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Evaluación 'made in Spain'
23 MAY 2011 12:37

Este es un curioso país, la verdad. Tenemos muchas cosas magníficas, algunas no tanto y algunas que, si te paras a pensarlo, no acabas de entender porqué no son como deberían...

Estamos intentando racionalizar (buen término) más que racionar (mal término) el uso de determinados tratamientos, tanto farmacológicos como de productos sanitarios. En general, un nuevo tratamiento puede y debe aportar una serie de ventajas que hagan aconsejable su autorización (debe ser seguro y eficaz) y posteriormente (decisión muy trascendente en un sistema sanitario público como el nuestro) su financiación con cargo al sistema nacional de salud. Es decir, si se va a poder adquirir con receta de la Seguridad Social y por ello abonar sólo una pequeña parte (o nada) del precio.


Los medicamentos también los han de comprar (y pagar) los hospitales, para tratar a los enfermos ingresados o atendidos en algunos dispositivos como los hospitales de día. El presupuesto de farmacia es una parte muy importante del presupuesto del hospital, tanto la denominada ambulatoria como la hospitalaria.

¿Cómo se evalúa un medicamento para tomar estas decisiones?

Los aspectos de seguridad y eficacia estan claros y muy bien establecidos. La mayoría de las veces, el laboratorio que lo ha desarrollado lo presenta de forma centralizada para su aprobación ante la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Si cumplen todos los requisitos, se autoriza su uso para unas indicaciones y condiciones concretas.

En algunos países, como Reino Unido, existe un organismo independiente (o bastante independiente), denominado NICE (simpático nombre para una labor no especialmente simpática), siglas que identifican al National Institute for Health and Clinical Excelence. El NICE proporciona guías, fija estándares de calidad y, especialmente, hace recomendaciones sobre tratamientos nuevos (o ya existentes).

El NICE, teniendo en cuenta los datos de seguridad y eficacia o efectividad de un tratamiento, incluye habitualmente uno o varios análisis económicos sobre el coste y el beneficio potencial (medido de formas distintas) que el nuevo tratamiento o nueva indicación aportan al sistema de salud. Si la relación coste/beneficio no se sitúa dentro de determinados márgenes, el NICE puede perfectamente no recomendar el uso del fármaco, lo que sitúa en una posisicón dificil al sistema de salud británico: no será financiado con cargo al sistema público de salud, es decir, dificilmente se empleará.

Hay tratamientos cuya relación coste/beneficio es excelente y otros en los que el precio de mejorar algo (generalmente poco) la cantidad y calidad de vida de los pacientes es enorme. Con algunos de los nuevos tratamientos antitumorales, aumentar dos meses una supervivencia media de 24 meses puede costar al sistema más de 30.000 euros por mes de tratamiento.

Las decisiones no deben ser individuales exclusivamente. No podemos dejar al criterio de cada médico decidir si, con cargo al sistema sanitario, se emplean tratamientos de eficacia 'relativa' pero que tienen un coste adicional muy elevado.

Sin embargo, este tipo de análisis de coste-eficacia no se emplean sistemáticamente en la toma de decisiones del Ministerio de Salud y Política Social español. No tenemos un 'Spanish-NICE', y creo que nos hace mucha falta.

Pero sólo nos hace mucha falta si funciona bien, si es riguroso y transparente en la toma de decisiones, si tiene una elevada capacidad de rendir cuentas de cómo y porqué las toma, si está libre de conflictos de intereses y si tiene una dosis extra de independencia y coherencia.

En este país existen agencias de evaluación (llamémoslas 'mini-NICE') en algunas Comunidades Autónomas, que realizan ocasionalmente este tipo de análisis pero que, necesariamente, se limitan a emitir recomendaciones de ámbito local y de efecto más que dudoso en el sistema nacional de salud considerado globalmente.

Si el sistema sanitario español es único e igual para todos los ciudadanos en sus grandes postulados, si tenemos una Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, no podemos permitirnos el coste que supone no tener un NICE y que éste no sea único para todo el país. Existen fórmulas para que las agencias de evaluación autonómicas puedan contribuir a realizar este trabajo, pero las decisiones que adopten deben ser únicas y válidas para todo el sistema sanitario.

Los argumentos de coste/efectividad y coste/beneficio son muy relevantes en la toma de decisiones. Hay que emplearlos con rigor y pronto.
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