Freno a las sillas de ruedas
La reforma sanitaria establece el copago para las personas que usan prótesis
Los afectados aseguran que esto será un hachazo para su integración social y laboral
El ahorro se pagará en gastos sociales, advierten
Carme Riu, presidenta de Dones no Estàndars, se desplaza por el centro de Barcelona. / TEJEDERAS
El ahorro previsto por el Gobierno en su decreto sanitario para prestaciones como las prótesis —700 millones— puede ser escaso comparado con el golpe que, dicen, sufrirá un colectivo, el de las personas con discapacidad, ya acostumbrado a perder. Los responsables de las organizaciones que los representan aseguran que la pérdida de poder adquisitivo que entraña para ellos la reforma dará un tiro mortal a la todavía precaria integración de estas personas: integración social y en el mercado laboral. Hay quien asegura que para los más vulnerables, un nuevo ahogo económico en estas circunstancias podría devolver al encierro en sus casas a aquellos que ya se habían atrevido a salir a la calle con su silla de ruedas, coger un autobús, comprar el pan...
El decreto afecta directamente a los discapacitados físicos que necesitan las prótesis externas —sillas de ruedas, piernas ortopédicas, corsés—, por las que se establece un copago igual que el de los fármacos. Existe desde mediados de los noventa un catálogo nacional que define el precio de estos aparatos y el periodo de renovación amparado por la sanidad pública. La fecha es el primer problema: solo ocho comunidades han avanzado en alguna medida en la renovación de ese catálogo incorporando productos y solo tres, Andalucía, Cataluña y Galicia financian al 100% lo que cuesta cada cosa.
Así que España está dividida en dos. Por un lado las comunidades que siguen con el catálogo original, que obligan al discapacitado a adelantar lo que le cuesta el producto y luego la Administración le reembolsa el precio que figura en el catálogo. Como es un precio muy antiguo estos ciudadanos, en la práctica, ya pagan parte de sus prótesis, hasta el coste real del mercado. En el resto de las comunidades (con algunas diferencias) el sistema es algo menos oneroso, puesto que es el despacho de ortopedia el que se encarga de adelantar este pago y pasar la factura a la Administración.
Así como para los medicamentos hay un plazo de dos meses para aplicar el copago, en este caso el calendario será de medio año porque está pendiente, dicen en el Ministerio de Sanidad, la renovación de ese catálogo. Esta es la enésima promesa de que los aparatos que incluye, anticuados y pesados, se sustituirán por otros más modernos y, por tanto, de precios actualizados.
Mientras ello ocurre, ya se sabe que rentas no muy altas, por encima de 1.600 euros mensuales, tendrán que hacer frente a la mitad del producto que compren. Y las inferiores a 22.000 euros anuales (el límite para hacer la declaración de la renta) el 40%; los pensionistas, un 10%. “Pero no se puede comparar lo que cuesta una caja de pastillas, normalmente, con una silla de ruedas”, advierte Rosa Fernández, secretaria técnica de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop).
Una aproximación al viejo catálogo
- Silla de ruedas de acero adaptada. Renovación cada 24 meses. 300 euros.
- Silla de ruedas para parálisis cerebral con accesorios y asiento adaptado. 36 meses. 2.500 euros.
- Corsé de Chenau. 6 meses. 1.200 euros.
- Órtesis de marcha para pacientes parapléjicos, a medida. 36 meses. 3.500 euros.
- Órtesis de marcha de pie para hemiplejias. 24 meses. 400 euros.
- Plantillas a medida, un par: 6 meses. 75-150 euros.
- Órtesis de marcha DAFO para niños. 6 meses. 400 euros.
- Prótesis para amputación desde el muslo, a medida. 36 meses. 3.800 euros.
- Prótesis mioeléctrica de mano, a medida. 36 meses 12.000 euros.
- Prótesis de mama externa adaptada. 24 meses. 200 euros.
- Prenda de presoterapia para lifedemas, a medida. 6 meses. 300 euros.
- Cojines antiescaras. 6 meses. 70-320 euros.
A pesar de ello, son los jóvenes los que estaban, después de muchos años de estigma, sacando la cabeza.
Una mayor formación les estaba lanzando al mercado laboral. “Pero no, parece que tenemos que volver a la mendicidad”, dice airado Javier Font, presidente del CERMI en Madrid. El CERMI es la gran plataforma que aúna a las asociaciones, muchas y variadas, de discapacidad en España. Font pertenece a la directiva nacional. Y sigue, enfadado: “Están desmantelando el Estado de bienestar, pero deben saber que lo que dejen de gastar por un lado lo gastarán por otro, porque está demostrado que a menor gasto sanitario, mayor gasto social. Algunos de los afectados se plantearán volver con sus pensiones a casa y optar a las ayudas a las que tendrán derecho en el área social, una vez abandonado el trabajo”. El colectivo, dice, es de rentas bajas, a pesar de que pueden sumar (siempre con la variedad a la que acostumbra España) un salario a sus pensiones de incapacidad. “Esto les complicará los ingresos, el terreno ganado en el ámbito laboral, pero también, que no lo olviden, la calidad de vida conquistada”. Para ejemplificar esto último baste un ejemplo, el que presta con nombre y apellidos, que no siempre es fácil, por aquello del estigma, Estela Cerezo: “Tengo 36 años, un marido que acaba de salir del paro y dos hijos. Nací con un fémur más corto que el otro y mi pierna va metida en la ortoprótesis. Hay prótesis más baratas, pero la mía cuesta 7.000 euros; solo el pie son 3.000 porque puede meterse en un zapato plano y en uno de tacón. Echen un vistazo a los escaparates...”. El pie más caro que financia el catálogo son 300 euros y ella tiene 36 años: quiere sandalias, tacones... “Echen un vistazo a los escaparates”.
