domingo, 30 de diciembre de 2012

“No tiene sentido que el Gobierno nos vea como una amenaza” | Andalucía | EL PAÍS

“No tiene sentido que el Gobierno nos vea como una amenaza” | Andalucía | EL PAÍS

MARÍA JESÚS MONTERO | Consejera de Salud

“No tiene sentido que el Gobierno nos vea como una amenaza”

"Si el Ejecutivo se opone a la subasta de medicamentos es por un gran pacto con la industria"

 

La consejera de Salud, María Jesús Montero. / Paco Puentes
 

Su departamento es una de las apuestas del Gobierno andaluz para marcar la diferencia con el Ejecutivo de Rajoy. Pero los ajustes impuestos están soliviantando a los profesionales sanitarios. La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero (Sevilla, 1966), confía en el diálogo y en que la sanidad pública y de calidad sobreviva a la crisis.


Pregunta. ¿La sanidad pública andaluza está hoy mejor, igual o peor que hace un año?
Respuesta. En líneas generales está manteniéndose, pese a las dificultades. Dificultades no solo presupuestarias, que también, pero lo que más me preocupa es cómo va a quedar la sanidad con la hoja de ruta que tiene el Gobierno. Empezó con el decreto de abril que, sin venir a cuento, rompe el aseguramiento e incorpora el pago por acto sanitario. Se busca generar un caldo de cultivo para que penetre que si se quiere recibir una atención sanitaria en condiciones, hay que pagar.

P. ¿Se puede parar eso desde una comunidad autónoma?
R. Es muy difícil, porque el Gobierno puede desarrollar estas medidas. Y tiene una cultura política de no diálogo ni con las comunidades ni con los otros grupos del Parlamento. Lo que le queda a Andalucía es seguir estableciendo un guión distinto para evidenciar que es posible tener un sistema público y de calidad.

P. Con los recortes impuestos, ¿sigue siendo viable?
R. Es el que ha demostrado ser el más sostenible. España es de los países que dedica a la salud menos porcentaje del PIB y tiene mejores resultados. Y ninguna compañía privada puede ofrecer el nivel de prestaciones y de calidad que ofrece Andalucía por 985 euros por persona y año. La pregunta es si algunos están empezando a cuestionar si una sociedad se puede permitir proteger la salud de sus ciudadanos. Y el Gobierno andaluz ahí es contundente: no podemos hablar de sociedad desarrollada sin un sistema de protección frente a la enfermedad.

P. Si el presupuesto es 985 euros por persona ha bajado. Hace dos años eran 1.200.
R. Hemos ido bajando. Este año, básicamente, porque en el presupuesto se ha repercutido la aplicación de las 37,5 horas y las medidas de ahorro farmacéutico.

P. ¿Nada de esa rebaja del coste es por una rebaja en la calidad?
R. No. Nosotros no hemos cerrado ningún centro ni hemos dejado de prestar ningún servicio tecnológico para rebajar ese coste.

P. Los médicos preparan protestas para enero. ¿Las intentará evitar?
R. Por supuesto. Siempre hay una actitud de diálogo y de intentar que se comprenda que las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de España repercuten en las comunidades. En el caso de las 37,5 horas, por ejemplo, podíamos despedir a trabajadores eventuales, 7.000 en nuestro caso, pero optamos por intentar quedarnos todos los que estábamos bajándonos el sueldo. Son medidas que no nos gustan; a mí no me hace ninguna gracia bajarme el sueldo ni tener que bajárselo a nadie.

P. ¿Cuánto le ha bajado el sueldo en el último año a un profesional del SAS?
R. Entre el 7% y 8% en los salarios más altos y el 2% o el 3% en los salarios más bajos. Con la excepción del personal eventual, al que le ha bajado el sueldo y la jornada el 25% más el descenso que le correspondiera a su categoría. Si hay personas que estaban haciendo muchas bajas, lo ha notado más porque las bajas se han bajado un 10%.

P. ¿Hay menos personal hoy que hace un año?
R. No, aproximadamente los mismos. Depende de la época del año, pero la cifra se mantiene.

P. Pero hay contratos temporales que no se están renovando.
R. El sistema sanitario tiene una capacidad permanente de generar altas y bajas en la contratación. Somos 100.000 trabajadores y hay un movimiento de más de 1.400 contratos diarios. Hay altas y bajas, licencias, permisos. Donde sí hacemos más ajuste es en la cobertura de vacaciones, sustituciones, permisos. Pero el personal eventual estructural estaba predestinado a salir y hemos hecho un esfuerzo tremendo para que se mantenga, pasando, eso sí, a un 75% de jornada. Ahora les hacemos la renovación mensualmente y eso queremos revisarlo el año que viene.

P. Se han dado en los últimos meses varios casos de profesionales de la sanidad pública que se han trasladado a la privada. ¿Cómo lo valora?
R. Con orgullo. Pone de manifiesto que lo público se gestiona tan bien que la privada tira de dirigentes públicos para gestionar sus centros.

P. ¿No puede indicar también que los profesionales estén buscando una salida por lo que pueda venir?
R. Los casos que se han producido en Andalucía los conozco bien y no son así. Son porque hay una oferta habitualmente de mejores salarios y profesionales que están inquietos o que ya no cuentan en la vida de un hospital y encuentran ahí un hueco que les interesa. No lo veo como una amenaza. Otra cosa es que haya ya varios consejeros de Sanidad en otras comunidades que fueran responsables de patronales privadas. A eso sí le tengo más respeto.

