe entenderse en el marco de una políticas de desarrollo rural y de descentralización todavía más amplias”.

En abril, la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Carmela Silva, se reunía con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y con el presidente de la Asamblea regional, Juan Ramón Ferreira. Tras la misma, la senadora manifestaba que la segunda descentralización que se contempla en la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura “será uno de los grandes debates de futuro” que la región ha generado”, y que Fernández Vara jugará un papel “muy importante” a la hora de poner esta cuestión sobre la mesa en el conjunto del territorio.

La segunda descentralización, objetivo clave del Gobierno andaluz

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha declarado que “el principal objetivo de su ejecutivo es el de abordar en esta legislatura la segunda descentralización, haciendo que competencias del Gobierno autonómico se trasladen a los ayuntamientos para que los ciudadanos puedan resolver el 98 por ciento de los asuntos allí donde viven”. El sucesor de Manuel Chaves en el cargo ha dicho que, “tras este proceso, que espera se haya completado al final de la actual legislatura, la Administración andaluza tendrá la estructura óptima”.

Ante el debate que se ha abierto en la Junta de Andalucía, el secretario general del Partido de Almería (organización municipalista), José Añez, cree que “es momento de ponerle nombre a esa parte del pastel que deben gestionar los ayuntamientos y no perder mucho tiempo en el debate, puesto que han transcurrido treinta años de olvido desde que se iniciara la primera descentralización, que únicamente ha beneficiado a las comunidades autónomas”. En la actualidad, “los ayuntamientos apenas cuentan con el 12 por ciento del gasto público total, mientras que los gobiernos autonómicos controlan cerca del 40 por ciento”, añade.

A este respecto, el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, cree que “el principal reto de futuro para las administraciones locales es la segunda descentralización, tanto de financiación como de competencias, porque actualmente los ayuntamientos nos encontramos en una situación en la que no hay salida: somos la administración más cercana al ciudadano, con muchas competencias y servicios que ofrecer, pero necesitamos financiación”. En este contexto, los ayuntamientos “tendremos que hacer un ejercicio de realismo y lograr unas cuentas más realistas”.

El alcalde de Murcia y presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha recordado que la financiación de los ayuntamientos debe proceder de dos vías: los ingresos del Estado y los de las comunidades autónomas. “Mientras que el primer cauce existe, aunque se ha venido reduciendo el porcentaje, el segundo nunca se ha satisfecho”. El alcalde ha precisado que “esta alternativa debe regularse necesariamente mediante una ley nacional, como condición indispensable para después acometer la segunda descentralización, en la que cada municipio debería negociar con su respectiva comunidad autónoma”.

El vicesecretario autonómico de Organización del Partido Popular de Canarias, Ángel Llanos, se ha mostrado favorable a que se produzca una segunda descentralización de competencias entre las administraciones del archipiélago y ha planteado que el pacto local deje de ser algo de lo que se hable y se convierta en hechos, al mismo tiempo que ha anunciado que su partido ha comenzado los trabajos para calcular la deuda que mantienen los cabildos con los ayuntamientos canarios "para obtener una radiografía exacta de la situación".

Dado que todas las competencias sanitarias están transferidas en exclusiva a las comunidades autónomas, los ayuntamientos se limitan a participar, de manera totalmente voluntaria, en la elaboración de estrategias y planes de prevención de enfermedades y promoción de la salud a nivel autonómico, nacional e incluso europeo. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palma acaba de poner en marcha un plan europeo para la prevención de la depresión, en colaboración con la Consejería de Salud y Consumo de Baleares y la Universidad de Baleares. Se trata de una iniciativa que implica una gran campaña pública focalizada en diez centros de salud en el área urbana de Palma.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, acaba de firmar un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por Pedro Castro, y la Fundación Española de la Nutrición, comandada por el profesor Gregorio Varela, para ampliar la difusión del programa THAO-Salud Infantil en el ámbito municipal con el objetivo de promocionar una alimentación y actividad física saludables y prevenir la obesidad. A este respecto, no hay que olvidar que los ayuntamientos son las entidades están más cerca del ciudadano.

Fuentes de la FEMP han negado que los ayuntamientos estén asumiendo competencias de Sanidad y asuntos sociales que no les corresponden. Sencillamente, la demanda social obliga a estas entidades a prestar determinados servicios cuya competencia –de la comunidad autónoma en la mayoría de los casos- no tienen reconocida, por ser éstas las administraciones más cercanas al ciudadano. Esta situación viene ya de lejos, y ha empeorado con la actual crisis económica, pues las demandas de los ciudadanos con problemas se han visto incrementadas considerablemente, lo que está obligando a los ayuntamientos a realizar un esfuerzo de gasto nunca visto.

