Hasta nueve CCAA no aplicarán el copago en fármacos de dispensación hospitalaria, que rechazan pacientes y médicos

Madrid/Logroño (02/10/2013) - E.P.

Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares no aplicarán, ya sea por rechazo o por problemas para su implantación; La Rioja aboga por una aplicación homogénea y coordinada

Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares no aplicarán, ya sea por rechazo o por problemas para su implantación, el copago a medicamentos de dispensación ambulatoria en el hospital, es decir aquellos que "sin tener la calificación de uso hospitalario" sólo se dispensan a pacientes no hospitalizados en las farmacias de los hospitales, que ha entrado en vigor este martes.
Esta medida, que la ministra de Sanidad, Ana Mato, justificaba en la Cámara Baja como una medida de ahorro para garantizar la incorporación de fármacos innovadores al SNS, ha sido rechazada por su fondo por Andalucía -que este lunes hacía efectivo el primer el recurso de alzada contra la medida-, Baleares, Canarias y País Vasco -las dos últimas han anunciado posibles recursos de persistir la medida-.
Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja admitían que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.
Este copago, que se publicaba el jueves 19 de septiembre el Boletín Oficial del Estado, ya se anunció hace unos meses y viene motivado por la necesidad de que todas las CCAA, "que son las que la tienen que poner en vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, señalaban en su momento fuentes de Sanidad.
"Se ha comprobado que no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración y antes de que las CCAA lo pongan en vigor el Ministerio de Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida", han añadido.
157 presentaciones de 50 medicamentos
En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 50 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves -oncológicos, hepatitis, reprodución asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros- que, hasta ahora, estaban exentos de pago.
Estos medicamentos, según señalan desde Sanidad, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un diez por ciento del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros, de acuerdo a la resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. "Esto significa que si el medicamento cuesta 30 euros la aportación será de tres euros, pero si el medicamento cuesta 100 euros la aportación no será más de 4,20 euros".
Rechazo de médicos, pacientes y partidos
Por otra parte, la medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por las comunidades y ha instado al Gobierno a que deje "sin efecto" dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de Mato.
El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha calificado al RD de copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la Sanidad pública; mientras que desde UPyD destacaban la escasa recaudación de la medida.
En cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que la Administración ignore "sistemáticamente" la alta prevalencia de afectados por esta enfermedad; la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), remitía una carta a Mato expresándole "el impacto que supondría en los enfermos de patologías hepáticas"; y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer recordaba que la medida "perjudica a los niños y adolescentes enfermos de cáncer".
Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha calificado de "plenamente injustificado" el copago de fármacos de dispensación hospitalaria ya que, a su juicio, es una medida que plantea "dificultades" en su aplicación y, además, "no contribuye" a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional.
Tambien, FACUA-Consumidores en Acción acusó al Gobierno y, concretamente a Sanidad, de llevar a cabo un "nuevo ataque" contra los enfermos que padecen enfermedades crónicas o graves.
La Rioja aboga por la coordinación
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha abogado porque el nuevo copago en fármacos de dispensación hospitalaria ambulatoria se ponga en marcha "en todas las comunidades" de forma "coordinada y en cooperación, de manera homogénea".
Por ello, ha señalado que "vamos a esperar para tomar la decisión oportuna". El presidente ya detalló el pasado jueves que la medida no entraría este martes en vigor en la comunidad, "dado que se está adaptando el sistema de funcionamiento para poder implantarla".
Sanz ha apuntado que "es una continuidad de lo que ya hacen los ciudadanos normales en las farmacias. Pero hay quien, por tener que tomar unos fármacos singulares, no los pueden comprar en las farmacias, sino que tienen que acudir a comprarlos al hospital"; y ha recordado que son 993 las personas afectadas por esta medida.
De este modo, ha recordado que "la recaudación estimada de la aportación por los medicamentos que necesitan ascendería a 57.000 euros, cuando el coste total de este tipo de fármacos se eleva a 9.500.000 euros para el Gobierno".
Con estas cifras, el mandatario riojano ha afirmado que "en términos económicos, podríamos decir que no los vamos a aplicar, pero sería injusto para con el resto de ciudadanos normales". "Lo que hace falta", ha dicho, "es un sistema igual y con las mismas condiciones en todas partes, para no gravar a nadie".
Ha considerado necesario, por ello, que "esto hay que ponerlo en marcha en todas las comunidades, con un planteamiento de cooperación y coordinación de todos, con una aplicación homogénea", por lo que ha insistido en que "vamos a esperar para tomar la decisión oportuna".