JOAN GENÉ BADIA
Tribuna. Participación profesional para mejorar resultados
El proceso de reformulación del ICS, que lo transforma en un holding con múltiples empresas públicas, coincide casualmente con la crisis de algunas iniciativas similares por mostrarse insostenibles y poco transparentes. El criterio profesional debe limite el poder que actualmente ostentan los gerentes para ganar transparencia y criterio clínico en la gestión, garantizando mejores resultados y más transparencia.
Joan Gené Badia. Medico de Familia. Universidad de Barcelona | 28/03/2012 00:00
La inminente división del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en varias empresas públicas favorece la implantación de un nuevo modelo de gestión con participación profesional que aumente la transparencia y aporte una perspectiva sanitaria a la gestión y el gobierno de estas instituciones. Esta participación facilitaría tanto la aparición de las medidas de ajuste como la reforma asistencial marcada en el nuevo Plan de Salud de Cataluña.
El proceso de reformulación del ICS, que lo transforma en un holding con múltiples empresas públicas, coincide casualmente con la crisis de algunas iniciativas similares por mostrarse insostenibles y poco transparentes. La reforma aparece paradójicamente cuando la voluntad política tanto del Gobierno central como del catalán es reducir el número de empresas públicas, concentrándolas y eliminando las inefectivas.
Simultáneamente, algunos presidentes de órganos de Gobierno de importantes centros hospitalarios (Clínico de Barcelona o Parc de Salut Mar), acaban de publicar en la prensa su interés de escapar a los mecanismos de control del gasto público establecidos en la normativa europea, estatal y autonómica, ya que los consideran su principal rémora.
Profesionales y riesgos
Una mayor profesionalización del modelo de gestión evitaría que se repitieran los mismos errores. Aumentaría la transparencia y ayudaría a implementar las necesarias reformas de la prestación de servicios que marca el nuevo Plan de Salud de Cataluña. Hasta ahora entendemos la participación profesional con la ley del todo o nada. Pasamos de las juntas clínicas de atención primaria del ICS, de carácter consultivo y de escasa utilidad práctica, a las EBA, donde los profesionales se convierten en propietarios y asumen todos los riesgos. Despreciamos una amplia gama de posibilidades intermedias.
Entre ellas se encuentra la experiencia exitosa de las juntas clínicas y facultativas del Hospital Clínico de Barcelona. Ya no estamos en los años ochenta, cuando los directivos médicos que pensaban que la salud no tenía precio tuvieron que ser substituidos por gerentes del entorno empresarial. Ahora la cultura gestora esta muy extendida y sabemos que las decisiones clínicas, más que de las administrativas son las que aportan eficiencia a las organizaciones.
Las juntas con capacidad real de influencia son necesarias tanto en la gestión como en el gobierno. Son útiles para definir la organización de la asistencia, la contratación y despido de personal, la valoración del desempeño, la carrera profesional y las decisiones sobre inversiones. Los profesionales cualificados también pueden ayudar a la propiedad a fijar las políticas y estrategias de la institución.
Para asegurar la transparencia, las juntas han de representar los diferentes colectivos y niveles profesionales. Únicamente se nutrirán de los mejores profesionales si sus decisiones tienen un impacto real en las acciones finales. Los miembros de las juntas han de ser votados y respetados por sus iguales, sin esta responsabilidad sea objeto de reelección para evitar el clientelismo. Se propone que el criterio profesional limite el poder que actualmente ostentan los gerentes para ganar transparencia y criterio clínico en la gestión. Los tiempos han cambiado y las empresas públicas deben adaptarse para sobrevivir.
El proceso de reformulación del ICS, que lo transforma en un holding con múltiples empresas públicas, coincide casualmente con la crisis de algunas iniciativas similares por mostrarse insostenibles y poco transparentes. La reforma aparece paradójicamente cuando la voluntad política tanto del Gobierno central como del catalán es reducir el número de empresas públicas, concentrándolas y eliminando las inefectivas.
Simultáneamente, algunos presidentes de órganos de Gobierno de importantes centros hospitalarios (Clínico de Barcelona o Parc de Salut Mar), acaban de publicar en la prensa su interés de escapar a los mecanismos de control del gasto público establecidos en la normativa europea, estatal y autonómica, ya que los consideran su principal rémora.
- Profesionalizar más el modelo de gestión evitaría repetir los mismos errores
Profesionales y riesgos
Una mayor profesionalización del modelo de gestión evitaría que se repitieran los mismos errores. Aumentaría la transparencia y ayudaría a implementar las necesarias reformas de la prestación de servicios que marca el nuevo Plan de Salud de Cataluña. Hasta ahora entendemos la participación profesional con la ley del todo o nada. Pasamos de las juntas clínicas de atención primaria del ICS, de carácter consultivo y de escasa utilidad práctica, a las EBA, donde los profesionales se convierten en propietarios y asumen todos los riesgos. Despreciamos una amplia gama de posibilidades intermedias.
Entre ellas se encuentra la experiencia exitosa de las juntas clínicas y facultativas del Hospital Clínico de Barcelona. Ya no estamos en los años ochenta, cuando los directivos médicos que pensaban que la salud no tenía precio tuvieron que ser substituidos por gerentes del entorno empresarial. Ahora la cultura gestora esta muy extendida y sabemos que las decisiones clínicas, más que de las administrativas son las que aportan eficiencia a las organizaciones.
Las juntas con capacidad real de influencia son necesarias tanto en la gestión como en el gobierno. Son útiles para definir la organización de la asistencia, la contratación y despido de personal, la valoración del desempeño, la carrera profesional y las decisiones sobre inversiones. Los profesionales cualificados también pueden ayudar a la propiedad a fijar las políticas y estrategias de la institución.
Para asegurar la transparencia, las juntas han de representar los diferentes colectivos y niveles profesionales. Únicamente se nutrirán de los mejores profesionales si sus decisiones tienen un impacto real en las acciones finales. Los miembros de las juntas han de ser votados y respetados por sus iguales, sin esta responsabilidad sea objeto de reelección para evitar el clientelismo. Se propone que el criterio profesional limite el poder que actualmente ostentan los gerentes para ganar transparencia y criterio clínico en la gestión. Los tiempos han cambiado y las empresas públicas deben adaptarse para sobrevivir.
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