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Los ginecólogos constatan las “deficiencias” de la Ley del Aborto un año después de su aplicación

Iñaki Alonso

La falta de soportes socio-sanitarios, el escaso margen de maniobra de los comités éticos y la ausencia de evaluaciones objetivas de las políticas sexuales son algunas de las carencias denunciadas en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia



Sevilla (18-5-11).- La Ley del Aborto salió a la luz el pasado 14 de marzo, tras un fuerte debate social donde el Gobierno fue objeto de muchas controversias. Un año después y con un análisis calmado, los ginecólogos constatan que existen “deficiencias y puntos débiles” en la aplicación de la norma, como así ha constatado en la jornada inaugural del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) que se celebra estos días en Sevilla el director del Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Quirón de Barcelona, Luis Cabero.

El doctor Cabero ha comprobado que hay una aplicación desigual de la Ley del Aborto entre las diferentes comunidades y puso como caso más flagrante el de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que carecen de un centro acreditado para la interrupción del embarazo. Pero, más allá de estas diferencias, ha centrado sus críticas en la falta de concreción en artículos de la Ley que deberían ser más claros. En ese sentido, citó el trabajo abordado por la Comisión de Bioética de la SEGO, que reclama que se detalle qué situación es susceptible de considerarse “una anomalía fetal incompatible con la vida” o “enfermedad extremadamente grave o inviable”, que son dos de los supuestos por los que se podría interrumpir el embarazo.

En esa defensa también quieren que se amplíe el papel que debe abordar el Comité Clínico, que en la Ley sólo figura para “confirmar el diagnóstico”. En ese sentido, Cabero reivindicó que este comité debe funcionar con más atribuciones, de manera que “debe dar su opinión en cada caso” y no sólo a los profesionales sanitarios, sino a la mujer embarazada para que ésta pueda adoptar una decisión.

Además de esta reivindicación ha incidido en que el soporte socio-sanitario para la aplicación de la Ley “es deficiente”, algo que se amplía a “muy deficiente” cuando se habla de los soportes asistenciales que la Administración dispone para la educación sexual. Además, ha reclamado una adecuada política de acreditaciones de los centros, algo que no se está dando del todo bien, y “una evaluación objetiva de los resultados de las políticas sexuales”. En ese sentido, ha puesto como ejemplo que por primera vez desde 1999 han descendido los casos de aborto en España –cayó un 4 por ciento–, aunque eso, a su juicio, “no es una buena noticia, sino que es la constatación de que otras políticas anteriores, como la píldora antiabortiva, no ha tenido ninguna incidencia”.

También participó en esta primera jornada el doctor Joan Antoni Mulá Rosías, quien ha asesorado a los asistentes sobre cómo prevenir o hacer frente a las reclamaciones por responsabilidad profesional en Obstetricia. En ese sentido, ha recomendado que se informe a los pacientes en todo momento y que esto quede reflejado en su historia clínica. También ha insistido en la necesidad de seguir los protocolos, contar con una buena formación y disponer de una buena cobertura de responsabilidad social. “No podemos desconocer las reglas del juego”, ha señalado Mulá Rosías.

El XXXI Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia reunirá hasta el día 20 de mayo a más de 2.000 ginecólogos y abordará todos los temas de la especialidad, entre los que destacan la Cirugía robótica, la Oncología ginecológica y la necesidad de concienciar a las mujeres para que fortalezcan el suelo pélvico, según han precisado el presidente de SEGO, José Manuel Bajo Arenas, y el presidente del Comité Organizador y jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, Rogelio Garrido.


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