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ESPAÑA
SE CREA UN PROBLEMA A LA SEGURIDAD SOCIAL
La extinción de Muface costará 1.500 millones de euros al año
El Gobierno aprueba un real decreto para integrar a los funcionarios de nuevo ingreso en el régimen general de la Seguridad Social, lo que provocará la desaparición de las mutualidades administrativas. Sólo la extinción de Muface costará al Estado 1.500 millones al año.

Loreto Mármol - Viernes, 3 de Diciembre de 2010 - Actualizado a las 00:00h.


El Gobierno ha dado luz verde a un real decreto que incorpora medidas laborales y fiscales, como la de "integrar a partir de enero de 2011 a los funcionarios de nuevo ingreso -de cualquier cuerpo y administración- en el régimen general de la Seguridad Social, excluyendo a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", según explicó la ministra de Economía, Elena Salgado. Pese a que la intención es "reforzar el sistema de la Seguridad Social", han surgido voces de alarma que alertan de que la medida implica la desaparición de la mutualidad administrativa, por la que los funcionarios pueden elegir entre la cobertura sanitaria pública y la privada.

Desde CSIF se habla de un gasto para el Estado de 1.500 millones de euros anuales sólo con la desaparición de Muface, y desde la Organización Médica Colegial (OMC) se advierte del aumento del paro que la medida puede generar."Es el principio del fin. Se pone un punto final progresivo al régimen de clases pasivas al no concurrir nuevas altas", comenta José María Nieto, vocal de la OMC.Según Eliseo Moreno, de CSIF, "significa que Muface desaparecería a corto plazo, en dos años entraría en barrena, porque el usuario de esta asistencia sería solamente la plantilla funcionarial actual -es decir, personas más envejecidas y por tanto económicamente más caras- y no entraría gente nueva -y más joven- que equilibra el sistema".

"El Gobierno persiste en su política errática y descoordinada; supone una merma de la calidad en la asistencia sanitaria", advierten los sindicatos

Es precisamente lo que ya advirtió UGT, que dijo que las mutualidades administrativas "quedarían en situación de colectivo cerrado y abocado a su extinción", después de que el Ejecutivo propusiera con la revisión del Pacto de Toledo "la definición de una fecha a partir de la cual los funcionarios de nuevo acceso ingresarán en el régimen general de la Seguridad Social" (ver DM del 3-III-2010).

Ni siquiera ha habido que esperar a la reforma del Pacto de Toledo. Donde dije digo, digo Diego, pese a que el Ejecutivo siempre ha negado la mayor. Tan sólo un día después de la advertencia de UGT fuentes gubernamentales aseguraban que "no hay voluntad por parte del Gobierno de acabar con Muface ni tiene la intención de que quede relegado a órgano obsoleto" (ver DM del 5-III-2010). Después, en respuesta al senador del PP Jesús Aguirre sobre los planes del Gobierno para las mutualidades públicas, el Ejecutivo dijo que valoraba este modelo y descartaba su inclusión en el SNS (ver DM del 14-VI-2010).

Nieto, de la OMC: "Provocaría un aumento del paro en el sector sanitario, en un ámbito en el que trabajan unas 350.000 personas"

Sin nuevas altas y unos asegurados cada vez más envejecidos las aseguradoras acabarán abandonando el concierto con Muface, como ya hicieron Caser, Mapfre y Nueva Equitativa. Moreno es tajante: "Se trata de una medida estúpida que podría colapsar la Seguridad Social, al tener que asumir a dos millones y medio de asegurados [procedentes de las mutualidades]". Según los cálculos del sindicato, ese trasvase incrementaría los gastos actuales en 1.500 millones de euros más al año. "Si la medida pretende ahorrar, hará precisamente lo contrario; únicamente se me ocurre una explicación ideológica fruto de una concepción trasnochada", afirma Moreno, a lo que Nieto añade que es "una medida antieconómica, antiasistencial y antidemocrática, puesto que el 87 por ciento de los funcionarios eligen este tipo de asistencia". Sin olvidar que "aumentaría del paro en el sector sanitario, en un ámbito en el que trabajan unas 350.000 personas".

Moreno advierte de que la medida va más allá de la asistencia sanitaria: "Es una modificación de la estructura del Estado, que afecta al régimen de cotizaciones y de pensiones". Por ello, CSIF ha pedido la dimisión de Zapatero y la convocatoria de elecciones anticipadas. Es lo que critican como un nuevo varapalo a los funcionarios, que se suma al recorte salarial. CCOO y UGT han expresado que "al arremeter contra los funcionarios, el Gobierno persiste en su política errática y descoordinada.

No contento con los recortes salariales, ahora quiere acabar con un sistema de protección social más adaptado a las características de los funcionarios públicos que el régimen general de la Seguridad Social", y han convocado concentraciones de protesta el próximo día 15. También han denunciado que "la no incorporación de los nuevos funcionarios a Muface supone una merma de la calidad de la asistencia sanitaria; es previsible que la disminución del número de beneficiarios alimente el abandono de más compañías, haciendo inviable el modelo".
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