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Oficinas de Farmacia, Distribución, Industria Farmacéutica Innovadora e Industria Farmacéutica de Genéricos se unen en defensa de la prestación farmacéutica en España

Redacción

Estas instituciones elaboran un manifiesto conjunto alertando de las irreparables consecuencias de determinadas medidas autonómicas de política farmacéutica, reiteran su compromiso con el SNS y defienden la unidad, cohesión e igualdad de acceso a los medicamentos en España


Madrid (27-1-11).- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y la Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Genéricas (AESEG) han decidido manifestar su rechazo ante las restricciones a la prestación farmacéutica adoptadas o anunciadas por varias comunidades autónomas.

Estas medidas, en opinión de los firmantes del manifiesto, restringen en su territorio la oferta de medicamentos y productos sanitarios cubierta por la prestación farmacéutica del SNS, con los consiguientes impactos para los ciudadanos y para los diferentes agentes sanitarios.

Así, las oficinas de farmacia, los distribuidores farmacéuticos, la industria innovadora y la industria de genéricos manifiestan: en primer lugar que éstos “están ya realizando una contribución extraordinaria a la sostenibilidad económica del SNS como consecuencia del efecto directo de los dos reales decretos-ley aprobados en marzo y mayo de 2010, que se suma a las aportaciones que desde hace años cada sector viene efectuando al SNS, así como a las políticas de precios de referencia puestas en marcha”.

En segundo lugar, que en concreto “el impacto de estos dos reales decretos-ley asciende a 2.855 millones de euros anuales (un catorce por ciento de la facturación del sector), lo que ha supuesto de manera inmediata una fuerte caída del gasto farmacéutico público ya en 2010. Esta cuota de responsabilidad es la más alta asumida por un solo sector en el duro ajuste que está sufriendo el gasto público en España”.

Por otra parte, “lo anterior está suponiendo un elevado coste en términos de pérdida de empleo de alta cualificación y mayoritariamente femenino, que se prevé alcance en su conjunto 25.000 personas entre industria, distribución, oficinas de farmacia y proveedores de bienes y servicios de los tres agentes. Este impacto también está teniendo consecuencias muy negativas sobre la inversión empresarial y la I+D. Se trata de un coste elevadísimo en un sector estratégico cuya construcción ha supuesto décadas de inversión privada y pública y cuya recuperación no sería posible sino a muy largo plazo”, señalan.

Medidas adicionales de algunas CCAA

Los firmantes del manifiesto denuncian que, además de los dos reales decretos-ley extraordinarios, determinadas CCAA “están adoptando medidas que restringen en su territorio la oferta de medicamentos cubierta por la prestación farmacéutica del SNS, introduciendo diferencias de acceso e inequidades entre los ciudadanos españoles en función de la comunidad en la que residen”.

Y se refieren expresamente al catálogo propio de medicamentos (Galicia), al proyecto de licitación pública en determinados principios activos y productos sanitarios (Andalucía) y a la supresión de medicamentos en la prescripción electrónica (Castilla-La Mancha), “entre otros”.

La diferencia de acceso de los pacientes a los medicamentos en función de donde residan “se traduce en una ruptura de la unidad de mercado, afectando gravemente a las actividades de la industria innovadora y de genéricos, los distribuidores y las oficinas de farmacia”. Y esas medidas de restricción de la oferta de algunas CCCAA en su territorio “trasgreden el marco normativo, que establece que la prestación farmacéutica y sus condiciones (cobertura, precios y márgenes) son fijadas por el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social para toda España”.

Por último, los efectos de nuevas medidas que restrinjan la oferta efectiva de medicamentos “vendrían a sumarse a las medidas ya decretadas, multiplicando sus efectos negativos sobre el empleo, la inversión del sector y la I+D, especialmente en las comunidades que las adoptan, abocando al cierre de empresas farmacéuticas, de distribución y oficinas de farmacia”.

Conclusiones

Ante esta grave situación, el CGCOF, la FEDIFAR, Farmaindustria y la AESEG hacen un llamamiento para que se respeten las competencias del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social y se vele de forma efectiva por la aplicación de la distribución de competencias para mantener la unidad, cohesión e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en toda España.

Asimismo, consideran necesario que los responsables políticos evalúen la necesidad de aportar recursos suficientes para financiar adecuadamente la Sanidad, puesto que los retrasos en los pagos a los proveedores -industria y oficinas de farmacia- están estrangulando el normal desarrollo de su actividad, con consecuencias imprevisibles si esta situación se prolonga más en el tiempo.

Por último, quieren dejar constancia de su “compromiso por contribuir a mantener un Sistema Nacional de Salud de la máxima calidad, que es uno de los grandes activos sociales y económicos con los que cuenta España, y, por tanto, manifiestan su disposición para alcanzar una mejor gobernanza de la prestación farmacéutica.
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