La contrarreforma
Los cambios que anuncia Ruiz-Gallardón en la ley del aborto auguran un retroceso para la mujer
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmó ayer su proyecto de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 para regresar al modelo anterior, si bien de sus palabras no se puede descartar que acabe impulsando un sistema aún más restrictivo que el que contemplaba la ley de 1985. Consecuente con la ideología de su partido, pero también y, sobre todo, extremadamente permeable al sector más reaccionario del mismo, Ruiz-Gallardón no pretende únicamente derogar el artículo que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de los padres. También anunció, sin más concreciones, que se pondrá fin al modelo de plazos.
El PP, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra parte de la norma de 2010, siempre se ha opuesto a que las menores puedan abortar sin consentimiento parental. Legalmente tiene sentido porque los jóvenes de 16 y 17 años, según la Ley de Autonomía del Paciente, pueden someterse libremente a una operación quirúrgica y están facultados para casarse y tener hijos. El proyecto del PP devuelve la cuestión a la situación anterior, en la que una joven podía decidir tener un hijo, pero no lo contrario.
Pero más allá del asunto de las menores, que efectivamente cuenta con un respaldo social más frágil, la contrarreforma de Ruiz-Gallardón amenaza con hurtar de nuevo a la mujer, mayor o menor de edad, la capacidad de decidir sobre su maternidad, algo tan íntimo e intransferible. El regreso a la ley de 1985 es la vuelta a la minoría de edad de las mujeres, dependientes de decisiones ajenas y obligadas casi por norma a mentir. El 90% de los abortos voluntarios que se practican en España se acogen al tercer supuesto de riesgo de la vida o la salud de la mujer.
Pero la intención del ministro es más expeditiva. Analizar en profundidad los supuestos “de inexistencia de reproche penal” en caso de aborto es una florida expresión que puede desembocar en la persecución penal de las que aborten. El guiño a los movimientos provida utilizando sus mismos argumentos de “derecho a la vida” augura un retroceso histórico. Volver a 1985 puede ser el escenario menos malo si se tiene en cuenta que limitarse a amputar la ley de 2010 lograría un engendro peor, dado que, por ejemplo, la norma antigua ni siquiera imponía plazos en el tercer supuesto, cosa que sí hace, lógicamente, la ahora vigente.
Estudios recientes demuestran que las leyes más permisivas no generan más abortos. Así ha quedado demostrado también en España. Esos mismos análisis señalan, en cambio, que a mayores restricciones, más intervenciones clandestinas y más riesgos para las gestantes, algo que escapa a las competencias de Ruiz-Gallardón. Que haya sido un ministro de Justicia y no de Sanidad el que ha emprendido esta batalla es ya de por sí todo un símbolo sobre las sensibilidades de este Gobierno y un mal augurio de lo que les espera, otra vez, a las mujeres.
El PP, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra parte de la norma de 2010, siempre se ha opuesto a que las menores puedan abortar sin consentimiento parental. Legalmente tiene sentido porque los jóvenes de 16 y 17 años, según la Ley de Autonomía del Paciente, pueden someterse libremente a una operación quirúrgica y están facultados para casarse y tener hijos. El proyecto del PP devuelve la cuestión a la situación anterior, en la que una joven podía decidir tener un hijo, pero no lo contrario.
Pero más allá del asunto de las menores, que efectivamente cuenta con un respaldo social más frágil, la contrarreforma de Ruiz-Gallardón amenaza con hurtar de nuevo a la mujer, mayor o menor de edad, la capacidad de decidir sobre su maternidad, algo tan íntimo e intransferible. El regreso a la ley de 1985 es la vuelta a la minoría de edad de las mujeres, dependientes de decisiones ajenas y obligadas casi por norma a mentir. El 90% de los abortos voluntarios que se practican en España se acogen al tercer supuesto de riesgo de la vida o la salud de la mujer.
Pero la intención del ministro es más expeditiva. Analizar en profundidad los supuestos “de inexistencia de reproche penal” en caso de aborto es una florida expresión que puede desembocar en la persecución penal de las que aborten. El guiño a los movimientos provida utilizando sus mismos argumentos de “derecho a la vida” augura un retroceso histórico. Volver a 1985 puede ser el escenario menos malo si se tiene en cuenta que limitarse a amputar la ley de 2010 lograría un engendro peor, dado que, por ejemplo, la norma antigua ni siquiera imponía plazos en el tercer supuesto, cosa que sí hace, lógicamente, la ahora vigente.
Estudios recientes demuestran que las leyes más permisivas no generan más abortos. Así ha quedado demostrado también en España. Esos mismos análisis señalan, en cambio, que a mayores restricciones, más intervenciones clandestinas y más riesgos para las gestantes, algo que escapa a las competencias de Ruiz-Gallardón. Que haya sido un ministro de Justicia y no de Sanidad el que ha emprendido esta batalla es ya de por sí todo un símbolo sobre las sensibilidades de este Gobierno y un mal augurio de lo que les espera, otra vez, a las mujeres.
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