jueves, 17 de marzo de 2011

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad ::

El Congreso da luz verde a la Ley de la Ciencia, la tecnología y la Innovación, sin el apoyo 'sorpresa' de IU-ICV

E.P.

Tras casi dos años de su proceso de redacción, el texto legal se remite al Senado y podría entrar en vigor esta primavera, suprimiendo a la norma vigente desde 1986


Madrid (18-3-11).- La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha sido aprobada este miércoles en la Comisión parlamentaria del ramo, tras casi dos años en proceso de redacción, consultas y tramitación, con el apoyo de PSOE, PP, ERC, CiU, PNV y Grupo Mixto, y sin el apoyo de IU-ICV, que ha decidido descolgarse a última hora en el respaldo a la ley.


Concretamente, el proyecto de ley ha salido adelante en el seno de la propia Comisión de Ciencia e Innovación, que cuenta con competencia legislativa plena, y que la envía directamente al Senado, sin pasar por el pleno de la Cámara Baja. Su entrada en vigor se prevé para primavera, presumiblemente entre abril y mayo.

Esta normativa sustituye a la vigente desde 1986, que precisaba en opinión de los expertos, de un reconocimiento a la nueva realidad administrativa española por comunidades autónomas, que dicha ley no contemplaba y, entre otros avances, reconoce a la innovación dentro del sistema español de Gobernanza de la Ciencia, que a partir de la aprobación de la norma pasará a llamarse: 'Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación'.



Reacciones

Desde Izquierda Unida y también en nombre de ICV, Gaspar Llamazares ha señalado que "no se responsabiliza de esta ley" porque se han roto los preacuerdos alcanzados en la tramitación parlamentaria entre los grupos políticos, así como las conversaciones con los sindicatos.

Llamazares ha indicado que, una vez asumidas las enmiendas, el texto final es "negativo" para el personal científico. A su juicio, las "amenazas del texto" se han convertido en una "realidad negativa", donde no se resuelve la precariedad del sector, se mantiene la dualidad de las dos agencias de investigación o no se dispone de una memoria económica.

Para el diputado del PP Gabriel Elorriaga, con las enmiendas incorporadas al texto se "han dado pasos adelante", si bien se mantienen aspectos sin resolver. "No se aborda un problema importante, los incentivos fiscales para dar verdadero apoyo y potenciar el mecenazgo", ha agregado.

En nombre del Grupo Mixto, el diputado del BNG, Francisco Jorquera, ha destacado dos de sus preocupaciones en el trámite de este proyecto: la posible invasión de competencias autonómicas; así como que el sistema público se oriente sólo al sector productivo.

El portavoz de ERC en la Comisión, Francesc Canet, ha señalado que se han recogido "gran parte de sus preocupaciones" su formación política tenía "especial interés" en que en esta normativa se reconocieran los sistemas de I+D+i en las comunidades autónomas, el conocido como "sistema de sistemas". Igualmente, ha indicado que en la tramitación de enmiendas se han recogido "gran parte de sus preocupaciones".

Desde el PNV, José Ramón Beloki, ha expuesto que la prolongación en el tiempo de esta ley en el Congreso tenía un "cierto riesgo de estancamiento", que no ayuda a los objetivos para los que se quiere esta normativa, y que a su vez podía inducir a más desconfianza en el mundo de la investigación. "Hace falta la ley pero sería un error garrafal que sólo esta normativa es suficiente", ha añadido.

La portavoz de CiU en Ciencia, Inmaculada Riera, ha indicado que la nueva ley registra "cambios significativos" que permiten la mejora del marco económico para un mayor crecimiento y competitividad. Para Riera, el texto "no sólo da solidez a la investigación, sino que la traduce en competitividad", por lo que es un "avance".



Agencia de financiación

La Ciencia española contará con una agencia de financiación antes de que finalice esta legislatura, según consensuaron en una enmienda transaccional PSOE, PP y CiU, durante la votación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el Congreso.

Para ello, la Ley de la Ciencia crea dos agencias de financiación para el nuevo 'Sistema de I+D+i' español: la 'Agencia Estatal de Investigación', para la financiación de la I+D en España, y por otro lado se reconoce al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial o 'CDTI', adjunto actualmente al Ministerio de Ciencia e Innovación, como agencia para la financiación de la Innovación.

