Jiménez recuerda a Farmaindustria que el plan de contención del gasto es una decisión política

POLÍTICA SANITARIA
Jiménez recuerda a Farmaindustria que el plan de contención del gasto es una decisión política
JANO.es y agencias · 24 Marzo 2010 12:58

La ministra de Sanidad afirma respetar los intereses de la industria, pero destaca que el Real Decreto Ley se ha elaborado “desde el consenso y el equilibrio”

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que respeta los intereses de la industria farmacéutica y entiende su posicionamiento, tras las medidas de contención presentadas a las comunidades autónomas para reducir el gasto sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero recordó que se trata de una decisión política para la que “se necesita el consenso de todos los grupos”.

En el marco de la Conferencia sobre Donación y Trasplante de Órganos inaugurada en Madrid, Jiménez insistió en que el Real Decreto Ley presentado la semana pasada en el Consejo Interterritorial del SNS se ha elaborado “desde el consenso y el equilibrio”.

Sin embargo, reconoció que para que dicha norma salga adelante necesita el apoyo de los grupos parlamentarios y no de Farmaindustria, con quien se reunió “por una cuestión de respeto institucional”. Es más, precisó, “ellos en ningún momento han pedido entrar en el debate y la discusión, y sólo han hecho valer su posición”.

Pese a todo, Jiménez aseguró que en dicho encuentro recogieron la posición de la industria “para tratar de ver si alguna de las cuestiones que les manifestaron pueden ser tenidas en cuenta”.

Entre las medidas, la industria reconoció que “el hecho de que no se haya introducido una rebaja lineal en el precio de los medicamentos es para ellos fundamental, puesto que se evita que el recorte pueda afectar a la industria innovadora y la investigación”, relató Jiménez.

El Real Decreto Ley presentado el pasado jueves a las comunidades autónomas será previsiblemente aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deberá ser aprobado en el Parlamento en un plazo máximo de 30 días.
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