Rajoy abre la primera guerra tras el 25-M con la subasta de fármacos
El Ejecutivo lleva al Constitucional la adjudicación de los medicamentos y suspende la resolución de la Junta por la que se convocó el concurso
Cinco días ha tardado en estallar la primera confrontación entre el Gobierno andaluz y el central después de saberse que la presidencia de la Junta seguirá en manos del PSOE. El Consejo de Ministros decidió este viernes plantear un conflicto positivo de competencias por la Resolución del Servicio Andaluz de Salud que convoca la subasta de fármacos que convoca la subasta de fármacos, la principal medida de contención del gasto sanitario puesta en marcha por la Junta y con la que Salud esperaba ahorrar 40 millones de euros este año.
El Gobierno explicó que el planteamiento del conflicto suspende de forma automática la resolución de la Junta, aunque el Tribunal Constitucional tendrá que concretar si esta suspensión tiene caracter retroactivo. Si fuera así, quedarían también anulados cautelarmente los convenios que el SAS ya ha firmado con cuatro de los laboratorios seleccionados en el proceso de adjudicación. Si no, Salud conseguiría salvar al menos esos acuerdos, aunque no podría adjudicar los fármacos que se han quedado vacantes después de que siete de las 11 empresas elegidas decidieran el pasado viernes no presentarse a la firma del acuerdo con el SAS. El Constitucional tiene cinco meses para dirimir si mantiene o levanta esta suspensión. La decisión del Gobierno se basa en un dictamen del Consejo de Estado que considera que la subasta invade competencias del Ejecutivo central.
El acuerdo del Consejo de Ministros por el que se da luz verde al planteamiento de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional cayó como una puñalada en la Consejería de Salud, que lleva meses esquivando zancadillas del Ejecutivo central y del sector farmacéutico contra la subasta de medicamentos. La consejera en funciones, María Jesús Montero, no duda de que la decisión del Gobierno es “un castigo a Andalucía” tras el resultado de las elecciones del domingo.
No puede decirse que la iniciativa estatal haya cogido por sorpresa a nadie porque el Gobierno llevaba semanas amenazando con recurrir la subasta. Optó por no hacerlo en plena campaña electoral por petición expresa de Javier Arenas, que entendía que una declaración de guerra de Madrid a Andalucía no le beneficiaba. Pero el plazo de presentación de recurso caducaba antes de las elecciones, por lo que el Ejecutivo escenificó una voluntad de acuerdo impulsando una comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado, un procedimiento que dio al Gobierno de Mariano Rajoy seis meses más de plazo para decidir si acudía o no al Constitucional.
Desde la Junta se temió desde el principio que este paso no fuera más que una argucia del Ejecutivo para ganar tiempo y no tener que pronunciarse antes de los comicios, pero la Consejería de Salud aceptó la invitación al diálogo.Mientras, la semana previa a las elecciones, la Junta adjudicó la subasta, aunque su intención de dejarlo todo listo para que fuera cual fuera el resultado de los comicios el procedimiento siguiera adelante, se vio truncada el pasado viernes, a 48 horas de la cita con la urnas, cuando siete de las 11 empresas seleccionadas no se presentaron a la firma del convenio de adjudicación con el Servicio Andaluz de Salud. La consejera, María Jesús Montero, denunció “presiones” a las empresas por parte del Gobierno y del PP.
La campaña pasó sin que el Gobierno central convocara a la Junta para la reunión acordada y Salud se enteró ayer de la decisión cuando ya estaba aprobada por el Consejo de Ministros. Para mayor sorpresa el recurso no se ha planteado contra el decreto ley aprobado por el Parlamento andaluz para regular la subasta, que era la opción de la que había avisado el Gobierno, sino contra la resolución posterior por la que se convoca el concurso. “No tiene sentido que se recurra la norma de rango inferior, una resolución que no es más que un extracto del decreto ley”, señaló la consejera de Salud en declaraciones a este periódico.
Montero considera que el planteamiento del conflicto de competencias en el primer Consejo de Ministros tras las elecciones “no es casual”. “Tengo el convencimiento de que pretenden doblar el pulso a las Comunidades Autónomas que buscan medidas alternativas de ahorro que no pasen por el copago o por la privatización de la gestión de los servicios”, sostiene Montero. “Es muy llamativo que se opongan a una medida como ésta, que lo que hace es arañar euros a los beneficios de la industria, y no cuestione el euro por receta aprobado en Cataluña”, añade la consejera.
Montero no escondió que su principal preocupación ahora son los ajustes que habrá que hacer en los presupuestos de la Consejería de Salud, que ya para 2012 contaban con un ahorro de hasta 40 millones de euros derivados de la subasta. “Tendremos que buscar fórmulas nuevas. Ese ahorro hay que compensarlo”, asume.