En concreto, la 'Agencia Estatal de Investigación' ha supuesto uno de los principales puntos de desacuerdo entre los grupos parlamentarios que, finalmente, han preferido consensuar que esta agencia quede creada antes de que termine la legislatura socialista.

En declaraciones a los medios al término de la Comisión de Ciencia del Congreso, la diputada del PSOE y encargada de defender la normativa en el trámite parlamentario, Juana Serna, ha explicado que esta agencia es "fundamental" para dar mayor eficiencia al uso de los recursos económicos y materiales del Sistema de Ciencia español.

En cuanto a la carrera de los investigadores, se eliminan las escalas científicas propias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que pasan a ser de los Organismos Públicos de Investigación (OPI'S), y se suprimen las becas en el 'sistema 2+2' en contratos de cuatro años.

De esta manera, las modalidades de contrato específicas que se establecen en el nuevo Sistema son: un contrato predoctoral, con el que se suprimen los 'becarios-precarios' del sistema público y concertado de la I+D+i, que será prorrogable por periodos anuales; un segundo contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de ciencia; además de un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones.

En relación a los contratos Ramón y Cajal, que actualmente tienen una duración de cinco años y con los que los investigadores se 'quedaban en la calle' una vez fuesen finalizados, se ha consensuado un mejor acceso al sistema de ciencia español para ellos, a través de las dobles evaluaciones que ya realizaban en sus programas y subprogramas.

Además, se potencia la movilidad y el intercambio de investigadores entre distintos agentes de ejecución públicos y privados, en el ámbito español, de la UE y de los acuerdos de cooperación recíproca internacional y de los acuerdos de colaboración público-privada, es decir, se crean unas 'pasarelas' para que los investigadores tengan más facilidades de trabajar en otros centros.



Contratos temporales

En relación al contrato por horas y servicios que, además de en la normativa se refleja en el Estatuto de los Trabajadores, Serna ha explicado que "siempre ha estado en el sistema de universidad español". Concretamente, la ley deroga que los investigadores puedan renovar sus contratos por obra hasta en tres años.

En este sentido, ha apuntado que si no se hubieran realizado los cambios en la ley "centenares de científicos se irían a la calle" en cuanto ésta se pusiera en marcha, porque tienen contratos temporales. "Nunca he entendido por qué Llamazares y sindicatos no han defendido esto", ha declarado, tras este punto en desacuerdo que también ha mostrado el diputado de IU.

Asimismo, se acepta a la Innovación dentro del Sistema de Ciencia y Tecnología español, y pasa a denominarse 'Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación'. Además, se tiene en cuenta el conocido como 'sistema de sistemas' que articula lo público y lo privado y que integra el reconocimiento a las competencias de determinadas comunidades autónomas.

De hecho, se recoge de forma "explícita" la transferencia de la competencia en materia de Innovación al País Vasco, así como la competencia adquirida a Cataluña.

Es más, en la nueva normativa se establecen dos estrategias para la gestión del sistema: 'La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología' y la conocida como 'E2I' o 'Estrategia Estatal de Innovación', que pasará a denominarse 'Estrategia Española de Investigación'.

Para relacionar ambas estrategias habrá un nuevo 'Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación', que estará constituido por la cartera de Ciencia y las comunidades autónomas. Hasta ahora, no existía en el Ministerio un órgano de diálogo con las comunidades autónomas, a diferencia de otros departamentos ministeriales.



Reconocimiento a otros centros estatales

En la normativa, además, se contempla el interés general de la actividad desarrollada por organismos de investigación privados como los Centros Tecnológicos de ámbito estatal, así como el papel de agentes más vinculados a favorecer la transferencia tecnológica y la cooperación entre los diferentes agentes del sistema como, por ejemplo, parques científicos y tecnológicos, plataformas tecnológicas y las agrupaciones de empresas innovadoras.

En el mes de octubre, esta normativa superó su primer trámite parlamentario en el pleno del Congreso, con el rechazo a la enmienda a la totalidad de UPyD. Ahora ha superado una segunda etapa con la aprobación en el Congreso, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo IU-ICV.

Será ahora en el Senado donde se aporten las últimas 'coletillas' a la normativa en la negociación de enmiendas para que, posteriormente, sean ratificadas en la Cámara baja y la futura Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación entre en vigor esta primavera.

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