Una nueva normativa de régimen local, objetivo para finales de año

La FEMP lleva años reclamando una revisión del modelo de reparto competencial de las tres administraciones del Estado, especialmente en lo referente a aquellas competencias que más tienen que ver con los servicios que afectan más directamente al ciudadano. A este respecto, el Gobierno se ha comprometido a llevar al Congreso de los Diputados una nueva normativa que actualice la ya superada Ley de Bases de Régimen Local. Esto debería ocurrir a finales de este mismo año, cuando también está previsto se tenga lista la tan ansiada reforma del modelo de financiación local.

Con respecto a los casos anteriormente mencionados de Extremadura y Andalucía, fuentes de la FEMP han señalado que “algunas comunidades contemplan en sus estatutos de autonomía determinados niveles de descentralización, aunque se trata de traspasos sujetos a acuerdos concretos sobre determinadas materias, pero no de una descentralización real y finalista”. Por eso, esta entidad ve indispensable que la segunda descentralización se acuerde con una ley que afecte al conjunto del Estado, al menos, en sus términos más básicos.

Al contrario de lo que pudiera parecer, fuentes de la FEMP han señalado que los ayuntamientos no pretenden asumir competencia sanitaria alguna. Lo que verdaderamente les preocupa, y mucho, es el ámbito de los servicios sociales, donde reconocen estar asumiendo muchas más funciones de las que les corresponden, sin contar con el apoyo financiero necesario para ello. En este sentido, recientemente se ha celebrado en Zamora el V Congreso Nacional de Asuntos Sociales, donde las administraciones locales han reclamado un pacto nacional que les permita gestionar con eficiencia las políticas sociosanitarias.

Las demandas de servicios sociales que hacen los ciudadanos a los ayuntamientos se centran fundamentalmente en la atención a personas mayores, la dependencia, la integración, la inmigración y la asistencia a familias. Según estimaciones de la FEMP, las entidades locales dedican aproximadamente el 20 por ciento de sus presupuestos a la prestación de servicios sociales que no son de su competencia. En este sentido, la renegociación de la financiación local hará que estas prestaciones se ofrezcan de la manera más eficaz posible. En este contexto, el desarrollo de la Ley de Dependencia también podría recibir un nuevo impulso.

Dado que el ejercicio de las prestaciones sociales corresponde a las entidades locales, la FEMP considera que éstas deben participar en la financiación de la Ley de Dependencia en tanto en cuanto constituyen el marco en el que se tienen que organizar y concretar los servicios que establece dicha normativa. Entre otras demandas, esta entidad quiere que la tramitación del expediente para la evaluación de las personas dependientes se realice a través de los servicios sociales municipales, ya que éstos componen una red más que consolidada en todo el territorio nacional, y exige a las comunidades autónomas los recursos adecuados para llevar a cabo dicha tarea.

Con vistas a un nuevo proceso descentralizador, la FEMP pretende diseñar un nuevo modelo de servicios sociales municipales que otorgue mayor protagonismo a los Gobiernos locales. El presidente de esta entidad ha explicado que hay muchas razones para redefinir el modelo de servicios sociales, como los cambios sociales y culturales acaecidos en España en los últimos años, los efectos de la crisis económica o la creciente demanda de atención a las personas con dependencia. “Los cambios en la organización y funcionamiento de estos servicios debe priorizar su ampliación y diversificación desde los municipios” señala.

Ayuntamientos y gobiernos autonómicos deben coordinarse mejor

Para Dolores Pan, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado, “los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos deben trabajar coordinadamente para dar un mejor servicio a los ciudadanos en lo relativo a la Sanidad y a las prestaciones sociales”. Para ello, “es necesario dotar a la administración local de todo tipo de recursos”, explica. A este respecto, “hay que lograr que los ayuntamientos gocen de cierta suficiencia financiera para su buen funcionamiento”. La senadora no cree que haya duplicidad de tareas en los ámbitos aquí referidos, y le resta importancia a la lucha competencial generada por la Ley de Dependencia.

Al igual que la FEMP, el Partido Popular defiende una negociación de la segunda descentralización a nivel nacional, y no autonómico. Esto último podría generar desigualdades territoriales importantes, según la portavoz popular. “Es fundamental el mantenimiento de la equidad y cohesión de los servicios sanitarios y sociales”, apunta. Si ha quedado claro que los ayuntamientos llevan sobre sus hombros gran parte del peso de los servicios sociales: “las políticas de prevención y promoción de la salud constituyen la mejor baza de la Administración local para intentar mejorar la salud de la población”, concluye.

Muchos alcaldes de España reclaman para los ayuntamientos el 26 por ciento de participación en los ingresos del Estado, el doble de lo que perciben desde hace más de una década, congelado en el 12,8 por ciento. Hacen esta exigencia debido a que el gasto corriente se ha incrementado por el mayor número de servicios que prestan, muchos de ellos sin compensación económica por parte de los Gobiernos autonómicos y estatales, que son quienes realmente tendrían que dar al ciudadano esos servicios. Según un informe del Senado, tales actividades suponen un coste de 7.000 millones de euros para los municipios, que se niegan, no obstante, a dejar de ofrecerlas.


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