La agencia ambiental de Obama, paralizada por el acoso político
El informe que señaló las emisiones como un problema sanitario tendrá que ser revisado - La mayoría republicana tacha al regulador de "destructor de empleo"
DAVID ALANDETE - Washington - 01/10/2011
La única institución gubernamental que se ha atrevido a planificar e implantar reformas medioambientales en Estados Unidos, la Agencia de Protección Medioambiental, dependiente de la Casa Blanca, se halla bajo acoso político desde que Barack Obama llegara al poder hace casi tres años. Uno de los mayores golpes contra sus funciones se lo ha asestado su propia oficina de inspección de asuntos internos, que después de un pormenorizado escrutinio la ha acusado de llegar de forma precipitada y errónea a la conclusión, en 2009, de que los gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud de los seres humanos.
Esa es una conclusión a la que la ciencia llegó hace ya tiempo, pero que la clase política norteamericana se resistió a asumir durante largos años. Y cuando lo hizo, fue porque el Tribunal Supremo se lo exigió en una sentencia de 2007, durante los últimos años del mandato de George W. Bush. Entonces, la máxima instancia judicial del país exigió a la Agencia Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que determinara si los gases contaminantes eran perjudiciales para la salud humana. Si lo eran, le encargaba que regulara su limitación.
La EPA inició entonces un proceso de análisis científico sobre los efectos de la contaminación en las personas. Estancado durante meses, sólo se finalizó, por la vía rápida, cuando Obama asumió el poder. "La conclusión principal es que la contaminación con gases de efecto invernadero es un grave problema, para esta y para futuras generaciones", dijo entonces la directora de la agencia, Lisa P. Jackson. "El problema de la contaminación tiene una solución: crear miles de trabajos en el sector de las renovables y acabar con la dependencia del petróleo extranjero". Aquella conclusión permitió al presidente sortear las divisiones en el Congreso y ordenar a la EPA que comenzara a limitar las emisiones contaminantes fábrica a fábrica por decreto. Fue una de las decisiones más polémicas de Obama, que el presidente asumió después de comprometerse en la cumbre del clima de Copenhague de 2009 a reducir las emisiones de CO
2 un 17% para 2020 y un 83% para 2050, con respecto a 2005.
Inmediatamente, los republicanos y algunos demócratas conservadores acusaron a Obama de ignorar al poder legislativo e imponer normas por la vía ejecutiva. El caso es que el Supremo y el informe de la EPA de 2009 se lo permitían. El Senado pidió una investigación independiente, que ha publicado sus conclusiones esta semana. Las críticas son eminentemente formales, centradas en el proceso de revisión de conclusiones por parte de la comunidad científica.
"Ese informe de 2009 no cumple con los requerimientos básicos de escrutinio por parte de científicos influyentes, principalmente porque las revisiones a las que se sometió al informe, y la respuesta a ellas por parte de la EPA, no se han hecho públicas, y porque entre los 12 científicos que accedieron al informe y lo revisaron, uno era un empleado de la propia EPA", dice el nuevo estudio del inspector general. Este no evalúa la calidad científica de los datos empleados en el informe de 2009.
Para los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y los Gobiernos de 29 de los 50 Estados de la Unión, esta crítica del inspector general es la vía que buscaban para someter a la EPA a un proceso de escrutinio legislativo, en el que quieren desautorizarla y despojarla de la capacidad de emitir normas vinculantes por la vía ejecutiva. El líder de la mayoría republicana en la Cámara, Eric Cantor, ha acusado a la EPA de ser "una destructora de empleo". Sus compañeros de bancada han pedido que se abra una investigación en el Congreso.
"Este informe demuestra que la conclusión de que existe una amenaza contaminante para los seres humanos, que es la base de las regulaciones que tantos puestos de trabajo han destruido, fue precipitada, parcial y errónea", dijo el senador republicano James Inhofe. "Pone en seria duda la integridad científica de los procesos de decisión de la EPA, y daña gravemente la credibilidad de la conclusión de que existe una amenaza".
El 3 de septiembre, Obama cedió a las presiones de los republicanos y de la crisis económica, y prohibió a la EPA que imponga nuevas restricciones a las emisiones de ozono hasta dentro de dos años, revirtiendo una de sus primeras decisiones como presidente. El presidente evitó así imponer severos ajustes a fábricas y refinerías en un año de elecciones, como será el próximo.
