ESPAÑA
Se admite que los médicos deben tener, además de cualificación profesional, valores éticos y morales.
Una sociedad mayor y dependiente pide atención
La Ley de Promoción de Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue aprobada en 2006 con un plan de desarrollo ambicioso que se ha visto frenado por la crisis. Pero las cuestiones económicas no son el único impedimento para el desarrollo de la norma. Desde la profesión médica se pide mayor protagonismo a los profesionales en la aplicación de la ley.
S. Valle - Viernes, 12 de Noviembre de 2010 - Actualizado a las 00:00h.
La ley de dependencia reconoce los derechos de las personas mermadas en su autonomía personal.
"Los médicos no pueden ser los convidados de piedra en el desarrollo de la ley de dependencia", dice José Ramón Amor Paz, bioético
Las personas dependientes no están limitadas para dar su consentimiento informado a no ser que estén incapacitadas legalmente
El hospital Monte Naranco y la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias han organizado el VII Foro de Ética y Envejecimiento en Oviedo, que ha coincidido en fechas con las jornadas castellano-manchegas de cuidados paliativos que se clausuran mañana en Toledo. Ayer la Organización Médica Colegial celebró en su sede de Madrid la jornada sobre Bioética y Dependencia. Todas estas convocatorias son una prueba de que la profesión médica se preocupa por la atención al dependiente en una sociedad que envejece y requiere unos cuidados más específicos.
La reflexión de la profesión médica sobre la atención al dependiente se realiza en pleno desarrollo de la Ley de Protección de Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia que fue aprobada en 2006 y sobre la que se albergaban muchas expectativas. Ángel Rodríguez Castedo, director adjunto de Promoción y Coordinación del SEPI Desarrollo Empresarial, ex director del Imserso y uno de los padres de la norma, afirmó ayer, en la jornada de la OMC, que la ley supone "un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las personas dependientes y una gran oportunidad para generar empleo en el sector socio-sanitario". A pesar de lo cual, reconoció que no se están cumpliendo los plazos de implantación de la norma. La crisis actual fue esbozada por Rodríguez Castedo como un posible motivo de este retraso; citando la memoria económica de la norma, señaló que en la financiación de la ley "la Administración general del Estado debía aportar más de 12.638 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios del sistema de dependencia. Y las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la materia, deberían aportar una cantidad similar". Pero las dificultades para implantar la ley no se limitan al ámbito económico o, por lo menos, no solo.
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, en su presentación de la jornada de Dependencia y Bioética reclamó mayor protagonismo para los profesionales sanitarios en el desarrollo de la norma, al tiempo que reconoció que los médicos que atendían a las personas dependientes "no solo tenían que estar bien formados profesionalmente, sino que tienen que estar cargados de una ideología profesional, pues hay un despliege de compromisos éticos y morales que se han querido simplificar pero que son importantes". En este sentido se pronunció también José Ramón Amor Pan, director del Máster de Bioética de la Universidad de La Coruña y vocal de la Comisión Gallega de Bioética, que "reclamó la necesidad de una antropología, una ética e incluso una pedagogía de la fragilidad, la vulnerabilidad y la dependencia que parta de la aceptación plena e incondicional de la persona en situación de dependencia". Además, Amor Pan insistió en reclamar el papel de los facultativos en el desarrollo de esta ley al señalar que "los médicos no pueden ser los convidados de piedra en el desarrollo de la ley de dependencia", y advirtió que "para aplicar la ley hace falta voluntad y motivación".
En el ámbito estrictamente legal, Francesc José María Sánchez, abogado vocal del Comité de Bioética de Cataluña y asesor del Consorcio de Salud catalán, aclaró las diferencias que existen entre una persona dependiente y una incapaz, para reconocer que sólo el segundo está privado de su capacidad de tomar decisiones y que tal consideración tiene que estar avalada por una sentencia judicial. Es decir, que en cuestiones sanitarias, el paciente dependiente, a priori, no tiene delegada su capacidad para dar su consentimiento o rechazar tratamientos médicos, mientras que si tiene la consideración de incapaz, sí.
Un derecho apelable ante los tribunales
"La aplicación de la ley de dependencia requiere una importante labor de coordinación entre la Administración general del Estado y las administraciones autonómicas". Este requisito que reconoció Ángel Rodríguez Castedo, ex director de Imserso, en la jornada de Dependencia y Bioética que se celebró ayer en la OMC, no siempre ha sido fácil de cumplir. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia admitió en una sentencia el derecho de una persona con una enfermedad severa a percibir la prestación reconocida en la ley de dependencia del cuidado familiar desde el día que se presentó la solicitud de la ayuda, y no desde la fecha en la que la Administración autonómica resolvió su concesión, 15 meses después. La sentencia del TSJ de Valencia fue la primera que obligó a la Administración valenciana a pagar con retroactividad la prestación que recoge la ley de la dependencia. El fallo estimaba en parte el recurso interpuesto por la familia de la paciente y condena a la Consejería a que pague a la familiar la ayuda concedida por la situación de dependencia desde que la solicitaron y no desde que la Administración tuvo a bien resolver su caso. Una sentencia que dio pie a reclamaciones similares.
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