martes, 17 de mayo de 2011

“Libertad de conciencia y medicamento” :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad ::

La industria farmacéutica considera que existen 17 políticas farmacéuticas y 17 políticas de prescripción diferentes

Ana Montero

La urgencia de un catálogo farmacéutico único en toda España; el potencial de la Farmacogenómica; la fuerte intervención de los poderes públicos en el sector del medicamento; la creación de comisiones regionales de Farmacia o la prescripción enfermera han sido algunas de las cuestiones planteadas por los expertos



Madrid (12-5-11).- Enmarcada dentro de la jornada de presentación del libro “Libertad de conciencia y medicamento”, celebrada en el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, una de las mesas de trabajo ha versado sobre la libertad de prescripción y el sistema de autorregulación de Farmaindustria y en ella han participado Javier Sánchez-Caro, del área de Bioética y Derecho Sanitario de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; el Dr. Fernando Gómez Peralta, del servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Asistencial de Ávila; David Larios Risco, responsable de Bioética y Derecho Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM); José Francisco Zamarriego, de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria y José María Antequera, de la Escuela Nacional de Sanidad.

En la primera intervención, el Dr. Gómez Peralta ha tratado el tema del ejercicio de la Medicina y las limitaciones a la prescripción farmacológica, asegurando que la pérdida de la libertad de prescripción médica es un hecho “enormemente preocupante” y que constituye una “amenaza” para el desarrollo correcto de la Medicina.

También ha abordado los condicionantes de la prescripción farmacéutica concretados en factores técnicos, donde se busca el mejor aval científico disponible; factores éticos y morales; factores sociales, económicos y laborales, donde se busca la mejor solución para tratar la enfermedad al menor coste y los factores individuales, manifestados en la decisión del propio paciente.

Partiendo de estos condicionantes, ha lanzado varias preguntas como la de si la comercialización es la única prueba de validez de un medicamento o la de que nada de lo que promueve la industria farmacéutica es válido, a lo que ha sentenciado que “de ninguna manera”.

Por otra parte, ha hablado de la Bioestadística como herramienta “indispensable” para analizar los datos científicos, además de la no admisión de los contratos laborales que impongan restricciones a la prescripción, ni por la coacción ni por incentivos para estimular el ahorro, entre otros.

Asimismo, el Dr. Gómez Peralta ha abordado la influencia de la industria farmacéutica sobre el médico prescriptor, asegurando que han existido prácticas inmorales, “minoritarias en el pasado y actualmente inexistentes gracias a la autovigilancia ejercida por Farmaindustria”, que han hecho un daño al colectivo “injustamente generalizado”.

También ha defendido que el sistema sanitario, público y privado, ha delegado, casi por completo, la formación postgrado y la actualización de los médicos a la industria farmacéutica, al menos la financiación y, en gran parte, la gestión de la misma. Ha tachado de “hipócrita” acusar a los profesionales médicos y a la industria de tener una relación “viciada”, a través de la financiación de cursos y congresos para condicionar la prescripción, asegurando, en este sentido, que “la industria farmacéutica gasta cuatro veces más en la promoción de sus productos que el mantenimiento de todas las facultades de Medicina”.

Al hilo, el Dr. Gómez Peralta ha reclamado que los nuevos fármacos sean conocidos por los médicos, pero que la información científica sea independiente, aseverando, por otro lado, que los incentivos a la productividad no pueden estar ligados a la prescripción.

Además, ha considerado “urgente, y, en breve, económicamente inaplazable, desarrollar un catálogo farmacéutico único en toda España”, a lo que ha añadido que éste ha de transmitir al ciudadano que la cobertura en un sistema público es “limitada” y ha de ser concebido desde un punto costo-efectivo y bajo una visión reduccionista en su elaboración.

Para concluir, el Dr. Gómez Peralta ha asegurado que la Ciencia nos dará soluciones a muchas de las confusiones actuales y, concretamente, será la Farmacogenómica la encargada de abrir muchos y nuevos caminos.

Por su parte, David Larios Risco, responsable de Bioética y Derecho Sanitario del Servicio de SESCAM, ha hablado de los límites a la prescripción derivados de la intervención de la Administración, asegurando que la actividad administrativa “en ningún caso puede ser neutra” y además afecta a derechos y a libertades individuales que han de estar supeditados a un interés general.

Larios Risco ha defendido que la intervención de los poderes públicos en el medicamento es “enorme”, afirmando que el sector farmacéutico es el segundo más regulado después del de la navegación aérea.

