La subasta de fármacos sigue adelante
La Junta comunica por carta al Gobierno central que no va a frenar el concurso público
Almacén de una planta de distribución de medicamentos.
La Junta está dispuesta a dialogar con el Gobierno central sobre la subasta de fármacos, pero no a frenar el concurso público, que ya está en marcha. Ese es el mensaje que le ha hecho llegar la Consejería de la Presidencia al Ministerio de Hacienda y Administración Pública en respuesta a la carta que éste le remitió hace dos semanas, en la que pedía que suspendiera la subasta y se sentaran a negociar para evitar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que regula el concurso.
La pelota queda ahora en el tejado del Ejecutivo central, que condicionó la negociación a que la Junta dejara “previamente sin efecto” la resolución por la que se convoca la subasta para los tres subgrupos de principios activos más consumidos. Presidencia se niega a aceptar esta condición. Primero, porque es algo “absolutamente inusual” en la relación entre las Administraciones. “Siempre que hemos recurrido a este procedimiento de resolución de cuestiones competenciales ha sido sin ningún tipo de condiciones previas, más que las que marca la propia ley”, advierte en su escrito la consejera, Mar Moreno. Sostiene, además, que el Gobierno no tiene fundamento jurídico para exigir la suspensión del concurso y que su paralización perjudicaría a las empresas que se han presentado.
Tampoco le vale a la Junta el argumento empleado por el Ministerio de que no sirve a sentarse a negociar sin suspender la subasta porque un eventual acuerdo entre las dos Administraciones sería nulo en la práctica si la licitación de medicamentos ya se ha llevado a cabo.“Hay plazo más que suficiente para dirimir lo que tengamos que dirimir y llegar a acuerdos antes de que este procedimiento concluya y se produzca la selección de producto y empresa”, apunta Moreno en su escrito.
Será ahora el Ministerio el que tenga que pronunciarse sobre si la apertura del diálogo sigue estando “condicionada” a la suspensión de la subasta. Si es así, la Junta no va a aceptar y el Ministerio tendrá que darse prisa en decidir si recurre o no el decreto andaluz. El plazo, en principio, acaba el 16 de marzo, en plena campaña electoral. Pero si el Gobierno da su brazo a torcer y retira su condición, Andalucía está dispuesta a dialogar. En el fondo, es un órdago al Ejecutivo central, que es el primer interesado en que se produzca este diálogo, ya que le podría dar seis meses extra para presentar su recurso ante el Constitucional. De momento, Moreno se muestra de acuerdo con la convocatoria de la comisión bilateral de cooperación Junta-Estado, el primer paso que exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que el Gobierno consiga ampliar de tres a nueve meses el plazo de presentación del recurso.
Pero para que el Ejecutivo consiga su objetivo, la ley exige que esa comisión llegue a un acuerdo de inicio de “negociaciones para resolver las discrepancias”. El tiempo juega en contra del Ministerio, que tiene apenas dos semanas para convocar la comisión y cerrar el acuerdo.
Por otra parte, el grupo socialista en el Congreso de los Diputados está ya moviéndose para que, en vez de suspender la subasta andaluza, se extienda a toda España, informa Emilio de Benito. El PSOE estima que así se ahorrarían 1.500 millones de euros, según una interpelación presentada en el Congreso por su portavoz sanitario, José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y diputado por Granada.
La pelota queda ahora en el tejado del Ejecutivo central, que condicionó la negociación a que la Junta dejara “previamente sin efecto” la resolución por la que se convoca la subasta para los tres subgrupos de principios activos más consumidos. Presidencia se niega a aceptar esta condición. Primero, porque es algo “absolutamente inusual” en la relación entre las Administraciones. “Siempre que hemos recurrido a este procedimiento de resolución de cuestiones competenciales ha sido sin ningún tipo de condiciones previas, más que las que marca la propia ley”, advierte en su escrito la consejera, Mar Moreno. Sostiene, además, que el Gobierno no tiene fundamento jurídico para exigir la suspensión del concurso y que su paralización perjudicaría a las empresas que se han presentado.
Tampoco le vale a la Junta el argumento empleado por el Ministerio de que no sirve a sentarse a negociar sin suspender la subasta porque un eventual acuerdo entre las dos Administraciones sería nulo en la práctica si la licitación de medicamentos ya se ha llevado a cabo.“Hay plazo más que suficiente para dirimir lo que tengamos que dirimir y llegar a acuerdos antes de que este procedimiento concluya y se produzca la selección de producto y empresa”, apunta Moreno en su escrito.
Será ahora el Ministerio el que tenga que pronunciarse sobre si la apertura del diálogo sigue estando “condicionada” a la suspensión de la subasta. Si es así, la Junta no va a aceptar y el Ministerio tendrá que darse prisa en decidir si recurre o no el decreto andaluz. El plazo, en principio, acaba el 16 de marzo, en plena campaña electoral. Pero si el Gobierno da su brazo a torcer y retira su condición, Andalucía está dispuesta a dialogar. En el fondo, es un órdago al Ejecutivo central, que es el primer interesado en que se produzca este diálogo, ya que le podría dar seis meses extra para presentar su recurso ante el Constitucional. De momento, Moreno se muestra de acuerdo con la convocatoria de la comisión bilateral de cooperación Junta-Estado, el primer paso que exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que el Gobierno consiga ampliar de tres a nueve meses el plazo de presentación del recurso.
Pero para que el Ejecutivo consiga su objetivo, la ley exige que esa comisión llegue a un acuerdo de inicio de “negociaciones para resolver las discrepancias”. El tiempo juega en contra del Ministerio, que tiene apenas dos semanas para convocar la comisión y cerrar el acuerdo.
Por otra parte, el grupo socialista en el Congreso de los Diputados está ya moviéndose para que, en vez de suspender la subasta andaluza, se extienda a toda España, informa Emilio de Benito. El PSOE estima que así se ahorrarían 1.500 millones de euros, según una interpelación presentada en el Congreso por su portavoz sanitario, José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y diputado por Granada.
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