"¿Es legítimo promover la evidencia en medicina y no en política sanitaria?" :: Diariomedico.com :: ESPAÑA

encuentro 'A propósito de la cuarta garantía' José Asúa, Salvador Peiró, Encarnación Cruz -subdirectora de compras de Farmacia y Productos Sanitarios de Madrid-, Antoni Gilabert y Pedro Serrano. (José Luis Pindado)

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PEDRO SERRANO, DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD
"¿Es legítimo promover la evidencia en medicina y no en política sanitaria?"

Tenemos el ejemplo del NICE británico, del Iqwig alemán, de todas las agencias europeas y norteamericanas de evaluación que ayudan a sus gobiernos a tomar decisiones en materia de salud; a pesar de ello, los expertos españoles llevan años predicando en el desierto sobre la conveniencia de incorporar la evaluación económica a la política.

Rosalía Sierra - Martes, 27 de Abril de 2010 - Actualizado a las 00:00h.


llaves conceptuales:
1. Salvador Peiró: "Un problema esencial es el descrédito de la política y la existencia de un mercado electoral ajeno al coste-efectividad"
2. Pedro Serrano: "Parecía impensable llegar a 2010 sin haber incorporado la evaluación, así que nada asegura que no queden décadas así"
3. Antoni Gilabert: "Debemos mejorar la eficiencia, considerando el alto coste de oportunidad que tiene no incorporar la cuarta garantía"

Los devotos de la evaluación económica de tecnologías sanitarias y medicamentos están que trinan. "Hace años que oímos, principalmente de boca de políticos, que tenemos que hacer, pero luego no se hace nada. Hace una década nos parecía impensable llegar a 2010 sin haber incorporado la evaluación como cuarta garantía, así que nada nos asegura que no nos queden décadas en esta situación", se ha quejado Pedro Serrano, jefe del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud, durante el encuentro A propósito de la cuarta garantía, organizado en Madrid por la Fundación Gaspar Casal y Merck (ver DM de ayer).

A su juicio, existe un doble rasero político "al exigir que el conocimiento científico se incorpore en la toma de decisiones mientras los mecanismos de evaluación están completamente ausentes de las políticas autonómicas". En este sentido, Serrano se pregunta si "es legítimo promover la medicina basada en la evidencia y no hacer lo mismo con las políticas sanitarias". Sin embargo, reconoce que se empieza a ver la luz al final del túnel: "Algunas autonomías, como Cataluña y País Vasco, están incorporando estas técnicas, y lo hacen simplemente porque quieren hacer las cosas mejor".

Antoni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del CatSalut, ha descrito el trabajo realizado por la Comisión Evaluación Económica y de Impacto Presupuestario de Cataluña para "mejorar la eficiencia en la utilización de medicamentos, considerando el alto coste de oportunidad que tiene la no incorporación de la cuarta garantía". Por ello, su departamento está decidido a continuar durante los próximos años con "las revisiones sistemáticas de coste-efectividad de los principales grupos terapéuticos, iniciar las evaluaciones económicas y de impacto presupuestario de los ptratamientos farmacológicos de alta complejidad, ampliar la difusión y seguimiento de las recomendaciones en esta materia y fomentar la formación en farmacoeconomía".

Por su parte, José Asúa, director de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, se muestra de acuerdo en que "las decisiones deben tomarse considerando la eficiencia". Por eso, su departamento, además de "trabajar en red para intercambiar experiencias", tiene claro que los análisis que emite la Agencia Vasca de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Osteba) son tremendamente útiles: "Recientemente realizó una evaluación económica de la utilización del retinógrafo no midriático digital, que estaba en fase de pilotaje. Al revelar que la inversión en estos equipos se recupera en tres años, mucho menos tiempo que la vida útil de los aparatos, ha permitido su extensión por todo el País Vasco". Lo mismo ha sucedido con la teledermatología, que resulta ser "un 35 por ciento más barata que la consulta cara a cara en un sistema público equipado con una red de telecomunicaciones propia".

Falta de credibilidad
Los expertos critican que esta actitud no se extienda al resto de autonomías -sólo existen 6 agencias de evaluación regionales, y no todas influyen en la toma de decisiones-, principalmente por "el descrédito de la política y la existencia de un mercado electoral ajeno al coste-efectividad", dice Salvador Peiró, de la Unidad de Investigación de Servicios de Salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Generalitat Valenciana, que, no obstante, reconoce que es difícil hacer caso de la evaluación económica porque "es muy manipulable. Casualmente, en los estudios que se hacen comparando fármacos siempre resulta coste-efectivo el del laboratorio que ha pagado el trabajo".