Valencia asfixia con sus impagos a un gran hospital oncológico
El Instituto Valenciano de Oncología reclama 58 millones por la atención a miles de enfermos
La Generalitat afirma que pagará a partir de mayo
Joaquín Gil Valencia 9 ABR 2012 - 02:03 CET67
Sede del Instituto Valenciano de Oncología. / José Jordán
El Instituto Valenciano de Oncología (IVO), el único centro dedicado en exclusiva al cáncer en la Comunidad Valenciana y que trató en 2011 a 39.276 pacientes, ha puesto en marcha la maquinaria para denunciar a la Generalitat por una deuda de 58 millones de euros gestada desde 2009. Este centro concertado presentó el 16 de marzo ante la Agencia Valenciana de Salud una reclamación para solicitar esta cantidad. Es el paso previo a la vía contencioso-administrativa que podría arrancar a mediados de abril, cuando transcurra el mes que la Consejería de Sanidad tiene para responder al requerimiento.
El IVO es el hospital concertado de atención y diagnóstico de cáncer de mayor actividad de la Comunidad Valenciana. Uno de cada dos enfermos con tumores del área metropolitana de Valencia (1,5 millones de habitantes), pasa por sus instalaciones. Los impagos de la Administración autónoma, en manos del Partido Popular, responden a tratamientos de miles de pacientes de la sanidad pública en 2009 (16,5 millones), 2010 (18,5) y 2011 (23) que el instituto facturó fuera del presupuesto asignado por Sanidad para prestar servicios de medicina oncológica. Hasta la llegada de la crisis, estas atenciones se liquidaban cada dos años. La elevada demanda de los servicios del IVO y su volumen de pacientes convirtieron en habitual este mecanismo para poner a cero el contador de la deuda, explica el hospital.
Con el argumento de apretarse el cinturón, el Gobierno autónomo anunció el año pasado que no destinaría ni un euro más al presupuesto de la institución médica, pese a que la aportación pública —que ascendió a 60 millones en 2011— solo cubre de media el 65% de sus gastos, según la clínica. Una portavoz del Ejecutivo autónomo admite la deuda con el IVO, que limita a los ejercicios de 2010 y 2011 y no cuantifica. Asegura que se abonará a partir de mayo mediante el plan de pago a proveedores puesto en marcha desde el Gobierno central.
El IVO se enfrenta además a la paradoja de que debe tratar a todos los pacientes que requieran sus servicios en la Comunidad Valenciana aunque no cobre a tiempo, ya que mantiene desde 1987 un concierto con la Generalitat que le obliga a hacerse cargo de los enfermos oncológicos remitidos o que pidan acudir a sus instalaciones a través de la libre elección de centro. El año pasado se hizo cargo de 5.936 nuevos pacientes (el 64,4% llegó a través de la libre elección y el resto fueron enviados por hospitales de la sanidad pública o concertada).
El Gobierno autónomo incluyó al IVO en las medidas de ahorro dirigidas a gerentes de hospitales públicos el pasado enero. El plan recomendaba “revisar” la permanencia en el IVO de los enfermos de oncología que llevaran más de un año atendidos allí —33.340 estaban en esa situación en 2011, año en el que se atendieron, por ejemplo, 5.668 casos de cáncer de mama, 2.920 de aparato urinario y genital masculino, 702 de aparato digestivo y 485 casos de cáncer de aparato respiratorio—. Sin embargo, según el hospital, también ha descendido en un 20% el envío de enfermos nuevos en lo que va de año.
Pese a las órdenes por escrito de no enviar pacientes al IVO, el Gobierno autónomo niega que el plan de ahorro de enero —pretende reducir el gasto con los conciertos en 40 millones de euros al año— tenga nombres y apellidos. “No hay ninguna orden expresa relacionada con el IVO ni con ningún centro concreto, sino una política generalizada de sacar el máximo partido a los recursos propios”, explica un responsable de la Consejería de Sanidad por correo electrónico. Solo admite una “revisión de los conciertos privados” para disminuir la “dependencia externa”. Pero el documento recomienda a los responsables de hospitales públicos replantearse también la derivación de pacientes antiguos a otra institución concertada, la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo.
La deuda autonómica ha disparado los gastos financieros del IVO, que se traducirán en la caída de la inversión para la adquisición de tecnología y modernización de instalaciones. “La situación financiera del centro es delicada”, aseguran desde la clínica. Se quejan también de que reciben el trato de un proveedor como los que abastecen a la Administración de material quirúrgico, sin tener en cuenta el “papel vital” que desarrolla en el tratamiento de enfermos oncológicos.
Manuel Llombart, director general del IVO —propiedad de una fundación— subraya que el hospital destina sus beneficios a la formación de su equipo y la inversión tecnológica. Con todo, la labor del centro no figura en el Plan Oncológico, la hoja de ruta de la sanidad que recoge los medios y la estrategia para combatir la dolencia entre 2011 y 2014.
