miércoles, 19 de enero de 2011

Informe de Cumplimiento de la LOPD en Hospitales :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad ::

La Sanidad privada aventaja a la pública en el cumplimiento de la LOPD pese a tener más dificultades, según los expertos

Silvia C.Carpallo

Según el “Informe de Cumplimiento de la LOPD en Hospitales”, existen datos como la realización de auditorias bienales en un 44 por ciento de los centros públicos, frente al 88 por ciento de los privados. Pese a ello representantes del sector privado se quejan de lo complejo de esta ley, de las dificultades para su cumplimiento y del desconocimiento del sector por parte de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos



Madrid (19-1-11)-. Datos privados de los pacientes filtrados a redes P2P, historias clínicas encontradas en contenedores de basura, y pérdida de información especialmente sensible, como es la sanitaria, llevaron a la Agencia Española de Protección de Datos a realizar el “Informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos”, que se realizó con una muestra de 600 hospitales tanto públicos como privados. Este desvela que el sector privado obtiene notablemente mejores resultados, -incluso a veces el doble de puntuación según algunos porcentajes- como es el caso de la realización de auditorias bienales, que realizan el 44 por ciento de los centros públicos, frente al 88 por ciento de los privados. Así, en variedad de datos sobre cláusulas informativas o registros de accesos, en los que la privada se acercaba más al sobresaliente, y la pública descendía hasta el aprobado.

Según Jesús Rubí Navarrete, adjunto a dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, los principales problemas radican en que aunque exista la elaboración de un documento de seguridad, posteriormente no se llevan a cabo los mecanismos indicados en el mismo. Igualmente, extraía como conclusión del informe que “existe una fuerte externalización de los servicios a terceras entidades que pueden acceder a esa información, para lo que se necesitan unas garantías”. Esto implica la necesidad de formación de este personal, incluso como pudiera ser el personal de limpieza, a la hora de una correcta destrucción de los documentos. Por otra parte, el representante de la Agencia, añadía que “está habiendo un incremento constante al derecho de acceso a la propia historia clínica”, e incluso, se están produciendo situaciones complejas por las denegaciones a los pacientes a la hora de facilitar historias de personas fallecidas.

Finalmente informaba de que los centros en los que se habían hallado irregularidades habían sido requeridos para que adoptasen las medidas correctoras pertinentes en un plazo de 6 meses, e informaba, de que, aunque depende mucho de cada caso concreto, las sanciones por infracciones graves se encontraban entre 60.001 y 300.000 euros, mientras que las infracciones muy graves ascendían entre los 300.001 y 600.000 euros de sanción económica.

Las dificultades del sector privado

Si este era el punto de vista de la Administración, representantes del sector privado respondían, dando su propia visión dentro del marco de la “Jornada sobre el cumplimiento de la LOPD en Sanidad” organizada por la Cátedra Áliad de “Salud y Excelencia” en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Mercè Soteras, adjunta a dirección general y directora de calidad de la Red Asistencial Juaneda, exponía la realidad diaria de sus centros. Esta pasaba por el hecho de que “todavía se convive con el formato papel”, lo que genera grandes y complejos volúmenes de información, y por situaciones donde se hace patente que “hay un gran desconocimiento de aspectos básicos de la ley, también entre los pacientes”, lo que provoca situaciones tensas a la hora de rellenar la documentación. De esta manera, proponía a otros centros, que fuera la propia dirección general la que estuviera al frente del cumplimiento, pero con la asistencia de consultores cualificados. Asimismo, recalcó la imperiosa necesidad de formar a todo el personal, cada especialidad de manera específica, puesto que todos pueden comprometer al centro ante un error. Pese a todo ello admitía, “cada día tenemos dificultades tremendas para cumplir con todo esto, esta normativa es muy compleja, y vamos a seguir angustiados”.

Coincidía en muchas de sus opiniones, Daniel Craven-Bartle, director jurídico de Proyectos de Áliad, que recalcaba las características especiales del sector de Sanidad privada, que suponían una especial complejidad a la hora de cumplir con la ley. Así, uno de los temas claves resultaba el de los médicos autónomos, que atienden a pacientes en diversos centros, y por lo tanto, no pueden formarse en todos ellos. Igualmente estos médicos tienen acceso a las historias clínicas de los pacientes y generan también su propia información, por lo que era importante que se hicieran igualmente encargados del tratamiento, para compartir la responsabilidad con los centros. Otro problema era el intercambio de flujos de información y el difícil control de la misma, ya sea por el trabajo conjunto entre distintas entidades, la cesión de información a las aseguradoras, o el intercambio de historial clínico entre el sector privado y público en el transcurso de los conciertos por las listas de espera. Todo ello, según Craven- Bartle, no era siempre tenido en cuenta a la hora de valorar y de exigir el cumplimiento de la ley, por lo que la reflexión final del abogado era que “el principal problema es el desconocimiento del sector privado”.
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