El conflicto de competencias planteado por el Gobierno viene avalado por un informe del Consejo de Estado que considera que, con esta fórmula, la Junta se adjudica competencias que no le corresponden. Según la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno entiende, además, que este mecanismo “modifica la cartera básica de servicios” al “excluir” para los andaluces la prescripción de algunos fármacos.
El Gobierno explicó que el planteamiento del conflicto suspende de forma automática la resolución de la Junta, aunque el Tribunal Constitucional tendrá que concretar si esta suspensión tiene caracter retroactivo. Si fuera así, quedarían también anulados cautelarmente los convenios que el SAS ya ha firmado con cuatro de los laboratorios seleccionados en el proceso de adjudicación. Si no, Salud conseguiría salvar al menos esos acuerdos, aunque no podría adjudicar los fármacos que se han quedado vacantes después de que siete de las 11 empresas elegidas decidieran el pasado viernes no presentarse a la firma del acuerdo con el SAS. El Constitucional tiene cinco meses para dirimir si mantiene o levanta esta suspensión. La decisión del Gobierno se basa en un dictamen del Consejo de Estado que considera que la subasta invade competencias del Ejecutivo central.
El acuerdo del Consejo de Ministros por el que se da luz verde al planteamiento de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional cayó como una puñalada en la Consejería de Salud, que lleva meses esquivando zancadillas del Ejecutivo central y del sector farmacéutico contra la subasta de medicamentos. La consejera en funciones, María Jesús Montero, no duda de que la decisión del Gobierno es “un castigo a Andalucía” tras el resultado de las elecciones del domingo.
No puede decirse que la iniciativa estatal haya cogido por sorpresa a nadie porque el Gobierno llevaba semanas amenazando con recurrir la subasta. Optó por no hacerlo en plena campaña electoral por petición expresa de Javier Arenas, que entendía que una declaración de guerra de Madrid a Andalucía no le beneficiaba. Pero el plazo de presentación de recurso caducaba antes de las elecciones, por lo que el Ejecutivo escenificó una voluntad de acuerdo impulsando una comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado, un procedimiento que dio al Gobierno de Mariano Rajoy seis meses más de plazo para decidir si acudía o no al Constitucional.
Desde la Junta se temió desde el principio que este paso no fuera más que una argucia del Ejecutivo para ganar tiempo y no tener que pronunciarse antes de los comicios, pero la Consejería de Salud aceptó la invitación al diálogo.Mientras, la semana previa a las elecciones, la Junta adjudicó la subasta, aunque su intención de dejarlo todo listo para que fuera cual fuera el resultado de los comicios el procedimiento siguiera adelante, se vio truncada el pasado viernes, a 48 horas de la cita con la urnas, cuando siete de las 11 empresas seleccionadas no se presentaron a la firma del convenio de adjudicación con el Servicio Andaluz de Salud. La consejera, María Jesús Montero, denunció “presiones” a las empresas por parte del Gobierno y del PP.
La campaña pasó sin que el Gobierno central convocara a la Junta para la reunión acordada y Salud se enteró ayer de la decisión cuando ya estaba aprobada por el Consejo de Ministros. Para mayor sorpresa el recurso no se ha planteado contra el decreto ley aprobado por el Parlamento andaluz para regular la subasta, que era la opción de la que había avisado el Gobierno, sino contra la resolución posterior por la que se convoca el concurso. “No tiene sentido que se recurra la norma de rango inferior, una resolución que no es más que un extracto del decreto ley”, señaló la consejera de Salud en declaraciones a este periódico.
Montero considera que el planteamiento del conflicto de competencias en el primer Consejo de Ministros tras las elecciones “no es casual”. “Tengo el convencimiento de que pretenden doblar el pulso a las Comunidades Autónomas que buscan medidas alternativas de ahorro que no pasen por el copago o por la privatización de la gestión de los servicios”, sostiene Montero. “Es muy llamativo que se opongan a una medida como ésta, que lo que hace es arañar euros a los beneficios de la industria, y no cuestione el euro por receta aprobado en Cataluña”, añade la consejera.
Montero no escondió que su principal preocupación ahora son los ajustes que habrá que hacer en los presupuestos de la Consejería de Salud, que ya para 2012 contaban con un ahorro de hasta 40 millones de euros derivados de la subasta. “Tendremos que buscar fórmulas nuevas. Ese ahorro hay que compensarlo”, asume.
El conflicto de competencias planteado por el Gobierno viene avalado por un informe del Consejo de Estado que considera que, con esta fórmula, la Junta se adjudica competencias que no le corresponden. Según la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno entiende, además, que este mecanismo “modifica la cartera básica de servicios” al “excluir” para los andaluces la prescripción de algunos fármacos.
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