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ESPAÑA
NO se le debe DEJAR SOLO ANTE ESTE DILEMA
El médico precisa apoyo si el paciente rechaza terapia vital
El profesional no debe enfrentarse solo al dilema del rechazo de terapia importante o vital por parte de un paciente capaz o incapaz, según concluye el último informe del Comité de Bioética de Cataluña, que insta a someter los casos a decisión colegiada, comités de ética y jueces.

C.F. Barcelona - Jueves, 6 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 00:00h.

llaves conceptuales:
1. La objeción de conciencia del profesional no debe ser obstáculo para respetar la decisión del paciente de no admitir una actuación sanitaria
2. El enfermo puede aceptar tratamiento con condiciones y eso es igualmente legítimo mientras no obligue a actuaciones contraindicadas

El Comité de Bioética de Cataluña solicita apoyo para los profesionales responsables de pacientes que rechazan una propuesta diagnóstica o terapéutica, especialmente cuando consideran que lo que le ofrecen es importante o vital.

En su último informe de recomendaciones, sobre el rechazo de los enfermos a tratamiento, propone no dejar solo al profesional y, en concreto: deliberación pausada y abierta dentro del equipo asistencial (decisión colegiada); análisis del caso concreto; ayuda de un profesional que disponga de las mejores habilidades de mediación o de comunicación posibles sin traspasar el límite de la coacción; consultar al comité de ética de la institución si la situación es urgente; buscar el soporte de los servicios jurídicos del centro si fuese necesario, y formar a los profesionales en conocimientos de bioética y en habilidades de comunicación.

A las instituciones les recuerda que deben respetar el derecho a la negativa del paciente si no hay razones suficientes y objetivables sobre su falta de autonomía y que garantizarlo no debe suponer ningún abandono ni impedirle acceder a tratamientos alternativos, incluso paliativos.Sobre la objeción de conciencia del profesional apunta: "No se puede admitir, ni ética ni legalmente, una pretendida objeción de conciencia como justificación para no respetar la negativa del enfermo a una actuación sanitaria.

La actuación propuesta por los profesionales tiene que adecuarse a los principios del consentimiento informado, teniendo en cuenta sus requisitos y límites".El comité recoge el marco ético en que se deberían abordar las situaciones y distingue lo que es un rechazo a la propuesta médica de lo que es la aceptación de la propuesta pero con limitaciones. Así, el documento se estructura en los apartados siguientes: cuando el paciente que rechaza es competente, cuando no lo es (rechazo por sustitución) y cuando manifestó el rechazo anticipadamente; la aceptación de una actuación con limitaciones puestas por el paciente, y la objeción profesional a la negativa o a la limitación del paciente.

En materia de capacidad legal de los pacientes, el comité se basa en la normativa vigente sobre menores de edad y aclara que, en caso de discrepancia entre menor de 12-16 años maduro y sus padres o tutores, se ponderaran las consecuencias de la decisión y en caso de duda se consultará al comité de ética asistencial. Y, lo que parece un asunto más complejo, en caso de que menor y padres rechacen un tratamiento necesario para la integridad física del niño, "es recomendable la ayuda del comité de ética y, en caso extremo, la del juez".

Ojo a las etiquetas
El comité aconseja igualmente tener mucho cuidado a la hora de etiquetar a un paciente como no competente y vigilar la posibilidad de coacción por parte de familiares o amigos; incluyendo "la coacción de la cultura médicosanitaria".Cuando el paciente no sea competente y la aceptación o rechazo recaiga en un representante, si hay dudas "se buscará ayuda de fuentes fiables (proximidad afectiva y ausencia de intereses responsables y colectivos) que corroboren los valores y la voluntad de los afectados".

Si existe voluntad anticipada, "será vinculante".Otra posibilidad es que el enfermo acepte tratamiento con condiciones (no mastectomía radical o no amputación de miembro), algo sobre el comité expone: "Son demandas legítimas que los profesionales tienen que mirar de respetar en la medida de lo posible, mientras no les obliguen a actuaciones claramente contraindicadas, y aunque supongan molestias para ellos o para la comunidad y riesgo añadido".