País Vasco se desmarca del Pacto por la Sanidad porque el Real Decreto "lo ha dinamitado"
Bilbao (28-03/05/2012) - Nerea Garay
El viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, asegura que el texto "da la vuelta a las bases del funcionamiento del SNS"
En su opinión, el conjunto de reformas aprobadas por el Gobierno en materia de Sanidad hacen "imposible" el Pacto por la Sanidad que siempre ha defendido la ministra Ana Mato desde que llegó a Sanidad.
El responsable sanitario vasco ha censurado con dureza la publicación del Real Decreto-ley de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que a su juicio no concuerda con lo acordado en el último Consejo Interterritorial. "En una comisión de viceconsejeros celebrada 48 horas antes no se informó absolutamente de nada, y en el Consejo Interterritorial se habló de algunas cosas, como del copago farmacéutico o del turismo sanitario, pero lo que luego nos hemos encontrado publicado en el Real Decreto va mucho más allá", ha explicado.
Para Jesús María Fernández, el texto "da la vuelta a las bases del funcionamiento del SNS", al tiempo que "supone una claudicación ante la convicción de que la sanidad no es sostenible" y hace "difícil, si no imposible" un pacto entre comunidades y partidos políticos.
En la misma línea que viene manifestando el consejero de Sanidad de País Vasco, Rafael Bengoa, el viceconsejero ha asegurado que la modificación del copago farmacéutico y los cambios en el concepto de aseguramiento no son la solución a los problemas del SNS, al tiempo que ha abogado por centrarse en un cambio de modelo asistencial que reduzca estancias hospitalarias, potencie la Primaria, atienda más al paciente crónico y aproveche las nuevas tecnologías.
Jesus María Fernandez se ha referido también a la reducción del gasto sanitario de cien euros por persona y año que ha reducido País Vasco en el último año. "La generación de ingresos en la Sanidad pública está en la fiscalidad, en los grandes impuestos, y no en los copagos", ha recalcado. A pesar de las críticas al Decreto, el viceconsejero de Sanidad ha señalado que tras consultar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha visto que no contempla la intervención del Estado en las autonomías, "como sí hace el Decreto, por eso queremos seguir dialogando con el Ministerio", ha zanjado.
Los sindicatos se movilizan
Por otro lado, el sindicato mayoritario de la mesa sectorial de Osakidetza, ELA-STV, ha convocado a los trabajadores de la Red del Servicio Mental de los hospitales de Zamudio, Bermeo, Zaldibar, y Extrahospitalaria a una concentración ante la sede de Sanidad en el territorio de Vizcaya. Esta movilización, en la que mostrarán su rechazo por los recortes en la Sanidad vasca, se une a las que están teniendo lugar en los centros de Osakidetza de otros territorios vascos.
Esta convocatoria efectuada por los sindicatos ELA junto a SATSE-LAB-CC.OO-UGT-USAE tiene por objetivo denunciar los continuos recortes en materia de condiciones de trabajo (laborales, medios,...) a que está sometiendo Osakidetza al personal, problemática que esta semana ha sido incrementada con los problemas derivados de la decisión unilateral de Osakidetza de suprimir distintos servicios para los sanitarios de la red de Salud Mental de Vizcaya.
Instan a que se "cuantifique" la asistencia a pacientes limítrofes
Por otro lado, el Parlamento ha instado al Gobierno Vasco a elaborar un estudio que "cuantifique" la asistencia sanitaria que se presta a ciudadanos de comunidades autónomas limítrofes. Esta propuesta, debatida en el pleno, forma parte de una iniciativa del PSE-EE, el PP y UPyD. Algunos de los apartados del texto, incluido el relativo al mencionado estudio, han recibido el apoyo del PNV, EA y Ezker Anitza-IU, mientras que Aralar no ha apoyado ninguno.
El debate en torno a esta cuestión ha partido de una proposición no de ley del PNV que reclamaba que los gobiernos vasco y castellanoleonés firmen un convenio sobre asistencia sanitaria a pacientes del Condado de Treviño, enclave burgalés ubicado geográficamente en Álava.
En su lugar, socialistas, "populares" y UPyD han consensuado un texto alternativo de contenido similar a otro aprobado el pasado 29 de marzo, que en aquel caso se refería a la asistencia sanitaria que reciben en Logroño los pacientes del sur de Álava de poblaciones limítrofes a La Rioja.
Los cinco puntos de la resolución aprobados se han votado por bloques. En primer lugar, se han sometido a votación tres apartados, que han sido apoyados por todos los partidos salvo por Aralar, que se ha abstenido.
Uno de estos apartados (que constituye la principal diferencia respecto al texto del 29 de marzo) es el que insta al Gobierno Vasco a que realice un estudio "que analice y cuantifique la asistencia sanitaria que se presta a las comunidades autónomas limítrofes".
Otro de los artículos incluidos en el primer bloque sometido a votación urge al Ejecutivo autonómico a "garantizar una asistencia sanitaria accesible y de calidad" en los centros del Servicios Vasco de Salud a los ciudadanos de Treviño y zonas limítrofes con Castilla y León.
Sistema de compensación
El tercer punto contemplado en este grupo pide al gabinete de Patxi López y al resto de gobiernos autonómicos que acepten un sistema de compensación a las comunidades autónomas por la asistencia sanitaria que prestan a pacientes de otras regiones.
Esto debería hacerse, según se recoge en la proposición, mediante la creación de un fondo de garantía asistencial incorporado al Fondo de Cohesión "que asegure la equidad" del Sistema Nacional de Salud.
Los otros dos artículos de la resolución se han votado por separado. Uno de ellos expresa el apoyo de la Cámara a la decisión del Gobierno central de buscar un pacto sanitario que permita compensar a las comunidades autónomas por la atención sanitaria a pacientes desplazados de otras regiones o pertenecientes a otras comunidades. Este apartado ha sido apoyado por PSE, PP y UPyD, mientras que el resto de grupos se han abstenido.
Por otra parte, el Parlamento también al Ejecutivo central a "dar los pasos necesarios" para seguir impulsando la tarjeta sanitaria única para el conjunto del Estado español. En este caso, PSE, PP y UPyD han votado a favor y el resto de formaciones, en contra.
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