El resto de su relato es el papeleo para que le reembolsen parte de lo comprado, formularios, visitas, recursos, para una mujer que trabaja y tiene dos hijos.
A todo esto hay que añadir que uno no compra una silla de ruedas para siempre, mucho menos una pierna ortopédica, menos aún si se es pequeño y hay que ir adaptándola al crecimiento... “Y hay que hacer pruebas y más pruebas hasta que todo encaja perfectamente, ya les aseguro que no es agradable... En vez de ir a mejor estamos yendo a peor, con esos aparatos antiguos del catálogo y sin tener en cuenta la vida actual. Y ahora, encima, acabarán cobrándonos más. Yo exijo, es mi salud, no es solo estética”, zanja Estela Cerezo.
Cierto. No es en absoluto descartable que el ahorro que se consiga se pierda por los nuevos gastos en salud, porque estas personas, a poco que abandonan sus cuidados o no dispongan de los aparatos más modernos, ven su salud resentida.
“La ortoprótesis que llevo en el brazo ahora es mejor, pero antes pesaba muchísimo, siempre tenía problemas de espalda, y aún tengo, voy al fisio muchas veces y me lo pago yo. Lo mío es de nacimiento, no sabría vivir sin ello, no lo concibo, no saldría de casa si no puedo pagarlo...”, dice Cristina, otra mujer trabajadora, de 29 años. Pero tiene la suerte, añade, de que su madre le adelanta el dinero cuando tiene que renovar la prótesis. La familia, otra vez, como siempre, sosteniendo el bienestar en esta crisis. El falso brazo lleva un guante, que la tinta del periódico y el tinte de la ropa ensucian con más frecuencia de la que el catálogo permite renovar con ventajas económicas. Y Cristina cobra unos 1.200 euros mensuales. Echen, de nuevo, un vistazo a los escaparates.
Estética y salud, que a veces se funden en una sola: no es lo mismo arrastrar un entramado de hierros que una pieza de fibra de carbono. A pesar de todo, las ortoprótesis no son la parte del león en este asunto. Se venden, dicen en el sector, unas 400 piernas al año y unos 150 brazos en toda España. “Esto no arruina a un país”, dice Rosa Fernández, de Fedop.
Las sillas de ruedas, también muy caras, se cuentan, sin embargo, por miles. En una de ellas se sienta cada día Carme Riu, la presidenta de la asociación catalana de mujeres con discapacidad física Dones no Estándars. Las sillas de ruedas son, quizá, el asunto más espinoso. Son caras, sí, pero quienes las usan necesitan también cuidados más delicados. “Tuve polio con siete años, pero anduve hasta los 55. Ahora tengo 60 y los brazos desgastados. Los que vamos en silla de ruedas necesitamos ponernos en pie, aunque sea una hora al día, porque, si no, viviremos menos, nuestros órganos necesitan que nos pongamos de pie. Yo lo hago, con dos bitutores en las piernas, con botas especiales, y hay quien necesita un elevador. Y los corsés. Si no tenemos todo esto, viviremos menos, es así de sencillo”, dice después de haber desgranado una serie de precios de varios ceros cada uno.
Riu asegura que no atender estos requerimientos sanitarios se pagará en diálisis, por ejemplo, cuyo transporte también está incluido en el nuevo cajón del copago... “Confío, y no sé por qué, en que rematen todo esto con un poco de criterio, que piensen en que hay personas detrás de todo ese supuesto ahorro. Esas personas necesitan esas cosas porque, si no, se morirán y eso será”, dice con dureza y sin pelos en la lengua, como siempre, “un homicidio inducido por el Estado de bienestar”.
Las sillas de ruedas son caras, se decía, y se cuentan por miles. Solo en Andalucía, según aproximaciones del sector, se gastan alrededor de 20 millones de euros por este concepto, alrededor de nueve en Galicia, esas comunidades donde están financiadas por completo. Pero en ellas se sientan muy distintas personas que, seguramente, cabe organizar por nivel de gravedad o renta. El ministerio asegura que todo ese detalle está por verse. Que quizá haya excepciones cuando se afine la letra gorda. Pero los afectados afirman que allá donde no pagaban ahora empezarán a pagar con los mínimos que plantea el decreto, y donde ya se aplicaba copago quizá se quedarán como están. Porque las comunidades solo tienen margen para mejorar los límites del Gobierno. En todo caso, el decreto ya advierte de que si alguna pretende aliviar la carga económica de estos usuarios lo hará de su bolsillo propio. Quizá para preservar una posible deuda con las empresas de ortopedia, como la que se ha contraído con las empresas farmacéuticas.
En el sector de la ortopedia creen que no está de más que se reorganice un poco el variadísimo panorama que ofrecen las comunidades, y, como los afectados, opinan que hay que actualizar el catálogo, incluir mejoras técnicas en los productos y adecuar los precios, muy lejos de lo que ahora paga la Administración por ellos. Pero también avisan de que no cargarán con la deuda. Mientras tanto, un estudio elaborado en la ciudad de Barcelona hace cinco años cifraba en 27.000 euros anuales más los que necesitaba una persona con discapacidad para hacer una vida normalizada respecto a la población general. “Son demasiados, solo falta que encimas nos recorten lo que ya tenemos”, dice Carme Riu.
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