Se requieren leyes claras para el final de la vida

Fabrizio Turoldo

Diariomedico.com
ESPAÑA
DISCREPANCIAS JURÍDICAS EN REINO UNIDO E ITALIA
Se requieren leyes claras para el final de la vida
La importancia de clarificar legalmente la atención médica de los enfermos terminales ha sido el punto central de un foro de debate celebrado hoy en la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Alain Ochoa - Jueves, 29 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 00:00h.

llave conceptual:
1. Fabrizio Turoldo, profesor de bioética italiano, advierte de que su país vive "un laberinto legal que deja al médico "en una posición muy difícil"

Anne Slowther
La necesidad de leyes claras para las decisiones en el final de la vida ha sido la principal conclusión común de los expertos internacionales que abrieron ayer el foro de debate Muerte digna: El debate que no cesa, organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Fabrizio Turoldo, profesor de Bioética en la Universidad de Venecia Ca Foscari, ha señalado que Italia "es un laberinto legal, donde los derechos de los pacientes no están claros y las condiciones en que pueden rechazar la asistencia o no dependen de la interpretación de los jueces". En efecto, los códigos Penal y Civil datan de los años treinta mientras que la Constitución es del 48.

El resultado "es injusto, ya que casos similares son resueltos de forma distinta, y por tanto ni los pacientes ni los médicos pueden conocer las consecuencias legales de su conducta". Así, ha recordado que la Justicia italiana consideró legal la desconexión de un paciente que así lo solicitaba (Piergiorgio Welby), y posteriormente otro juez presentó cargos contra el médico que llevó a cabo la acción por homicidio. En otros casos -como el de Giovanni Nuvoli- directamente se consideró ilegal y se impidió la suspensión del soporte vital.

Anne Slowther, profesora de Ética Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Warwick (Reino Unido), ha explicado que Reino Unido también está pendiente de una legislación que clarifique toda la normativa al respecto.

El intento anterior de aprobar un texto semejante fue bloqueado por la Cámara de los Lores, pero se considera probable que vuelva a tramitarse en un futuro cercano. Según la experta, hay división de opiniones, "tal vez con una ligera tendencia a favor del suicidio asistido en la sociedad". No obstante, las organizaciones médicas siempre se han manifestado en contra, "señalando que las personas más vulnerables, como ancianos, enfermos mentales y discapacitados, podrían verse presionados para solicitar ese suicidio".

Por todo ello, Slowther cree que acabará siendo necesaria una ley que aporte claridad, aunque considera que serán necesarios más de cinco años para que llegue a aprobarse y, en todo caso, deberá incluir una cláusula reconociendo la objeción de conciencia.

En la mayoría de los casos la normativa británica considera legal el rechazo del tratamiento, aun en pacientes en que ello conduzca necesariamente a la muerte (como la desconexión de un respirador), pero no así ningún tipo de ayuda activa para el fallecimiento. En este sentido, es célebre el caso de la paciente conocida como Lady M, quien llevó su recurso hasta el Tribunal Europeo para estar segura de que su marido no sería juzgado por asistir su suicidio. La instancia europea repitió el veredicto de las demás, ratificando la ley del Reino Unido que penaliza toda ayuda prestada al suicidio.

Aun así, Slowther señala que ya hay más de un centenar de casos de personas que han acudido a Suiza en busca de un suicidio asistido, algunas de forma muy mediática. "Es cierto que técnicamente se podrían presentar cargos contra los familiares que les han acompañado en el viaje, pero por ahora los fiscales no lo han hecho", señala Slowther.

Más confusa es la situación italiana. Por ello, Turoldo cree que la opinión pública cada vez ve más clara la necesidad de regular. "Tanto pacientes como facultativos lo reclaman. Sin una legislación que aporte certezas, los médicos se ven atrapados entre dos posibles vías de actuación, lo que los coloca en posiciones muy difíciles. Y los colectivos pro-vida antes tenían el temor de que regular significase necesariamente una mayor apertura al suicidio asistido. Pero la decisión judicial del caso Englaro -aceptando la desconexión de la paciente- dejó claro que la arbitrariedad puede llevar a ambos tipos de desenlaces".

