Los rostros de la reforma sanitaria
"Necesito las pastillas del VIH y no podré pagarlas. Estoy tirado"
Chaouki Smaali, sin permiso de residencia, no tendrá acceso a un costosísimo tratamiento
“¿Qué haré sin asistencia sanitaria?”, se pregunta
Chaouki Smaali no podrá acceder al tratamiento contra el VIH. / Jordi Vicent
Chaouki Smaali es seropositivo. “Por una mujer”, comenta sin dar más detalles. Este tunecino que el martes cumple 40 años se enteró de que era portador de VIH en 1996, de casualidad. Un accidente de tráfico le desveló su condición de infectado. “Me detectaron el virus en los análisis que me hicieron antes de operarme”, explica. Por entonces aún le iba bien como instalador de equipos de aire acondicionado. Ahora, mientras trata de olvidarse de la heroína, no tiene más trabajo que las chapuzas que le salen para ir tirando. Su mujer y sus dos hijos se han ido a vivir con sus suegros. Le han cortado el agua corriente por impago y no tiene “ni para un café”.
Pero sus problemas no acaban aquí. Ni con el reto que supone vivir con el VIH. Todo apunta a que, a partir del 31 de agosto, Chaouki dejará de tener acceso a los costosos medicamentos (850 euros al mes) que impiden que el virus prolifere hasta el punto de desarbolar su sistema inmunitario. Es entonces, al caer dramáticamente las defensas, cuando aparece el sida y las enfermedades oportunistas que le acompañan (tuberculosis, pulmonías, sarcoma de Kaposi).
A falta de las excepciones que se puedan incluir en el desarrollo reglamentario, las medidas incluidas en el decreto aprobado por el Gobierno, destinado a recortar el gasto sanitario, contemplan dejar sin tarjeta sanitaria desde septiembre a los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes en España”, unos 153.000, que tendrán como única cobertura la atención de urgencias. Es el caso de Chaouki, que tras 20 años en Valencia se ha quedado sin papeles: “Me han denegado el permiso de residencia”.
“¿Qué voy a hacer?”, se pregunta mientras relata su historia, sentado en un banco en el centro histórico de Valencia. Sus respuestas suelen llegar precedidas por un silencio que aprovecha para encoger los hombros, torcer el gesto o resoplar, como diciendo ‘¿qué quieres que te diga?’. Es después de este preámbulo, cuando responde. “Estoy tirado, necesito las pastillas y no puedo pagar el tratamiento, estoy muy preocupado”, lamenta. “¿Qué puedo hacer si me quitan la asistencia sanitaria? Te quedas bloqueado, no sabes dónde acudir...”.
Chaouki toma cuatro pastillas diarias. Dos de ellas (Truvada) actúan contra la transcriptasa inversa, una enzima que el virus necesita para replicarse. Las otras (Prezista y Norvir) bloquean la proteasa, otra enzima que el VIH usa para multiplicarse. Estos medicamentos solo los dispensan en España los servicios de farmacia hospitalaria de los centros públicos. No existe ningún canal alternativo que permitiera a un paciente con dinero para pagarlos acceder a los fármacos que le dan la vida. Se verían, pues, expulsados del sistema.
“Es una barbaridad impedir a estas personas el acceso al tratamiento”, explica Enrique Ortega, presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida. “No solo pensando en el paciente, también en términos de salud pública; si mantenemos la carga viral baja con los fármacos, impedimos que se disemine la infección”.
Como indica el también responsable de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General de Valencia, “el tratamiento antirretroviral es el que más eficacia a menor coste presenta. Desde un punto de vista humano, económico o de salud pública, [la decisión del ministerio] es absurda”.
Chaouki también acude a la red pública sanitaria para dejar la heroína. “Una vez olvidé la tarjeta sanitaria y no me querían dar metadona, menos mal que la médica me conoce y no hubo problema”. Si se queda sin cobertura asistencial, la buena voluntad del personal sanitario ya no le servirá de nada.