La inspección pedida por el Senado se basa en errores de forma
Están en juego las capacidades reguladoras del organismo
Esa es una conclusión a la que la ciencia llegó hace ya tiempo, pero que la clase política norteamericana se resistió a asumir durante largos años. Y cuando lo hizo, fue porque el Tribunal Supremo se lo exigió en una sentencia de 2007, durante los últimos años del mandato de George W. Bush. Entonces, la máxima instancia judicial del país exigió a la Agencia Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que determinara si los gases contaminantes eran perjudiciales para la salud humana. Si lo eran, le encargaba que regulara su limitación.
La EPA inició entonces un proceso de análisis científico sobre los efectos de la contaminación en las personas. Estancado durante meses, sólo se finalizó, por la vía rápida, cuando Obama asumió el poder. "La conclusión principal es que la contaminación con gases de efecto invernadero es un grave problema, para esta y para futuras generaciones", dijo entonces la directora de la agencia, Lisa P. Jackson. "El problema de la contaminación tiene una solución: crear miles de trabajos en el sector de las renovables y acabar con la dependencia del petróleo extranjero". Aquella conclusión permitió al presidente sortear las divisiones en el Congreso y ordenar a la EPA que comenzara a limitar las emisiones contaminantes fábrica a fábrica por decreto. Fue una de las decisiones más polémicas de Obama, que el presidente asumió después de comprometerse en la cumbre del clima de Copenhague de 2009 a reducir las emisiones de CO
2 un 17% para 2020 y un 83% para 2050, con respecto a 2005.
Inmediatamente, los republicanos y algunos demócratas conservadores acusaron a Obama de ignorar al poder legislativo e imponer normas por la vía ejecutiva. El caso es que el Supremo y el informe de la EPA de 2009 se lo permitían. El Senado pidió una investigación independiente, que ha publicado sus conclusiones esta semana. Las críticas son eminentemente formales, centradas en el proceso de revisión de conclusiones por parte de la comunidad científica.
"Ese informe de 2009 no cumple con los requerimientos básicos de escrutinio por parte de científicos influyentes, principalmente porque las revisiones a las que se sometió al informe, y la respuesta a ellas por parte de la EPA, no se han hecho públicas, y porque entre los 12 científicos que accedieron al informe y lo revisaron, uno era un empleado de la propia EPA", dice el nuevo estudio del inspector general. Este no evalúa la calidad científica de los datos empleados en el informe de 2009.
Para los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y los Gobiernos de 29 de los 50 Estados de la Unión, esta crítica del inspector general es la vía que buscaban para someter a la EPA a un proceso de escrutinio legislativo, en el que quieren desautorizarla y despojarla de la capacidad de emitir normas vinculantes por la vía ejecutiva. El líder de la mayoría republicana en la Cámara, Eric Cantor, ha acusado a la EPA de ser "una destructora de empleo". Sus compañeros de bancada han pedido que se abra una investigación en el Congreso.
"Este informe demuestra que la conclusión de que existe una amenaza contaminante para los seres humanos, que es la base de las regulaciones que tantos puestos de trabajo han destruido, fue precipitada, parcial y errónea", dijo el senador republicano James Inhofe. "Pone en seria duda la integridad científica de los procesos de decisión de la EPA, y daña gravemente la credibilidad de la conclusión de que existe una amenaza".
El 3 de septiembre, Obama cedió a las presiones de los republicanos y de la crisis económica, y prohibió a la EPA que imponga nuevas restricciones a las emisiones de ozono hasta dentro de dos años, revirtiendo una de sus primeras decisiones como presidente. El presidente evitó así imponer severos ajustes a fábricas y refinerías en un año de elecciones, como será el próximo.
Más allá del negacionismo climático
Las regulaciones de dióxido de carbono no son el único enemigo de los republicanos. En su afán de desregulación, han votado a favor de paralizar nuevas restricciones a la emisión de otros contaminantes que conllevan graves efectos para la salud, como el mercurio de las cementeras. Presionados por el sector, intentan detener unas nuevas normas que, según aseguran, costarían 1.800 puestos de trabajo.
La Agencia de Protección Medioambiental impondrá pronto nuevas normas para la fabricación de cemento, que obligarán a reducir en un 90% las emisiones de mercurio a las aguas residuales. El mercurio afecta gravemente al desarrollo del cerebro y el sistema nervioso de fetos y recién nacidos, y llega a las embarazadas a través del consumo de pescados y mariscos contaminados.
