Inminente aprobación de la Ley General de Salud Pública :: EL MÉDICO INTERACTIVO :: ESPAÑA

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Inminente aprobación de la Ley General de Salud Pública

Javier Granda Revilla

Se creará una Agencia Española de Salud Pública, según ha señalado Ildefonso Hernández, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social


Barcelona (29/31-5-10).- El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social Ildefonso Hernández presentó los aspectos más destacados del anteproyecto de la Ley General de Salud Pública, que apuesta firmemente por incorporar la salud y la equidad a todas las políticas, por la prevención y por la creación de la Agencia Española de Salud Pública. Su intervención se produjo en la clausura de las Jornadas sobre los determinantes sociales de la salud, celebradas el pasado jueves 27 y viernes 28 en la capital catalana y enmarcadas en la presidencia española de la Unión Europea.

Como explicó Hernández, la norma ha sufrido un retraso en espera de que el Ministerio de Hacienda dé su visto bueno, tal y como ha hecho el ministerio de Política Territorial. Según sus cálculos, este trámite se producirá en un plazo de 10 días tras el que la norma será enviada y posteriormente aprobada en consejo de ministros.

La principal diferencia respecto a la de 1986, en opinión del responsable del Ministerio de Sanidad es que esta nueva ley se centrará en la ordenación de los servicios asistenciales. “La ley 14/1986 señalaba que todo debía girar en torno a la prevención y prevención de la salud, pero no se concretó. El anteproyecto pretende retomar el espíritu de esa ley, priorizando la vertiente preventiva, con un marco legal de actuaciones de salud pública, adaptando la salud pública a los conocimientos científicos”, señaló Hernández.

Salud y equidad en todas las políticas

De este modo, la nueva ley pretende incorporar la salud y la equidad en todas las políticas y para ello se creará una Agencia Española de Salud Pública “con dos ejes generales: tratar de establecer un marco general estatal para que la equidad y la salud sean posibles y un marco adaptado a la estructura estatal, con cohesión y con una red de salud pública común también en la evaluación del impacto en salud”. Esta medida se establece ante la imposibilidad de que cada municipio lo haga de manera individual “pero sí puede tener a su disposición expertos de forma compartida”

La ley tiene como objetivo principal, como es evidente, mejorar la salud de la población. Entre sus títulos más relevantes destacan los derechos y deberes referentes a la Salud Pública, las intervenciones en este ámbito y la organización necesaria. En el título preliminar se establece que la salud pública se considera un bien global, con un predominio de la salud pública sobre lo asistencial.

“En los derechos y deberes de los pacientes debe primar la transparencia, buscando la participación de la sociedad civil y las entidades, con una serie de criterios a cumplir como la transparencia o la responsabilidad”, detalló el responsable sanitario. Entre los derechos, destacan los del reconocimiento del riesgo, a una información imparcial ante cualquier riesgo biológico, físico o químico que pudiera afectar a la salud de la población y a la seguridad de las intervenciones de la población. Se prestará además especial atención a las garantías que aseguren la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Además, se apostará por una valoración no sesgada de las intervenciones sanitarias, con declaraciones públicas de intereses por parte de los expertos.

La nueva ley también fomentará las sinergias entre departamentos sanitarios y no sanitarios en políticas de vigilancia de la salud pública “que deberán estar vigentes 24 horas al día, 365 días al año”, tanto de determinantes sociales como riesgos ambientales y alimentarios que se servirá de una red estatal de vigilancia en salud pública.

Aumentar el intercambio de información

En cuanto a la información en salud pública, Hernández indicó la necesidad de aumentar el intercambio de información entre autoridades sanitarias y Administración pública o privada de forma recíproca. La vigilancia incorporará biomonitorización, aunque aún está pendiente de decidir la periodicidad.

La organización de la salud pública estará integrada en el Sistema Nacional de Salud y será “de calidad e influyente en el resto de políticas gubernamentales”. Los organismos participantes serán el Ministerio de Sanidad y Política Social, el Consejo Interterritorial, la Agencia Española de Salud Pública –a través del Centro de evaluación de políticas de salud pública y prevención de enfermedades, el comité asesor de salud pública y la Red española de expertos en salud pública–, los organismos e instituciones de las comunidades autónomas y las organizaciones de la salud pública en el municipio. La estructura definitiva está aún por definir.