Llegar al consenso en Italia
"Creo que todas las opiniones coinciden en que si alguien quiere morir deben ofrecérsele otras alternativas pero, por otro lado, si una vez conocidas y probadas esas opciones insiste en rechazar la asistencia, no se puede llegar a usar la coerción".

El problema es que la esfera política "está dividida y le cuesta encontrar un terreno de consenso". Sin embargo, los casos con relevancia mediática "han sido positivos porque han servido para sacar el debate del ámbito académico e involucrar en él a toda la sociedad". Esto, a su vez, ayudará a movilizar a los políticos para que resuelvan la incertidumbre legal, según Turoldo, quien espera que de hecho llegue a aprobarse un texto en los próximos años.

Para el profesor, además, el artículo 32 de la Constitución italiana podría ser ese punto medio "ya que está redactado de forma que en él cabe la posibilidad de rechazar un tratamiento cuando se convierte en encarnizamiento terapéutico, pero también cabe la defensa de la vida y la salud porque se considera un interés colectivo, no individual".

Por tanto se podría llegar a algún tipo de acuerdo sobre esta base "que permita evitar que el médico se limite a hacer lo que el enfermo pide, incluyendo su desconexión, pero evitando también que el facultativo se alce como el único que decide lo que es bueno y malo para el paciente".

El caso andaluz
Por su parte, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, explicó la norma regional actualmente en tramitación y que pretende precisamente regular tanto los derechos de la persona en el final de su vida como los deberes de los facultativos que le atiendan y las garantías con las que debe trabajarse en esos casos.

Montero destacó que el 93,7 por ciento de la población regional apoya el derecho "a vivir dignamente en el proceso de la muerte", según revela el Barómetro Sanitario de Andalucía de 2007, con lo que "sólo uno de cada cien andaluces está en contra de la norma", que ya ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento autonómico.

La consejera subrayó además que prácticamente ocho de cada diez andaluces (el 78,9 por ciento) expresaron en dicha encuesta que preferirían no prolongar su vida en una situación irreversible sin disfrutar de una mínima calidad de vida. Por ello, la oportunidad de la Ley responde, según Montero, a una demanda social.

Durante su intervención, la titular de Salud señaló que la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte "nace del trabajo y el consenso de más de 60 colectivos", principalmente profesionales, sindicatos y sociedades científicas, así como asociaciones de pacientes y representantes de las distintas creencias morales y religiosas.

El peso de la religión

Fabrizio Turoldo explicó la presencia de elementos religioso en el debate italiano. "Por un lado hay una postura oficial del Vaticano, pero dentro de la Iglesia hay diferentes posiciones, incluso entre importantes pensados y representantes, como obispos y arzobispos".

Así, Turoldo recordó una carta del cardenal Martini -que en su día llegó a ser considerado papable- en un periódico en el que defendía el derecho del paciente a decidir cuándo un tratamiento le resultaba ya imposible de sobrellevar y entraba, para él, en el terreno del encarnizamiento.

"Hay, pues, un debate profundo entre los católicos, más allá de lo que suele trascender fuera de Italia". Además, el caso de Eluana Englaro marcó, a su juicio, un antes y un después en la sensibilidad de este colectivo. "Ahora perciben más claramente que la ausencia de una legislación es negativa, defienda uno la opción que defienda. Eso ayudó a que aceptaran entrar en el debate".

En Reino Unido, en cambio, Anne Slowther considera que el debate ha estado más centrado en el terreno seglar. "Las iglesias mayoritarias -tanto la anglicana como la católica- tienen una opinión firme en contra de toda medida que se interprete como acelerar o provocar la muerte, y eso ha tenido cierta influencia principalmente en la actitud de la Cámara de los Lores, donde hay varios obispos y, en general, gente muy religiosa. Pero aparte de eso el peso de este factor no ha sido tan grande".