La semana pasada, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, votó a favor de retrasar la entrada en vigor de esas normas y de crear un comité de inspección que emita una estimación aproximada de cuánto costarían las nuevas regulaciones.
Las empresas cementeras han donado más de un millón de dólares (unos 730.000 euros) a candidatos políticos en los pasados dos años. El 80% ha ido a manos de republicanos. Su principal queja es que el sector ha salido gravemente dañado de la crisis, perdiendo 4.000 puestos de empleo.
En el caso del mercurio, los republicanos van más allá del mero negacionismo climático. No se trata de un contaminante que afecta a la capa de ozono, sino de un material altamente nocivo. El presidente Barack Obama tiene ahora la potestad de vetar cualquiera de esas normas, que deben aprobarse aún en el Senado.
La Agencia de Protección Medioambiental impondrá pronto nuevas normas para la fabricación de cemento, que obligarán a reducir en un 90% las emisiones de mercurio a las aguas residuales. El mercurio afecta gravemente al desarrollo del cerebro y el sistema nervioso de fetos y recién nacidos, y llega a las embarazadas a través del consumo de pescados y mariscos contaminados.
La semana pasada, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, votó a favor de retrasar la entrada en vigor de esas normas y de crear un comité de inspección que emita una estimación aproximada de cuánto costarían las nuevas regulaciones.
Las empresas cementeras han donado más de un millón de dólares (unos 730.000 euros) a candidatos políticos en los pasados dos años. El 80% ha ido a manos de republicanos. Su principal queja es que el sector ha salido gravemente dañado de la crisis, perdiendo 4.000 puestos de empleo.
En el caso del mercurio, los republicanos van más allá del mero negacionismo climático. No se trata de un contaminante que afecta a la capa de ozono, sino de un material altamente nocivo. El presidente Barack Obama tiene ahora la potestad de vetar cualquiera de esas normas, que deben aprobarse aún en el Senado.
Avances y retrocesos
- Abril de 2009. La Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) determina, por primera vez en su historia, que el dióxido de carbono es perjudicial para la salud humana.
- Junio de 2009. La Cámara de Representantes aprueba la primera ley que limitaría las emisiones contaminantes en Estados Unidos.
- Diciembre de 2009. En la cumbre del clima de Copenhague, Obama se compromete a imponer límites a la contaminación para reducir las emisiones de CO
2 en un 17% para 2020 tomando como base los niveles de 2005.
- Abril de 2010. La Casa Blanca anuncia que renuncia a imponer un sistema de tope y comercio de emisiones como el que ha adoptado Europa para contener las emisiones del sector industrial.
- Julio de 2010. El Senado, de mayoría demócrata, anuncia que no votará la ley aprobada por la Cámara un año antes para limitar emisiones. La norma muere en el Capitolio.
- Abril de 2011. Obama pacta una serie de recortes con los republicanos, por los cuales elimina el 16% del presupuesto anual de la EPA.
- Septiembre de 2011. El presidente de Estados Unidos le pide a la EPA que no imponga nuevas normas de limitación de las emisiones de ozono (O3
) hasta dentro de dos años, para no entorpecer la recuperación económica.
- Junio de 2009. La Cámara de Representantes aprueba la primera ley que limitaría las emisiones contaminantes en Estados Unidos.
- Diciembre de 2009. En la cumbre del clima de Copenhague, Obama se compromete a imponer límites a la contaminación para reducir las emisiones de CO
2 en un 17% para 2020 tomando como base los niveles de 2005.
- Abril de 2010. La Casa Blanca anuncia que renuncia a imponer un sistema de tope y comercio de emisiones como el que ha adoptado Europa para contener las emisiones del sector industrial.
- Julio de 2010. El Senado, de mayoría demócrata, anuncia que no votará la ley aprobada por la Cámara un año antes para limitar emisiones. La norma muere en el Capitolio.
- Abril de 2011. Obama pacta una serie de recortes con los republicanos, por los cuales elimina el 16% del presupuesto anual de la EPA.
- Septiembre de 2011. El presidente de Estados Unidos le pide a la EPA que no imponga nuevas normas de limitación de las emisiones de ozono (O3
) hasta dentro de dos años, para no entorpecer la recuperación económica.
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