INFECCIOSAS | Estudio de Geisida
Temor a un repunte del VIH por la retirada de atención a 'sin papeles'
Gráfico: Los recortes del sida.| Gracia Pablos- Aumentará la mortalidad, enfermedades asociadas, ingresos hospitalarios...
- Provocará un aumento de los gastos sanitarios a medio y largo plazo, advierten
Más allá de consideraciones éticas y políticas, los especialistas en VIH han advertido al Gobierno que dejar sin atención a los inmigrantes ilegales a partir del 1 de septiembre traerá importantes consecuencias sanitarias y económicas para la sociedad española. Temen que empeore el control de la epidemia de sida, aumente la mortalidad, los ingresos, la transmisión materno-fetal y, a la larga, aumente los costes sanitarios.
Expertos de Gesida, el Grupo de Estudio del sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínic, han advertido que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles tendrá efectos muy indeseables sobre el control del VIH en nuestro país. Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012 de 20 de abril los extranjeros sin papeles sólo podrán recibir atención de urgencia, si son menores de 18 años o si son mujeres embarazadas; por lo que "el 31 de agosto los efectos de esta medida empezarán a notarse de forma significativa, pues en esa fecha dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente, y cuyos beneficiarios no puedan acreditar la residencia legal en nuestro país", advierte Gesida.
Se estima que hay más de 400.000 inmigrantes en situación irregular en nuestro país, de los que varios miles estarían infectados por el VIH, de ellos entre el 65% y el 70% conocerían su infección y de éstos una mayoría recibirían tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600 personas). Dejar desatendidos a estos pacientes, alertan, traerá un "ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española".
A través de un estudio coordinado por dos de sus miembros, José A. Pérez-Molina (del Hospital Ramón y Cajal. Madrid) y Federico Pulido (del 12 de Octubre, también en la capital), Gesida augura un incremento del número de personas infectadas por VIH, incremento que, sólo en el primer año, puede ser de casi una quinta parte de la actual población inmigrante irregular afectada y en tratamiento, que se estima en varios miles de personas.
Aunque el estudio también abordar los perjuicios económicos de la medida. "Ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones)", advierten los especialistas en Infecciosas. "Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondrá el Real Decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del tratamiento. Súmense a esos costes los que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitir como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente, y podremos valorar hasta qué punto el Gobierno ha medido y sopesado suficientemente las consecuencias de este Real Decreto".
Por todo ello, Gesida recomienda al Ministerio que evite la exclusión de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública sanitaria y considera inviable la derivación a ONGs de estos pacientes propuesta por el Ministerio de Sanidad. Esta sociedad científica subraya que el complicado manejo de esta enfermedad y del tratamiento antirretroviral exige que la asistencia siga prestándose en los hospitales españoles, por especialistas cualificados. Precisamente en este sentido, GESIDA quiere señalar que la inexistencia de la especialidad de Enfermedades Infecciosas en nuestro país supone un gran obstáculo para la adecuada formación de especialistas en los próximos años, tanto en número como en cualificación.
Expertos de Gesida, el Grupo de Estudio del sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínic, han advertido que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles tendrá efectos muy indeseables sobre el control del VIH en nuestro país. Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012 de 20 de abril los extranjeros sin papeles sólo podrán recibir atención de urgencia, si son menores de 18 años o si son mujeres embarazadas; por lo que "el 31 de agosto los efectos de esta medida empezarán a notarse de forma significativa, pues en esa fecha dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente, y cuyos beneficiarios no puedan acreditar la residencia legal en nuestro país", advierte Gesida.
Se estima que hay más de 400.000 inmigrantes en situación irregular en nuestro país, de los que varios miles estarían infectados por el VIH, de ellos entre el 65% y el 70% conocerían su infección y de éstos una mayoría recibirían tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600 personas). Dejar desatendidos a estos pacientes, alertan, traerá un "ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española".
A través de un estudio coordinado por dos de sus miembros, José A. Pérez-Molina (del Hospital Ramón y Cajal. Madrid) y Federico Pulido (del 12 de Octubre, también en la capital), Gesida augura un incremento del número de personas infectadas por VIH, incremento que, sólo en el primer año, puede ser de casi una quinta parte de la actual población inmigrante irregular afectada y en tratamiento, que se estima en varios miles de personas.
Investigación científica
El trabajo, que será publicado próximamente en la revista 'Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica', señala que como concuecuencia de ese nuevo escenario que se abre a partir del 1 de septiembre se registrará un aumento de la mortalidad de los individuos infectados, un incremento de aparición de enfermedades oportunistas, un crecimiento de los ingresos hospitalarios; más posibilidades de infecciones (tanto por el VIH como por otros patógenos); y mayor probabilidad de transmisión materno-fetal, entre otras consecuencias sanitarias.Aunque el estudio también abordar los perjuicios económicos de la medida. "Ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones)", advierten los especialistas en Infecciosas. "Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondrá el Real Decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del tratamiento. Súmense a esos costes los que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitir como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente, y podremos valorar hasta qué punto el Gobierno ha medido y sopesado suficientemente las consecuencias de este Real Decreto".
Por todo ello, Gesida recomienda al Ministerio que evite la exclusión de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública sanitaria y considera inviable la derivación a ONGs de estos pacientes propuesta por el Ministerio de Sanidad. Esta sociedad científica subraya que el complicado manejo de esta enfermedad y del tratamiento antirretroviral exige que la asistencia siga prestándose en los hospitales españoles, por especialistas cualificados. Precisamente en este sentido, GESIDA quiere señalar que la inexistencia de la especialidad de Enfermedades Infecciosas en nuestro país supone un gran obstáculo para la adecuada formación de especialistas en los próximos años, tanto en número como en cualificación.
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