Asistencia Sanitaria Europea
Contrarreloj para aprobar el RD de sanidad transfronteriza
España está obligada a trasponer la directiva europea de antes del día 25, pero el decreto debe pasar aún por Consejo de Ministros y Consejo de Estado.
Laura G. Ibañes. Madrid | laura.gutierrez@diariomedico.com | 14/10/2013 00:00
España se encuentra inmersa en una auténtica contrarreloj para poder trasponer a tiempo la directiva europea de sanidad transfronteriza, cuyo plazo de adaptación en los países miembros acaba el próximo día 25. Pero es difícil que consiga llegar a tiempo de hacerlo.
El real decreto que debe articular cómo se permitirá a los españoles ser atendidos en cualquier país europeo si se superan los tiempos máximos de espera en España y, previo pago, tener derecho a ver reembolsados los gastos de la asistencia y, a su vez, a cualquier europeo ser atendido en las mismas condiciones en España, está todavía pendiente de publicación.
Concretamente, el decreto ha culminado ya el periodo de alegaciones, que deben ser todavía incorporadas al texto, según explicó el viernes la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en una jornada de debate sobre la directiva organizada por la OMC, y pasar los trámites del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado.
Pero a estos trámites hay que añadir otras cuestiones a las que, inevitablemente, fuerza la normativa europea y que podrían tardar aún más, como la publicación de las tarifas que aplicará cada autonomía para cada proceso asistencial, la definición de en qué patologías y procesos se permitirá el viaje a Europa y la forma en la que se facturará y cobrará en los hospitales, que requiere un profundo cambio tecnológico en los centros.
Por eso, según reconoció Farjas el viernes, "desde el día 25 cualquier europeo podrá venir a España a ser atendido, pero los españoles tendrán que esperar todavía a que se publique el decreto para poder ir a Europa porque quedan cuestiones aún por definir".
Farjas, con todo, se mostró esperanzada de que la publicación tenga "carácter inminente" y afirmó que la nueva norma implicará mucho más que los derechos a ser atendido en un país diferente del de afiliación con cargo al país de origen.
Según la secretaria general de Sanidad, la norma acelerará, por obligación europea, otras cuestiones como el registro de profesionales -"porque tendremos la obligación e identificar a los médicos"-, un real decreto de estándares de calidad y medición de resultados -"porque tenemos la obligación de garantizar unos niveles de calidad"- y, sobre todo, el avance en la e-Health para permitir el intercambio de información clínica con Europa, lo que forzará a su vez un intercambio de esa información entre autonomías.
Farjas, con todo, intentó sacar pecho en esta cuestión argumentando que "son ya 20 millones los españoles que tienen su información clínica en la plataforma de interoperabilidad, y el pasado mes, el 61 por ciento de las recetas dispensadas lo fueron ya por prescripción electrónica".
La secretaria general de Sanidad reconoció junto al presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, "que la norma europea nos exige un cambio profundo para el que todavía no estábamos preparados", en cuestiones como el establecimiento de sistemas de facturación.
Respecto a la publicación de las tarifas que tendrá que realizar cada autonomía, Farjas afirmó que se trabaja en tarifas nacionales, pero reconoció que serán las autonomías las que decidan las suyas "porque lo único que exige la Unión Europea es que sean públicas, transparentes e iguales para todos los que acudan", pero no entre autonomías, sino que si una región aplica unas tarifas concretas éstas no sean diferentes para cada ciudadano. En este sentido, Rodríguez Sendín animó a que estas tarifas sirvan también de referente para las mutuas.
El real decreto que debe articular cómo se permitirá a los españoles ser atendidos en cualquier país europeo si se superan los tiempos máximos de espera en España y, previo pago, tener derecho a ver reembolsados los gastos de la asistencia y, a su vez, a cualquier europeo ser atendido en las mismas condiciones en España, está todavía pendiente de publicación.
Concretamente, el decreto ha culminado ya el periodo de alegaciones, que deben ser todavía incorporadas al texto, según explicó el viernes la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en una jornada de debate sobre la directiva organizada por la OMC, y pasar los trámites del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado.
Pero a estos trámites hay que añadir otras cuestiones a las que, inevitablemente, fuerza la normativa europea y que podrían tardar aún más, como la publicación de las tarifas que aplicará cada autonomía para cada proceso asistencial, la definición de en qué patologías y procesos se permitirá el viaje a Europa y la forma en la que se facturará y cobrará en los hospitales, que requiere un profundo cambio tecnológico en los centros.
Por eso, según reconoció Farjas el viernes, "desde el día 25 cualquier europeo podrá venir a España a ser atendido, pero los españoles tendrán que esperar todavía a que se publique el decreto para poder ir a Europa porque quedan cuestiones aún por definir".
Farjas, con todo, se mostró esperanzada de que la publicación tenga "carácter inminente" y afirmó que la nueva norma implicará mucho más que los derechos a ser atendido en un país diferente del de afiliación con cargo al país de origen.
Según la secretaria general de Sanidad, la norma acelerará, por obligación europea, otras cuestiones como el registro de profesionales -"porque tendremos la obligación e identificar a los médicos"-, un real decreto de estándares de calidad y medición de resultados -"porque tenemos la obligación de garantizar unos niveles de calidad"- y, sobre todo, el avance en la e-Health para permitir el intercambio de información clínica con Europa, lo que forzará a su vez un intercambio de esa información entre autonomías.
Farjas, con todo, intentó sacar pecho en esta cuestión argumentando que "son ya 20 millones los españoles que tienen su información clínica en la plataforma de interoperabilidad, y el pasado mes, el 61 por ciento de las recetas dispensadas lo fueron ya por prescripción electrónica".
La secretaria general de Sanidad reconoció junto al presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, "que la norma europea nos exige un cambio profundo para el que todavía no estábamos preparados", en cuestiones como el establecimiento de sistemas de facturación.
Respecto a la publicación de las tarifas que tendrá que realizar cada autonomía, Farjas afirmó que se trabaja en tarifas nacionales, pero reconoció que serán las autonomías las que decidan las suyas "porque lo único que exige la Unión Europea es que sean públicas, transparentes e iguales para todos los que acudan", pero no entre autonomías, sino que si una región aplica unas tarifas concretas éstas no sean diferentes para cada ciudadano. En este sentido, Rodríguez Sendín animó a que estas tarifas sirvan también de referente para las mutuas.
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