Editorial I
El Banco de Datos Genéticos
Un proyecto de ley del oficialismo podría terminar politizando este organismo científico tan importante para la Justicia
Noticias de Opinión: Viernes 6 de noviembre de 2009 | Publicado en edición impresa
Se encuentra bajo tratamiento una iniciativa del Frente para la Victoria que impulsa un proyecto de las Abuelas de Plaza de Mayo para trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a un Instituto Nacional de Datos Genéticos, que funcionará en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y estará destinado a la investigación de delitos de lesa humanidad.
La iniciativa ha generado fuerte resistencia, pues implica desde el origen una distorsión de los objetivos que dieron nacimiento al banco, y puede convertir una institución científica en una herramienta política.
El objetivo se ve más claro a poco que se recuerde que el BNDG tiene 22 años de existencia y ha cumplido un rol fundamental en la determinación de la filiación de personas desaparecidas. Por medio del Hospital Durand, llevó a cabo innumerables exámenes de ADN que contribuyeron a determinar inclusiones o exclusiones de paternidad y consecuente filiación, e identificaciones y coincidencias de patrones genéticos en incontables casos civiles y penales. Entre estos últimos, se investigan violaciones, atentados a la honestidad sexual y a la vida de las personas.
Es más, numerosas personas enviaron sus datos genéticos al BNDG por motivos que les eran propios, confiando en la garantía de independencia, ciencia y seriedad del instituto. El banco nació en 1986 con un proyecto enviado al Congreso durante el gobierno de Alfonsín.
El actual proyecto, que busca trasladarlo a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, puede tener una clara finalidad política, impropia de un establecimiento de ciencia que aspira a cumplir una función técnica y científica para toda la población. Una vez más, se retrocede en el tiempo, sin ventaja para nadie.
El radicalismo se ha opuesto a la iniciativa y ha dicho que no hay derechos humanos sesgados, limitados a un sector de la población. Es así, los derechos humanos por definición son universales, para todos y no sólo para los eventuales parientes de hijos nacidos en cautiverio a partir de una fecha determinada hasta el 10 de diciembre de 1983, según el proyecto, y sin incluir otros casos.
Debe tenerse en cuenta que el actual BNDG, como institución científica independiente, funciona como una suerte de perito oficial en la materia, en numerosas causas civiles y penales, entre ellas las vinculadas a los derechos humanos de eventuales hijos de desaparecidos, pero no solamente en ellas. Es de destacar que la Secretaría de Derechos Humanos asume el rol de querellante en muchas de esas causas, pero la dependencia de dicha secretaría que se pretende para el BNDG lo descalifica como institución independiente, convirtiéndolo en brazo ejecutor del Ministerio de Justicia. En otras palabras, en juez y parte.
El tema de la gratuidad del servicio también es discutible. No hay duda de que todo costo que se pueda cobrar debe ser cobrado, y no creemos que lo estatal deba ser sinónimo de gratuito. Todo aquel que puede pagar debe hacerlo. Es también justo que quien no pueda pagar y lo justifique, no pague, pues es un servicio para todos. Lo que no es razonable es que se exima del pago de gastos a quienes invoquen ser víctimas de supuestos crímenes de lesa humanidad, con prescindencia de su situación económica.
Tampoco resulta razonable crear un Comité de Gestión con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, o del Ministerio de Relaciones Exteriores, como se propone, pues nada tienen que ver con la labor científica que debería desarrollar el banco. Mucho menos razonable es la creación de un Consejo Asesor, integrado por las ONG defensoras de los derechos humanos.
La ley vigente no es mala y las actualizaciones técnicas se realizan mediante resoluciones o decretos, no mediante leyes que cambian el sentido de un instituto objetivo y serio. El proyecto en danza afecta la universalidad de los derechos humanos y el principio de independencia de la labor científica. Es un proyecto preocupante y no debería ser aprobado.
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Un proyecto de ley del oficialismo podría terminar politizando este organismo científico tan importante para la Justicia
lanacion.com | Opinión | Viernes 6 de noviembre de 2009
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