P. El conflicto con los MIR ha sido largo y ha supuesto un desgaste para las dos partes. ¿Cómo lo valora?
R. El final pone de manifiesto que podíamos haber llegado a un acuerdo sin necesidad de un conflicto. Se ha planteado una huelga indefinida antes de sentarnos en una mesa. Ha sido una situación extraña que ha radicalizado las posiciones. Pero creo que hemos trabajado bien y la actitud del SAS ha sido generosa.

P. Ellos se han quejado de precariedad y de recortes en sus expectativas.
R. Los MIR son el futuro del sistema sanitario. Pero ha cambiado algo porque, hasta hace seis o siete años, estudiar medicina era garantía de empleo. Esa situación se ha quebrado y ha tenido repercusión en el colectivo.

P. ¿Y cómo se ha dado ese vuelco? Hasta hace dos años la Consejería reclamaba más plazas MIR y alertaba de un inminente déficit de médicos.
R. Va a haber jubilaciones masivas, se han incrementado los recursos y era lógico pensar que iban a hacer falta más profesionales. Pero es que la demanda ahora no crece e incluso en algunas partes de España se han despedido profesionales. Eso era impensable hace unos años. Es más, es que por ley no se puede ni reponer a todo el profesional que se jubila, solo el 10%. No veo el futuro negro para los jóvenes, va a haber que suplir las jubilaciones, pero es verdad que las expectativas se han truncado.

P. ¿A cuánto asciende la deuda con los proveedores sanitarios?
R. Se mide habitualmente por el tiempo de pago y está en unos tres o cuatro meses, incluida las grandes industrias de farmacia y material hospitalario. Nunca la administración sanitaria ha tenido un tiempo de demora tan corto en los pagos. Pero los proveedores quieren hacer valer la ley de morosidad por la que se le tendría que pagar a los 60 días. Me parece legítimo, pero yo traslado que tenemos prioridades. Y si hay que repercutir a alguien preferimos que sea a las grandes empresas, que tienen más capacidad para conseguir financiación.

P. La Junta y el Gobierno parecen destinados a estar enfrentados esta legislatura en casi todo, pero muy especialmente en materia sanitaria. ¿Le preocupa?
R. Andalucía se ha convertido en un testigo incómodo de las políticas que está poniendo en marcha el Gobierno de Rajoy. Eso lleva a que algunas de las iniciativas que intentamos poner en marcha el Gobierno las ve como una amenaza. El caso más claro es el de la subasta de fármacos. Yo no puedo entender que después de que el Constitucional nos dé dos veces la razón, la ministra salga diciendo que no descarta llevarla otra vez a los tribunales. No sé como calificarlo para no ofender a nadie. El Gobierno tiene que trabajar con Andalucía, España no se puede construir sin Andalucía. No tiene sentido que nos vean como una amenaza y no como colaboradores.

P. ¿La subasta de fármacos es plenamente legal?
R. Siempre hemos sido extremadamente rigurosos en la legalidad y eso que hemos innovado mucho: en muerte digna, investigación de células embrionarias, selección de medicamentos. El principal argumento que ellos plantean para decir que no tenemos competencia en la subasta es el precio. Pero nosotros no tocamos el precio, establecemos ventajas económicas, que no es lo mismo. Yo creo que el Gobierno tiene dificultades para explicar por qué se opone al concurso de fármacos. Y creo que se opone porque tiene un pacto con la gran industria, algún tipo de acuerdo en el que han prometido a la industria farmacéutica que el Gobierno es el único interlocutor y que las comunidades autónomas no van a tomar ninguna iniciativa, que son una administración de segunda categoría. Pero la gran industria tiene que hablar con las comunidades, que son las que gastan.

P. Se ha hecho cargo hace unos meses de la gestión de la Dependencia. ¿Se podrá sostener el sistema?
R. Tenemos que ser capaces. Hay una sensación, lógica en sistemas no consolidados, de entender que son más vulnerables. Yo no creo que sea un sistema más vulnerable, pero sí que había previsto un crecimiento económico que no es posible. Nuestro objetivo es sostener el nivel de prestaciones actual. Pero el trabajo gordo ya se ha hecho, van a ir entrando nuevos beneficiarios, pero el grueso ya está incorporado.

P. Pero el sistema está infrafinanciado y, con los últimos ajustes, más.
R. Sí. Y el Estado se está retirando. La ley estaba concebida para que las comunidades aportaran el 50% y el Estado otro 50%. Pero estamos en 70/30. Yo no puedo poner los 89 millones que ha dejado de aportar el Estado en Andalucía, no hay de dónde sacarlo. El PP en la ley de la dependencia nunca ha tenido un discurso claro. No veía clara la ley, no la ha desarrollado del todo en sus comunidades y los que lo hemos hecho nos vemos ahora condenados a llevar el peso íntegro.

P. Pero es un sistema tan concertado que depende de que las empresas aguanten o no los ajustes y los retrasos en los pagos.
R. Yo espero que no se cierren centros. Hay una demora de entre dos y tres meses meses en el pago a proveedores. Es cierto que había unas condiciones de prestación del servicio que no se van a volver a repetir. Se concertaban plazas no ocupadas y se anticipaban los pagos. Ahora pagamos con demora. Y espero que lleguemos a pagar de forma razonable. Estamos haciendo una gran reflexión entre todos para reorganizar las condiciones económicas sobre las que pivotaba la prestación del servicio. Y hay que dar músculo financiero a estas empresas, los bancos no se pueden despreocupar de darles créditos a estas entidades.

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