Lo único que le quedará es el consultorio de Médicos del Mundo, un servicio destinado a la población sin recursos que estuvo a punto de cerrar después de que el Gobierno, en 2000, extendiera la cobertura a todos los inmigrantes. Esta entidad se quedó apenas sin usuarios y potenció otras parcelas, como el reparto de meriendas y cenas, un servicio que Chaouki conoce bien. Si Sanidad retira la asistencia a los sin papeles, el responsable de la organización en Valencia, Rafael Sotoca, no descarta volver a potenciar la vertiente asistencial más dura. Otra cosa son los antirretrovirales. “Ahí no podremos llegar”.
Pero sus problemas no acaban aquí. Ni con el reto que supone vivir con el VIH. Todo apunta a que, a partir del 31 de agosto, Chaouki dejará de tener acceso a los costosos medicamentos (850 euros al mes) que impiden que el virus prolifere hasta el punto de desarbolar su sistema inmunitario. Es entonces, al caer dramáticamente las defensas, cuando aparece el sida y las enfermedades oportunistas que le acompañan (tuberculosis, pulmonías, sarcoma de Kaposi).
A falta de las excepciones que se puedan incluir en el desarrollo reglamentario, las medidas incluidas en el decreto aprobado por el Gobierno, destinado a recortar el gasto sanitario, contemplan dejar sin tarjeta sanitaria desde septiembre a los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes en España”, unos 153.000, que tendrán como única cobertura la atención de urgencias. Es el caso de Chaouki, que tras 20 años en Valencia se ha quedado sin papeles: “Me han denegado el permiso de residencia”.
“¿Qué voy a hacer?”, se pregunta mientras relata su historia, sentado en un banco en el centro histórico de Valencia. Sus respuestas suelen llegar precedidas por un silencio que aprovecha para encoger los hombros, torcer el gesto o resoplar, como diciendo ‘¿qué quieres que te diga?’. Es después de este preámbulo, cuando responde. “Estoy tirado, necesito las pastillas y no puedo pagar el tratamiento, estoy muy preocupado”, lamenta. “¿Qué puedo hacer si me quitan la asistencia sanitaria? Te quedas bloqueado, no sabes dónde acudir...”.
Chaouki toma cuatro pastillas diarias. Dos de ellas (Truvada) actúan contra la transcriptasa inversa, una enzima que el virus necesita para replicarse. Las otras (Prezista y Norvir) bloquean la proteasa, otra enzima que el VIH usa para multiplicarse. Estos medicamentos solo los dispensan en España los servicios de farmacia hospitalaria de los centros públicos. No existe ningún canal alternativo que permitiera a un paciente con dinero para pagarlos acceder a los fármacos que le dan la vida. Se verían, pues, expulsados del sistema.
“Es una barbaridad impedir a estas personas el acceso al tratamiento”, explica Enrique Ortega, presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida. “No solo pensando en el paciente, también en términos de salud pública; si mantenemos la carga viral baja con los fármacos, impedimos que se disemine la infección”.
Como indica el también responsable de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General de Valencia, “el tratamiento antirretroviral es el que más eficacia a menor coste presenta. Desde un punto de vista humano, económico o de salud pública, [la decisión del ministerio] es absurda”.
Chaouki también acude a la red pública sanitaria para dejar la heroína. “Una vez olvidé la tarjeta sanitaria y no me querían dar metadona, menos mal que la médica me conoce y no hubo problema”. Si se queda sin cobertura asistencial, la buena voluntad del personal sanitario ya no le servirá de nada.
Lo único que le quedará es el consultorio de Médicos del Mundo, un servicio destinado a la población sin recursos que estuvo a punto de cerrar después de que el Gobierno, en 2000, extendiera la cobertura a todos los inmigrantes. Esta entidad se quedó apenas sin usuarios y potenció otras parcelas, como el reparto de meriendas y cenas, un servicio que Chaouki conoce bien. Si Sanidad retira la asistencia a los sin papeles, el responsable de la organización en Valencia, Rafael Sotoca, no descarta volver a potenciar la vertiente asistencial más dura. Otra cosa son los antirretrovirales. “Ahí no podremos llegar”.
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