Cada palo su vela

Una sociedad sin una garantía efectiva de los derechos a la educación y a la salud es una sociedad más insegura y, como consecuencia de ello, menos libre

Javier Pérez Royo 7 JUN 2012 - 21:18 CET

Cuando una crisis alcanza la intensidad de la que estamos atravesando, no hay prácticamente ningún derecho fundamental que no se vea afectado de alguna manera en su ejercicio. Pero es obvio que los que más se ven afectados son aquellos derechos en cuyo ejercicio la vertiente prestacional tiene más importancia. De ahí que el derecho a la educación y el derecho a la salud estén siendo los que más estén sufriendo como consecuencia de la crisis. Son derechos de libertad, de los que tenemos que responsabilizarnos los titulares de los mismos, que somos los ciudadanos individualmente considerados, pero también derechos de prestación, que exigen la intervención del Estado, a fin de que su ejercicio pueda sea real y efectivo. En nuestro país, de la Comunidad autónoma, ya que es ella la titular de la competencia en ambas materias.

El equilibrio entre libertad y prestación es lo que define a los derechos de educación y sanidad en el Estado democrático, que justamente por eso son cláusulas esenciales del contrato social, en el que descansa la convivencia. Sin la posibilidad de un ejercicio razonablemente satisfactorio de estos derechos se resiente de manera significativa la libertad personal y se erosiona la legitimidad de los poderes públicos. Una sociedad sin una garantía efectiva de los derechos a la educación y a la salud es una sociedad más insegura y, como consecuencia de ello, menos libre. Montesquieu definió la libertad como la sensación que cada uno tiene de su propia seguridad. Y una sociedad que se siente menos libre, acaba perdiendo el respeto por los poderes públicos que la dirigen. La legitimidad del poder es tributaria de la seguridad y libertad ciudadanas.

Este es el gran problema con el que tenemos que enfrentarnos en las distintas comunidades autónomas tanto los ciudadanos como los poderes públicos. Y de la forma en que lo afrontemos y le acabemos dando respuesta va a depender la calidad democrática del sistema político de cada una de ellas. Cada palo va a tener que aguantar su vela. En este terreno cada comunidad autónoma opera básicamente como un compartimento estanco. No totalmente, pero sí básicamente. Somos los ciudadanos andaluces y los poderes públicos andaluces los que, en una situación de emergencia como la que nos encontramos, tenemos que hacer posible que los derechos en general y el de educación y salud en particular se disfruten de manera razonablemente satisfactoria. E igual los de las demás comunidades autónomas.

Se trata de un terreno en el que se pueden identificar las conductas de los ciudadanos y la actuación de los poderes públicos en las distintas comunidades autónomas y se puede hacer, en consecuencia, una evaluación diferenciada tanto de los unos como de las otras. Sin un ejercicio individual responsable por parte de sus ciudadanos ninguna comunidad autónoma podrá tener un sistema educativo y sanitario sostenible. Pero sin una dedicación adecuada de recursos públicos tampoco. Esto vale en todo momento, pero más todavía en época de vacas flacas. Cabe exigir un plus de responsabilidad a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y un plus de eficacia a los poderes públicos en el uso de los recursos públicos. En esta situación de emergencia vamos a tener ocasión de comprobar qué ciudadanos y qué poderes públicos en las distintas comunidades autónomas están a la altura del reto con el que tienen que enfrentarse.

De las crisis nunca se sale igual a como se entró. Desde la transición hemos pasado ya por varias y la de finales de los setenta no fue de menos envergadura que la actual. De todas hemos salido con una sociedad más libre y un Estado más legítimo. No conviene perderlo de vista, aunque ello no sea garantía de que esta vez también vaya a ser así.