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Los expertos advierten que el uso inadecuado de las tecnologías sanitarias empeora el tratamiento de los pacientes exponiéndoles a riesgos innecesarios

Mónica de Haro

Es la conclusión principal a la que se ha llegado tras el debate científico sobre Innovaciones Sanitarias puesto en marcha por la Fundación Kovacs y la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), que se ha plasmado en el documento ‘Recomendaciones para mejorar la adopción de las innovaciones sanitarias y su utilización en la Sanidad Española'


Madrid (20-1-11).- El uso inadecuado de las tecnologías sanitarias empeora el tratamiento de los pacientes exponiéndoles a riesgos innecesarios. Es la conclusión principal a la que se ha llegado tras el debate científico sobre Innovaciones Sanitarias puesto en marcha por la Fundación Kovacs y la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), que se ha plasmado en el documento ‘Recomendaciones para mejorar la adopción de las innovaciones sanitarias y su utilización en la Sanidad Española’.

Dichas recomendaciones nacen de un proceso conducido por expertos independientes que culminó en una jornada de debate científico celebrada el pasado 25 de noviembre sobre “La adopción de las innovaciones sanitarias: análisis crítico y recomendaciones”.

Una iniciativa que nació para poner freno a la adopción injustificada y el uso inapropiado de ciertas tecnologías sanitarias que empeoran los resultados del tratamiento, exponiendo a los pacientes a riesgos injustificados, y generando un derroche de recursos sanitarios que, por su magnitud, amenaza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Diversos estudios científicos lo cifran en aproximadamente el 30 por ciento del gasto sanitario y un reciente informe de la OMS lo eleva hasta el 40 por ciento.

“Nuestro objetivo no es hacer una denuncia pública sino definir referencias para actuar desde un punto de vista científico tecnológico”, explica el Dr. Francisco M.Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs.

El nuevo documento pretende ser un cauce para que las quejas se traduzcan en hechos concretos “que además nos servirán para ver el grado de eficacia de distintas instituciones”, añade. “Basta de quejarse o decir que todo va bien, tenemos que actuar para defender los intereses de los médicos y facilitar la labor de los médicos”.

En él se define una sistemática que asegura que sólo se apliquen asistencialmente las tecnologías sanitarias que son comprobadamente efectivas y seguras, y sólo se costean con recursos públicos aquellas que son eficientes. Además, se establecen mecanismos para suprimir selectivamente el uso de lo inútil o injustificadamente peligroso, y para definir las situaciones que realmente justifican la puesta en marcha en la atención sanitaria de pruebas diagnósticas.

Más allá del derroche de los recursos sanitarios, que amenaza la sostenibilidad del sistema, los profesionales alertan sobre el elevado número de muertes evitables por falsos positivos o negativos al tiempo. El Dr.Kovacs reclama “mecanismos técnicos absolutamente sólidos y clínicamente relevantes” y alerta sobre la falta de control para “saber si lo que se vende es eficaz o no”.

Por otro lado, hace una autocrítica y lanzan mensajes no menos importantes como que “la formación que reciben los médicos en la carrera es mejorable”.

Rigor y transparencia
Son los dos factores que los expertos consideran imprescindibles para poner freno a esta situación y la solución pasa por aunar los intereses de todos los implicados: instituciones, médicos y pacientes.

Para lograrlo se recomiendan un total de 21 medidas concretas que abarcan todo el proceso de adopción y aplicación de las tecnologías sanitarias desde la I+D+i hasta la evaluación de resultados. Las de carácter técnico definen la sistemática que debería seguir cualquier tecnología para asegurar que su aplicación realmente beneficia a los pacientes.

Las recomendaciones institucionales se dirigen a las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, agencia española del medicamento, Organización Médica Colegial, universidades, autoridades sanitarias, servicios de salud, parlamentos nacional y autonómicos, y partidos políticos en ellos representados. En general, detallan mecanismos concretos para aumentar el rigor y la transparencia de la labor de las diversas instituciones, poder evaluarlo públicamente, y asegurar su independencia de criterio.

Entre la medidas destacan: constituir un registro público sobre las relaciones económicas entre la industria sanitaria y los profesionales y entidades sanitarias, y asegurar que se evalúan con rigor las ventajas y riesgos de todas las tecnologías antes de aplicarlas asistencialmente; que se analicen los resultados que obtienen en la práctica; y que en todas las fases del proceso participen tres expertos independientes y sin conflictos de interés.
Además, se plantea la posibilidad de crear otro registro de denuncias de posibles malas prácticas de la industria (como manipulación de estudios científicos o uso de incentivos económicos directos o indirectos para influir en la práctica clínica de los médicos).

Se insiste en la petición de mayor rigor y transparencia a las entidades implicadas en la aprobación y monitorización de las tecnologías sanitarias, como agencias de evaluación de tecnologías sanitarias o servicios de salud, a los que se requiere hagan públicos a través de páginas web sus informes, decisiones y el fundamento en el que las basan, exponiéndolo a la evaluación de la comunidad científica internacional.

Finalmente, se exige a los servicios de salud de que dejen de financiar las tecnologías comprobadamente ineficaces o injustificadamente peligrosas y vinculen la cobertura de las comprobadamente efectivas a su aplicación en los casos en los que están indicadas.

Todas las recomendaciones se exponen públicamente en la página web www.adopcioninnovacionessanitarias.org que permite comentarios, modificaciones y recomendaciones adicionales, así como votar las demás aportaciones, siempre y cuando los participantes se identifiquen y declaren públicamente sus eventuales conflictos de intereses.

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