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Sanidad estudia recurrir ley la gallega que creará un catálogo de medicamentos
JANO.es y agencias · 29 Diciembre 2010 10:37
Fedifar y Sefac denuncian que vulnera el principio de igualdad de los pacientes al acceso a la prestación farmacéutica.
El Ministerio de Sanidad estudia, para decidir si la recurre, la ley gallega de racionalización del gasto farmacéutico por la que se creará un catálogo de medicamentos priorizado, aprobada por el Parlamento de Galicia. Según fuentes del ministerio, se está analizando el texto para “ver qué contiene” y determinar “si invade competencias”.
El pasado día 21 de diciembre, con los votos del PPdeG y del BNG, el Parlamento gallego dio luz verde a la propuesta de ley por la que se creará un catálogo priorizado de medicamentos en la comunidad gallega.
Los socialistas, que se abstuvieron en la votación del informe de la ponencia en la comisión parlamentaria anterior, se han decantado por el “no” a esta iniciativa legislativa y mantienen sus dudas sobre las “competencias” de Galicia para impulsar normativa.
Al respecto, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) ha expresado su “rechazo frontal” a la ley, consideran que “fija un catálogo de medicamentos financiados y discrimina a los pacientes de esta comunidad respecto a los de otras, que sí pueden acceder a todos los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud y aprobados por el Ministerio de Sanidad”.
“Con la medida de la Xunta habrá pacientes que no puedan seguir su tratamiento actual, pues su medicamento quedará fuera del catálogo de financiados”, advierte Fedifar. “A cambio, los pacientes recibirán un medicamento alternativo que podría cambiar cada dos meses, periodo mínimo de vigencia del catálogo según la ley gallega. Esto compromete la adherencia a los tratamientos, sobre todo en los mayores polimedicados”, añade.
Además, avisa del “serio riesgo de desabastecimiento” que podría provocar la entrada en vigor de la norma. “La ley no recoge plazos de aplicación del catálogo, aún no publicado por la Xunta, lo que no deja margen de maniobra a los almacenes para garantizar el suministro del mercado”, señala la Federación.
Asimismo, recuerda que industria, distribución y oficinas de farmacia se encuentran en un proceso de cambio de precios de los medicamentos por la aplicación de la orden de precios de referencia nacional publicada el pasado 26 de noviembre. “Esto supone que, ahora, hay laboratorios que están bajando el precio de sus productos, con lo que el catálogo introduce más confusión entre los agentes, lo que conlleva mayor riesgo de faltas de suministro”, manifiesta.
Por otro lado, para Fedifar, “estas medidas unilaterales van a provocar inequidades” en la prestación farmacéutica del SNS en cuanto a qué medicamentos tendrá o no derecho el paciente según su lugar de residencia.
Por ello, Fedifar pide a las comunidades que usen el Consejo Interterritorial del SNS y el diálogo con los agente de la cadena del medicamento “para consensuar medidas estructurales para racionalizar el gasto farmacéutico que incidan sobre la demanda” -hábitos de consumo de fármacos, pautas de prescripción, hábitos de vida saludable y otras-, “no sobre la oferta, ya suficientemente comprometida”, matiza.
“Y Galicia es una más de las comunidades que está aprobando o proponiendo iniciativas para recortar la factura pública en medicamentos a costa de los derechos de los pacientes y del deterioro irreversible de las empresas del sector”, resalta.
Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) señala que el nuevo catálogo gallego de medicamentos vulnera el principio de igualdad de los pacientes al acceso a la prestación farmacéutica y lamenta las “graves consecuencias” que para el sector farmacéutico y la ciudadanía se derivarán de la aprobación en el Parlamento Gallego.
A su juicio, esta medida supondrá el fin de la financiación por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) de medicamentos que sí se prescriben y dispensan en otras comunidades de España en el ámbito del SNS.
Este catálogo, cuya aprobación tendrá lugar mañana jueves, 30 de diciembre, vulnera, según Sefac, el principio de igualdad de acceso a la prestación farmacéutica recogido en las Leyes 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS.
Sefac denuncia que con el nuevo catálogo de medicamentos los gallegos “se convertirán en ciudadanos de segunda en lo que a las prestaciones farmacéuticas se refiere”, ya que “ni el médico podrá prescribirlos ni el ciudadano residente en Galicia tendrá acceso a los mismos medicamentos y productos sanitarios que el resto de los ciudadanos españoles cuando la prescripción y dispensación de los mismos se realice fuera del ámbito territorial de esta comunidad”.
Por lo tanto, a su juicio, se trata de una medida “clara de discriminación” y “representa un atentado contra la libre prescripción médica, la equidad de los pacientes en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho a acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a los ciudadanos residentes fuera de Galicia”. Además, repercutirá de igual forma en aquellos pacientes que, estando desplazados, requieran recibir asistencia sanitaria en la Comunidad gallega.
En cuanto al sector farmacéutico, explica que tendrá graves consecuencias que “se traducirán en importantes pérdidas económicas y de empleos, no sólo en la industria farmacéutica sino también en otros agentes de la cadena del medicamento, especialmente en las oficinas de farmacia”. A estas consecuencias suma el riesgo de deterioro de un servicio básico para la población.
Finalmente, recuerda que la Xunta no tiene competencia para modificar las condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios en Galicia, ni para excluir, mediante un catálogo propio, medicamentos y productos sanitarios que están incluidos por el Ministerio de Sanidad en el Nomenclator.
Por tanto, solicita la anulación del catálogo y reclama a las administraciones competentes que, de oficio, interpongan el correspondiente recurso contra esta norma por ser inconstitucional. Y, mientras se resuelve la situación, demanda el establecimiento de un período de convivencia con el objeto de que las oficinas de farmacia tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación y puedan seguir dando a los usuarios el servicio de calidad que siempre se ha dado.
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