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Los representantes de España en la UE admiten que habrá dificultades en la aplicación de la Directiva de atención sanitaria transfronteriza en el SNS

Iñaki Alonso

Consideran que la propuesta aprobada por los 27 sirvió para que España “salvara los muebles”, aunque sólo supone “una solución transitoria”


Granada (5/7-2-11).- La Directiva de atención sanitaria transfronteriza, aprobada por los ministros de Sanidad europeos y que permite el derecho de los pacientes a solicitar asistencia dentro de un Estado que no sea el de afiliación, tendrá un difícil camino de cara a su aplicación. Así lo han dejado entrever los miembros de la Representación Permanente de España ante la UE, que han debatido sobre la importancia de las políticas comunitarias en materia de salud en el quinto Foro OSE sobre políticas de salud en la UE, que ha acogido la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en Granada.

“La Directiva es clave pero va a ser muy complicada de aplicar porque esto no es Reino Unido ni Francia, ya que hay un Estado y 17 comunidades autónomas con las que hay que negociar y desarrollarla”, ha señalado Francisco Sevilla, consejero de Sanidad en la Representación Permanente de España en la UE. En esa línea, asegura que España “salvo los muebles” con la propuesta que finalmente se ha aprobado, pero también aclaró que es sólo “una solución transitoria” y que va a haber “criterios de reembolso que van a perjudicar a España” con una directiva que se empezará a aplicar una vez se publique en el Boletín Oficial de la Unión Europea. “El equilibrio conseguido es inestable”, ha sentenciado.

En su alocución, el representante comunitario señala que, a diferencia de las acciones en Educación, la jurisprudencia europea dice que los servicios sanitarios no son de interés general, como bien prueban varias sentencias que se han dado sobre los sistemas de reembolso entre países por el llamado turismo sanitario. Y es que, a su entender, han optado por entender la sanidad como un bien de consumo.

En esta línea, el consejero coordinador de Trabajo y Asuntos Sociales de la Representación Permanente de España ante la UE, Carlos García de Cortazar, hizo pública una encuesta en la que deja claro que los europeos no dan prioridad a las iniciativas de carácter social y sanitario. Así, ha indicado que en esta encuesta, que establece los campos que deben constituir el derecho comunitario, la máxima puntuación va a la cooperación internacional, mientras que el último en la lista son las medidas sociales y del campo de la salud. La razón, según García de Cortázar, está en factores como el PIB invertido en protección social, en el que España se sitúa a la cola, por debajo de países como Portugal o Italia. “Hay una cierta moratoria con el gasto social”, ha explicado el representante comunitario.

No obstante, los ponentes han defendido los pasos dados por la UE en materia de salud, donde no había nada hasta 1985 cuando se aprobó una estrategia comunitaria contra el cáncer y que ha ido avanzando en materia de vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades, así como otras materias que afectan a la salud pública y la investigación.

También intervino Jaime Espín, profesor de la EASP, que señaló los retos futuros de la UE en política farmacéutica, entre las que citó una mayor coordinación de las políticas europeas, para lo cual “los ministros se tienen que sentar y revisar el precio libre de los medicamentos”. Además, propuso una implementación de las políticas farmacéuticas basadas en la evidencia, una mayor inversión en I+D y en enfermedades raras y ‘olvidadas’.
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