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¿Caos en la regulación de farmacia?

El autor reflexiona sobre las consecuencias que puede tener el Catálogo Priorizado de Productos Farmacéuticos de la comunidad autónoma de Galicia en el ámbito empresarial, vaticinando incertidumbre, ruptura de marco regulador, incremento de los costes, inseguridad jurídica...


Javier Urzay, Director de Coordinación, Estudios y Servicio al Asociado de Farmaindustria - Lunes, 17 de Enero de 2011 - Actualizado a las 00:00h.


El último día de 2010 se publicó en el Diario Oficial de Galicia una resolución del Consejo de la Xunta por la que se aprobaba el denominado Catálogo Priorizado de Productos Farmacéuticos de la comunidad autónoma de Galicia, al que nos referiremos en adelante como el catálogo.

Este catálogo implica la exclusión de la financiación pública en el ámbito gallego de medicamentos que cumplen todos los requisitos legales para recibir financiación pública y que están financiados en el resto de las comunidades autónomas. Esta situación supone una clara invasión de competencias estatales por parte de una autonomía y constituye una vulneración de la legalidad vigente. No obstante, no es el jurídico el plano que pretende tratar este artículo, sino el empresarial. Desde esta perspectiva, la aprobación del catálogo gallego constituye un punto de ruptura de la confianza empresarial en dos cuestiones tan importantes como la unidad del mercado nacional, esto es, la garantía de continuidad en la producción y comercialización de bienes y servicios en todo el ámbito estatal, y la seguridad jurídica que se debe garantizar a compañías que desarrollan una actividad y que cumplen escrupulosamente la legislación aplicable.

* La exclusión de la financiación pública del catálogo gallego no es un ejemplo de "fair play" de la Administración. En un Estado de derecho no se puede castigar a las compañías por cumplir la legislación

La exclusión de la financiación pública que impone el catálogo gallego no es precisamente un ejemplo de fair play por parte de la Administración. En un Estado de derecho no se puede castigar a las compañías por cumplir la legislación vigente. El catálogo gallego da pie a esa inseguridad jurídica, al mismo tiempo que genera una incertidumbre máxima a los empresarios hacia el futuro, ya que la posibilidad de exclusión de un producto se reabre cada dos meses. De este modo, antes de planificar cualquier inversión o gasto, muchos empresarios se harán preguntas como: "¿Estará mi producto excluido de la oferta pública en Galicia dentro de dos meses?", o "si deja de estarlo, ¿puedo mantener mi oferta en el resto de España si pierdo todas mis ventas en Galicia, que representan aproximadamente el 8 por ciento del total nacional?".

La medida aprobada en la comunidad autónoma gallega tiene entidad suficiente para expulsar del mercado a medicamentos de compañías que cumplen con lo establecido en la legislación, que son eficientes, que contribuyen a garantizar el abastecimiento del mercado (gallego y español), y que ayudan a conformar un mercado altamente competitivo de productos incluidos en el Sistema de Precios de Referencia, que, no lo olvidemos, conforma un marco regulador único para toda España y es un éxito en términos de ahorro, tal como evidencia la evolución del gasto medio por receta en los últimos años. A su vez, en su actual configuración, sigue generando ahorros muy importantes para las autoridades sanitarias autonómicas.

Sin embargo, el catálogo gallego consigue vaciar de contenido el Sistema de Precios de Referencia en esa comunidad autónoma, lo que supone una ruptura de la unidad del mercado nacional, con el consiguiente incremento de la base de costes de las compañías que suministran medicamentos a toda España.

De esta forma, y desde una perspectiva dinámica, los efectos del catálogo no se ciñen únicamente a Galicia, sino que sus efectos se trasladan al resto del Estado y pueden tener entidad suficiente como para generar graves problemas, tanto para el suministro de productos como para la estructura del tejido de la industria farmacéutica de toda España.

* Nos encontramos en un momento para exigir a las administraciones que asuman su responsabilidad y contribuyan a superar la situación aportando certidumbre a la actuación de las empresas

En resumen, todas las implicaciones del catálogo (la incertidumbre empresarial, la ruptura del marco regulador, el incremento de los costes empresariales, la inseguridad jurídica, etc.) tendrán un impacto muy negativo sobre los puestos de trabajo, la producción y las inversiones en el conjunto de España y también en Galicia. Este impacto negativo resultará especialmente grave para las compañías dedicadas a la investigación, que han desarrollado esos productos con marca propia y que ahora tiene que ver cómo una actuación pública destruye de golpe toda la inversión que han realizado en esos activos.

Reconsideración y respeto

Por todo lo anterior, desde Farmaindustria pedimos una vez más que se reconsidere la introducción del catálogo y que se respeten las normas que rigen la actuación de las empresas en el mercado farmacéutico español. Estamos viviendo, sin ninguna duda, una situación crítica en nuestro país, un momento en el que las expectativas empresariales no son positivas y en el que la incertidumbre es máxima. Nos encontramos en un momento para exigir a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad y contribuyan a superar la situación aportando certidumbre y predictibilidad a la actuación de las empresas.
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