La deuda de la Generalitat con el IVO se enmarca en la delicada situación financiera que atenaza a la sanidad valenciana. El Gobierno del popular Alberto Fabra admitió en junio que las facturas pendientes de pago acumuladas en 2009 y 2010 superan los 1.000 millones de euros. Con objeto de reducir el gasto sanitario y combatir el déficit, el Gobierno autonómico presentó en enero un paquete de medidas para ahorrar 440 millones que incluía desde la concentración de los servicios externos de hostelería en los hospitales hasta la lucha contra el absentismo laboral o la reducción de complementos sanitarios del personal.
El IVO es el hospital concertado de atención y diagnóstico de cáncer de mayor actividad de la Comunidad Valenciana. Uno de cada dos enfermos con tumores del área metropolitana de Valencia (1,5 millones de habitantes), pasa por sus instalaciones. Los impagos de la Administración autónoma, en manos del Partido Popular, responden a tratamientos de miles de pacientes de la sanidad pública en 2009 (16,5 millones), 2010 (18,5) y 2011 (23) que el instituto facturó fuera del presupuesto asignado por Sanidad para prestar servicios de medicina oncológica. Hasta la llegada de la crisis, estas atenciones se liquidaban cada dos años. La elevada demanda de los servicios del IVO y su volumen de pacientes convirtieron en habitual este mecanismo para poner a cero el contador de la deuda, explica el hospital.
Con el argumento de apretarse el cinturón, el Gobierno autónomo anunció el año pasado que no destinaría ni un euro más al presupuesto de la institución médica, pese a que la aportación pública —que ascendió a 60 millones en 2011— solo cubre de media el 65% de sus gastos, según la clínica. Una portavoz del Ejecutivo autónomo admite la deuda con el IVO, que limita a los ejercicios de 2010 y 2011 y no cuantifica. Asegura que se abonará a partir de mayo mediante el plan de pago a proveedores puesto en marcha desde el Gobierno central.
El IVO se enfrenta además a la paradoja de que debe tratar a todos los pacientes que requieran sus servicios en la Comunidad Valenciana aunque no cobre a tiempo, ya que mantiene desde 1987 un concierto con la Generalitat que le obliga a hacerse cargo de los enfermos oncológicos remitidos o que pidan acudir a sus instalaciones a través de la libre elección de centro. El año pasado se hizo cargo de 5.936 nuevos pacientes (el 64,4% llegó a través de la libre elección y el resto fueron enviados por hospitales de la sanidad pública o concertada).
El Gobierno autónomo incluyó al IVO en las medidas de ahorro dirigidas a gerentes de hospitales públicos el pasado enero. El plan recomendaba “revisar” la permanencia en el IVO de los enfermos de oncología que llevaran más de un año atendidos allí —33.340 estaban en esa situación en 2011, año en el que se atendieron, por ejemplo, 5.668 casos de cáncer de mama, 2.920 de aparato urinario y genital masculino, 702 de aparato digestivo y 485 casos de cáncer de aparato respiratorio—. Sin embargo, según el hospital, también ha descendido en un 20% el envío de enfermos nuevos en lo que va de año.
Pese a las órdenes por escrito de no enviar pacientes al IVO, el Gobierno autónomo niega que el plan de ahorro de enero —pretende reducir el gasto con los conciertos en 40 millones de euros al año— tenga nombres y apellidos. “No hay ninguna orden expresa relacionada con el IVO ni con ningún centro concreto, sino una política generalizada de sacar el máximo partido a los recursos propios”, explica un responsable de la Consejería de Sanidad por correo electrónico. Solo admite una “revisión de los conciertos privados” para disminuir la “dependencia externa”. Pero el documento recomienda a los responsables de hospitales públicos replantearse también la derivación de pacientes antiguos a otra institución concertada, la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo.
La deuda autonómica ha disparado los gastos financieros del IVO, que se traducirán en la caída de la inversión para la adquisición de tecnología y modernización de instalaciones. “La situación financiera del centro es delicada”, aseguran desde la clínica. Se quejan también de que reciben el trato de un proveedor como los que abastecen a la Administración de material quirúrgico, sin tener en cuenta el “papel vital” que desarrolla en el tratamiento de enfermos oncológicos.
Manuel Llombart, director general del IVO —propiedad de una fundación— subraya que el hospital destina sus beneficios a la formación de su equipo y la inversión tecnológica. Con todo, la labor del centro no figura en el Plan Oncológico, la hoja de ruta de la sanidad que recoge los medios y la estrategia para combatir la dolencia entre 2011 y 2014.
La deuda de la Generalitat con el IVO se enmarca en la delicada situación financiera que atenaza a la sanidad valenciana. El Gobierno del popular Alberto Fabra admitió en junio que las facturas pendientes de pago acumuladas en 2009 y 2010 superan los 1.000 millones de euros. Con objeto de reducir el gasto sanitario y combatir el déficit, el Gobierno autonómico presentó en enero un paquete de medidas para ahorrar 440 millones que incluía desde la concentración de los servicios externos de hostelería en los hospitales hasta la lucha contra el absentismo laboral o la reducción de complementos sanitarios del personal.
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