Las quejas en materia sanitaria ante el Defensor del Pueblo aumentan casi un 60 por ciento en 2013
Madrid (24/10/2013) - E.P.
En materia sanitaria, Soledad Becerril hace referencia a las recomendaciones realizadas a distintas comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León y Baleares, ante la demora en las listas de espera que en algunos casos son especialmente "altas"
La institución del Defensor del Pueblo ha recibido en los nueve primeros meses del año un total de 21.459 quejas, de las mientras que en el mismo periodo de 2012 registró un total de 19.411, especialmente en materia de Sanidad, que han aumentado un 59,5 por ciento; Registro Civil y parejas de hecho, así como sobre la Hacienda pública y los tributos, lo que supone un aumento del 10,5 por ciento para este periodo.
Así lo ha confirmado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para informar sobre la actividad de la institución hasta el pasado 30 de septiembre.
En materia sanitaria, Becerril ha hecho referencia en su intervención a las recomendaciones realizadas a distintas comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León y Baleares, ante la demora en las listas de espera, que en algunos casos son especialmente "altas".
A su vez ha avanzado que en su próxima comparecencia en el Congreso en noviembre presentará informes sobre la trata de seres humanos, otro sobre vivienda y situación hipotecaria, y otro sobre los préstamos y ayudas y la reutilización de los libros de texto.
Dentro de su actividad, el Defensor del Pueblo tiene potestad para presentar un recurso de inconstitucionalidad en nombre de una institución, colectivo o persona que así se lo solicite, siempre que lo vea conveniente.
Soledad Becerril ha celebrado que la Secretaría de Estado de Hacienda haya aceptado que se pueda reducir la jornada laboral de aquellos funcionarios públicos con hijos con cáncer u otra enfermedad grave y a las recomendaciones realizadas para garantizar la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas y facilitar el pago de las deudas contraídas con proveedores y prestatarios de estos servicios.
En relación con asuntos de política social hace recomendaciones sobre el acogimiento familiar frente a la residencia, cuando el menor tiene alguna dificultad especial o discapacidad, y para ello pide un estatuto de derechos y deberes de las familias acogedoras y que se organice un programa de garantía y funcionamiento de estos aspectos, con medidas de apoyo económico a las familias que acogen.
Por último, ha hablado de personas con discapacidad e insta a que estas personas que no alcanzan el 33 por ciento, porcentaje base para actuaciones y recepción de ayudas, también puedan acogerse a medidas de fomento del empleo, una recomendación que ha sido aceptada.
Así lo ha confirmado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para informar sobre la actividad de la institución hasta el pasado 30 de septiembre.
En materia sanitaria, Becerril ha hecho referencia en su intervención a las recomendaciones realizadas a distintas comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León y Baleares, ante la demora en las listas de espera, que en algunos casos son especialmente "altas".
A su vez ha avanzado que en su próxima comparecencia en el Congreso en noviembre presentará informes sobre la trata de seres humanos, otro sobre vivienda y situación hipotecaria, y otro sobre los préstamos y ayudas y la reutilización de los libros de texto.
Dentro de su actividad, el Defensor del Pueblo tiene potestad para presentar un recurso de inconstitucionalidad en nombre de una institución, colectivo o persona que así se lo solicite, siempre que lo vea conveniente.
Soledad Becerril ha celebrado que la Secretaría de Estado de Hacienda haya aceptado que se pueda reducir la jornada laboral de aquellos funcionarios públicos con hijos con cáncer u otra enfermedad grave y a las recomendaciones realizadas para garantizar la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas y facilitar el pago de las deudas contraídas con proveedores y prestatarios de estos servicios.
En relación con asuntos de política social hace recomendaciones sobre el acogimiento familiar frente a la residencia, cuando el menor tiene alguna dificultad especial o discapacidad, y para ello pide un estatuto de derechos y deberes de las familias acogedoras y que se organice un programa de garantía y funcionamiento de estos aspectos, con medidas de apoyo económico a las familias que acogen.
Por último, ha hablado de personas con discapacidad e insta a que estas personas que no alcanzan el 33 por ciento, porcentaje base para actuaciones y recepción de ayudas, también puedan acogerse a medidas de fomento del empleo, una recomendación que ha sido aceptada.
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