“Ahora que estoy enferma, el sistema se pone en mi contra”
Vicenta Escutia, una enfermera de 56 años con cáncer de mama, sufre un recorte salarial de un 40%
Vicenta Escutia, en su casa de L'Eliana. / JOSÉ JORDÁN
Vicenta Escutia aparece visiblemente cansada. Aun así, su discurso es vehemente. A ratos, cuando ha de revisar algún dato, justifica su escasa tardanza con un “es que estoy algo despistada”. Viste un vestido de lino y un pañuelo en la cabeza que oculta la caída de pelo provocada por la quimioterapia. Mitiga con la persiana bajada el inclemente calor que se cuela por las ventanas. En casa, ayudándola, se encuentran sus dos hijos, María y Pablo, de 28 y 30 años. Esta enfermera valenciana con más de tres décadas de experiencia relata con una “tremenda indignación” los recortes salariales que ha sufrido desde que está de baja por un cáncer de mama. En total, su sueldo ha mermado casi un 40%. Una cantidad con la que tendrá que hacer frente, además, al pago de la medicación que conlleva una dolencia como la suya. Por eso, la reiterada conclusión a la que llega esta coordinadora del centro de salud de Vilamarxant es clara: “Ahora que estoy enferma, es mi propio sistema el que se me pone en contra”.
A Vicenta, de 56 años, le aprobaron la baja por carcinoma de mama el 16 de diciembre. Según explica, solo por el diagnóstico ya tiene derecho a 300 días. Lleva 28 partes semanales y ocho sesiones de quimioterapia. La última, el lunes pasado. Desde enero, al 5% de bajada salarial para los empleados públicos que aprobó el Gobierno Central en 2010 se le sumó el recorte del 50% en el complemento de carrera profesional. En su caso, esto equivalía a 334,86 euros. El decreto también afectaba a las bajas por incapacidad laboral transitoria (ILT). Según el texto, a partir del 1 de marzo la Generalitat se desentendía de pagar el complemento a la seguridad social, que se hace cargo de un 75% del sueldo. El resto, un 25%, le supuso otra pérdida de 440,47 euros. En total, Vicenta dejó de percibir casi 800 euros. El salario de este mayo, por ejemplo, se le quedó en 1.690 euros, frente a los 3.000 euros que rozaba a estas alturas del año pasado.
El colofón a esta merma progresiva le llegó ayer. La paga extraordinaria de verano se le ha quedado en 775 euros. En otras ocasiones rondaba los 1.800. “Llevo dando tumbos toda la vida para, ahora, ser mileurista”, lamenta. En esta nómina le han retirado todo lo relativo a complementos y le han suprimido el cómputo de los tres meses transcurridos desde que en marzo le dieron la baja. Ella lo narra serena: “Acumulaba 34 años de experiencia laboral y las guardias que tenemos que hacer al mes”. “Cada uno adecua su vida a su poder adquisitivo”, justifica, “y después de todos estos años estoy en una situación más precaria que antes”, señala.
Pertenece al grupo de funcionarios de carrera con licenciatura, por eso gozaba de un sueldo digno: “Nos hemos esforzado. Hemos pasado exámenes y días encadenados de trabajo sin librar para que ahora nos ninguneen”. “Se está criminalizando a un colectivo [los funcionarios] que es el que te soluciona el día a día”, opina su hijo, “y encima ahora se penaliza a enfermedades de las que ninguno estamos libres”.
Su posición, después de este varapalo vital y laboral, pasa por solicitar el alta voluntaria. “¿Qué hago, pido reincorporarme para pasarme las horas con una pancarta?”, se pregunta expresando cuál puede ser el límite de su paciencia. “Es que no puedo seguir perdiendo dinero”, suspira. A pesar de las indicaciones del médico, que le avisó de que, “cuando se plantee la incorporación, debería ser progresiva”, ella lo valora con cautela: “Es que no puedo hacer mi trabajo. Y eso repercute en los pacientes y en mis compañeros, que tendrían que asumir las tareas que yo no puedo hacer”. “Tú no estás pensando en ti”, prosigue, “piensas en ayudar a la gente. Y así soy incapaz”, insiste. “Están arrastrando a los profesionales a la precariedad y la indigencia”, concluye.
El Consell trata igual al cáncer y al absentismo
El Consell aprobó en enero un tijeretazo de 1.000 millones de euros que apuntó principalmente a la sanidad y la educación. El decreto, aparte de congelar el sueldo base de los empleados públicos —a los que se les acumulaba la rebaja del 5% impulsada por el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010— y reducir al 50% la evolución de la carrera profesional, establecía que la Generalitat Valenciana no complementaría la prestación de la Seguridad Social, que cubre un 75%. Esta medida suponía, según expusieron, un ahorro de 18,5 millones de euros y era un método de control del absentismo laboral. La decisión afecta, tal y como aclaran desde la Consejería de Sanidad, a todo el personal de la Comunidad Valenciana, sin excepciones, y entró en vigor el pasado 1 de marzo. Un ejemplo como el de Vicenta ilustra esa pérdida de hasta un 40% del sueldo si se suma el 5% que atañe a los funcionarios, el 50% de la carrera profesional, el 25% que la Generalitat no cubre en caso de baja y las horas de nocturnidad o extraordinarias que el trabajador deja de realizar.Así como en la Comunidad Valenciana la medida contra el absentismo laboral no hizo miramientos hacia casos como el cáncer o las enfermedades graves, la reforma laboral impulsada por el actual Gobierno los tuvo en cuenta de forma expresa. En el texto —que otorga al empresario la capacidad de despido objetivo en el supuesto de que las faltas de asistencia al trabajo, “aun justificadas pero intermitentes”, alcancen “el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses”— se explica que “no se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave”. También se contemplan las faltas debidas a huelga legal, accidentes, maternidad, o enfermedades causadas por embarazo, entre otras.
Pero el caso de Vicenta Escutia no es el único. Ester Castro, abogada del sindicato de enfermeras Satse, reconoce que hay muchos trabajadores en la misma situación que ella y alega que el mayor obstáculo al que se enfrentan es que en cuanto un decreto se pone en vigor “es para todos”. Castro indica, aparte, que las bajas son “como un subsidio”. “Por eso, el cálculo que se realiza en las pagas extra no las contempla”. “Lo que pasa”, razona, “es que muchas personas están de baja desde hace tiempo y ahora ven cómo les toca a ellas igual que al resto”.
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