Concretamente, ha señalado que es un sector “fuertemente intervenido”, no sólo durante la etapa de uso del medicamento sino con anterioridad y bajo varias técnicas como la actividad de limitación o de policía que se ejecuta a través de técnicas autorizatorias de manera que no se puede experimentar o investigar libremente con fármacos; el sistema de patentes; el sistema de farmacovigilancia; la actividad prestacional, donde se seleccionan ciertos medicamentos para ser financiados por el sistema público, donde, como ha manifestado Larios, surge el problema de “cuál sí y cuál no”; y, por último, la actividad de fomento, que pretende estimular e incentivar determinadas actuaciones de los agentes de la Administración con el fin de lograr intereses generales, en este caso, concretada en la Ley 29/2006 del uso racional del medicamento.

Al hilo, Larios Risco ha comentado cómo desde los años 90 vienen siendo habituales instrucciones internas en los servicios públicos de salud que han optado por ofertar incentivos económicos a los facultativos por una mayor adhesión a la guía farmacoterapéutica o a los protocolos de prescripción farmacéutica elaborados por las administraciones públicas, entendiendo que la sustitución de la prescripción de medicamentos de marca por fármacos genéricos que presenten una igual bioequivalencia, mantienen la calidad, la eficacia y la seguridad en la prestación y hacen sostenible la misma a los pacientes actuales y a los futuros.

Para Larios Risco estas medidas afectan a la libertad de prescripción de una manera diferente según su grado de intensidad, de hecho, tal y como ha asegurado, hay medidas de fomento de la prescripción a través de incentivos económicos que lo que persiguen es un estímulo y que en su momento dieron lugar a pronunciamientos judiciales. Concretamente, en 2001 y 2003, concluyendo que no sólo no se restringía de manera amplia la libertad de prescripción sino que además se estimulaba a que el facultativo decidiera entre un tratamiento u otro en función de criterios terapéuticos y también en función de criterios económicos en base a garantizar la sostenibilidad.

También ha recordado que el principio de justicia distributiva va a obligar a “sacrificios” en los derechos y libertades que se han tenido en la cartera de servicios, en concreto, ha asegurado que “lo estamos viendo en muchas comunidades autónomas que ya han tomado medidas de gran impacto sanitario hasta ahora desconocidas”.

Para concluir, Larios Risco ha hablado de la aprobación en varias CC.AA. de órdenes que crean comisiones regionales de Farmacia, con el objetivo de establecer pautas comunes para la selección y financiación de fármacos en hospitales, y también sobre las medidas que afectarían a la libertad de prescripción en un sentido amplio, como las dirigidas a desactivar de los sistemas de prescripción electrónica determinados medicamentos de marca y dejar sus equivalentes genéricos, “muy diferentes según las comunidades autónomas”, tal y como ha señalado.

En definitiva, y recogiendo el pronunciamiento de la OMC al respecto en el que se avalaba la viabilidad de estas medidas desde el punto de vista de la Deontología, Larios Risco considera que estas medidas no son un ataque a la libertad de prescripción sino un ejercicio de responsabilidad, eficiencia y sostenibilidad.

Desde la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, José Francisco Zamarriego ha puesto sobre la mesa hechos “provocativos”, tal y como los ha definido, como que el consumidor del producto, en este caso el paciente, no tiene derecho a ser informado por la industria farmacéutica; que la formación del médico se deja en manos de un tercero y no del empleador que es quien debería hacerlo y que la industria farmacéutica tiene que acreditar su intencionalidad positiva.

Para Zamarriego, “sin la libertad de prescripción no existiría la relación de confianza médico-paciente”.

También ha asegurado que “desde las comunidades autónomas hay un déficit sanitario crónico que no es atendido desde hace mucho tiempo”, a lo que ha añadido que existen 17 políticas farmacéuticas y 17 políticas de prescripción diferentes que hacen que el médico esté “muy condicionado”.
Asimismo, Zamarriego ha afirmado que desde la industria se ha dado un “paso adelante” al establecer un sistema de autorregulación para garantizar la transparencia y ha concluido que la libertad de conciencia del médico y la responsabilidad de la industria farmacéutica deben constituir un binomio “inquebrantable” en aras de proteger la parte más “vulnerable” del sistema sanitario que es el paciente.

Por último, la intervención de José María Antequera, de la Escuela Nacional de Sanidad, ha versado sobre la capacidad prescriptora de Enfermería que, según sus palabras, ha supuesto un “hito”, calificándolo como “sumamente positivo”, a pesar de haber generado “tensiones”.

Al hilo, ha comentado cómo han proliferado cursos de formación de prescripción enfermera que, tal y como han confirmado los colegios de Enfermería, “no acreditan” puesto que la acreditación la determina el Ministerio de Sanidad.

Para concluir, Antequera ha sentenciado que la prescripción enfermera “no invade territorios ni rompe lindes sino que es un refuerzo ético para la profesión y redunda y potencia la calidad asistencial y jurídica del sistema de salud”.

El acto ha sido clausurado por Alberto García Romero, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que ha alabado el rigor y la oportunidad de la publicación presentada.


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