RECORTES EN LA SANIDAD
PÚBLICA
Copago y 'medicamentazo' sin dilación
Mato niega a las comunidades una moratoria para pagar los fármacos según la renta desde el domingo
La exclusión de productos de la financiación pública tendrá excepciones para crónicos
Ana Mato y la secretaria general de Sanidad, Pilar
Farjas, acompañadas de los respectivos consejeros y responsables regionales de
Sanidad. / Claudio Alvarez (EL PAÍS)
Sin dilación posible. El aumento del copago farmacéutico entrará en vigor
este domingo y el Ministerio de Sanidad no admitirá dilaciones. Y el
medicamentazo, como se llama a la exclusión
de más de 400 productos de la financiación pública, se aplicará en agosto.
Ana Mato, ministra de Sanidad, quiso terminar de un plumazo con las pretensiones
de las regiones que no gobierna el PP de retrasar la implantación de la polémica
medida.
Las pocas comunidades que no están en manos del PP, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Asturias, criticaron ayer la falta de información y la precipitación con la que el Gobierno ha presentado su propuesta para excluir cientos de fármacos de uso común de la financiación pública. Algunos, como el consejero catalán, Boi Ruiz, aseguraron que se enteraron de la información por los medios de comunicación en la noche de la víspera. Así, el medicamentazo pasó a ser una de las medidas estrella del Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que se reunieron los responsables autonómicos y Mato, a pesar de que los puntos a tratar eran muchos.
Era el primer consejo después de la aprobación del real decreto que excluye de la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular y que introduce por primera vez el copago farmacéutico en función de la renta y para los pensionistas, que hasta ahora obtenían los medicamentos gratis. Un asunto polémico por las reticencias a aplicarlo de varias comunidades. El País Vasco se ha declarado insumiso y ha asegurado que cubrirá el coste de los fármacos para sus pensionistas a través de un decreto aprobado el martes. Andalucía lo ha recurrido al Tribunal Constitucional; y Asturias ha asegurado que es prácticamente imposible por cuestiones técnicas llegar a tiempo para aplicar una medida que entra en vigor este domingo.
Pero el rodillo del PP, en mayoría absoluta en este consejo, barrió las quejas de los consejeros de la oposición, incómodos. No habrá moratorias para el nuevo copago farmacéutico que prevé la participación de los ciudadanos en activo del 40%, el 50% o el 60% en el precio de los fármacos. Los pensionistas tendrán que pagar el 10% con un tope de 8, 18 o 60 euros. “Técnicamente todas las comunidades están preparadas, sin prejuicio de posibles incidencias que conlleva un cambio de estas características, pero esperamos que sean menores”, dijo Mato que no quiso valorar la postura del País Vasco. “Todos los gobiernos autonómicos están obligados a cumplir la legalidad, se puede discrepar de los contenidos o recurrir la medida, pero no incumplir una ley”, dijo.
Una medida con la que, según Mato, se contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pero que tocará, sin duda, el bolsillo del ciudadano, que también se verá afectado por la exclusión de fármacos. Los fármacos desfinanciados serán finalmente 426 y no 456. La lista que Sanidad presentó ayer a las comunidades incluye menos productos que la propuesta inicial. Pero no porque algunos fármacos hayan sido indultados, sino porque ya ni siquiera aparecían en el catálogo de aquellos cubiertos por la sanidad pública o porque ya no se usaban. En la propuesta aparecen grupos terapéuticos enteros, desde antitusivos hasta antiácidos. Un listado que, según la consejera andaluza María Jesús Montero, no se ha elaborado bajo criterios de utilidad terapéutica. Montero criticó la premura de la medida. También que no se haya informado “correctamente” a autonomías como la suya que, dijo, no han tenido tiempo para analizar a fondo los efectos de la propuesta.
Para José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, la desfinanciación de los más de 400 fármacos, con la que el Gobierno planea ahorrar unos 440 millones de euros, es “un paso muy importante”. El también portavoz de Sanidad del PP asegura que la exclusión de estos productos no causará en ningún caso daño en la salud de los ciudadanos porque son fármacos "que solo alivian síntomas". "El 95% de los medicamentos que se desfinancian no están cubiertos en ningún país de la UE", dijo.
Hacía 15 años que no se revisaba el nomenclátor, la lista de fármacos financiados, aseguró la ministra, que explicó que se prevé que la exclusión sea efectiva a principios de agosto. Y habrá excepciones en algunos casos, dijo, para pacientes crónicos y otros casos fijados por los médicos que seguirían beneficiándose de la financiación pública. Situaciones, sin embargo, que no se especificaron ayer.
Mato aseguró que se ha evaluado el efecto desplazamiento, que supone que al sacar estos fármacos de la lista de financiados se recurra a otros más caros, no ocurrirá. No obstante, en la propuesta que Sanidad hizo llegar a las autonomías se mencionaba ese riesgo. Un riesgo del que hablan los expertos, como así también alertan de que esta falta de financiación puede provocar que estos fármacos, al entrar en el sistema de venta libre, suban de precio. Algo que Mato duda. “El ministerio controlará que no haya subidas excesivas de estos medicamentos”, dijo la ministra.
Las comunidades han acordado también que los enfermos crónicos, o metabólicos que no tengan ninguna alternativa nutricional no deberán pagar por los dietoterápicos. Productos que suplen la alimentación normal y que, con el decreto de abril, quedaban sujetos a aportación del ciudadano. Los productos destinados a tratamientos alérgicos, sin embargo, los deberá cubrir el paciente en función de su renta, igual que los fármacos.
Las pocas comunidades que no están en manos del PP, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Asturias, criticaron ayer la falta de información y la precipitación con la que el Gobierno ha presentado su propuesta para excluir cientos de fármacos de uso común de la financiación pública. Algunos, como el consejero catalán, Boi Ruiz, aseguraron que se enteraron de la información por los medios de comunicación en la noche de la víspera. Así, el medicamentazo pasó a ser una de las medidas estrella del Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que se reunieron los responsables autonómicos y Mato, a pesar de que los puntos a tratar eran muchos.
Era el primer consejo después de la aprobación del real decreto que excluye de la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular y que introduce por primera vez el copago farmacéutico en función de la renta y para los pensionistas, que hasta ahora obtenían los medicamentos gratis. Un asunto polémico por las reticencias a aplicarlo de varias comunidades. El País Vasco se ha declarado insumiso y ha asegurado que cubrirá el coste de los fármacos para sus pensionistas a través de un decreto aprobado el martes. Andalucía lo ha recurrido al Tribunal Constitucional; y Asturias ha asegurado que es prácticamente imposible por cuestiones técnicas llegar a tiempo para aplicar una medida que entra en vigor este domingo.
Pero el rodillo del PP, en mayoría absoluta en este consejo, barrió las quejas de los consejeros de la oposición, incómodos. No habrá moratorias para el nuevo copago farmacéutico que prevé la participación de los ciudadanos en activo del 40%, el 50% o el 60% en el precio de los fármacos. Los pensionistas tendrán que pagar el 10% con un tope de 8, 18 o 60 euros. “Técnicamente todas las comunidades están preparadas, sin prejuicio de posibles incidencias que conlleva un cambio de estas características, pero esperamos que sean menores”, dijo Mato que no quiso valorar la postura del País Vasco. “Todos los gobiernos autonómicos están obligados a cumplir la legalidad, se puede discrepar de los contenidos o recurrir la medida, pero no incumplir una ley”, dijo.
Una medida con la que, según Mato, se contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pero que tocará, sin duda, el bolsillo del ciudadano, que también se verá afectado por la exclusión de fármacos. Los fármacos desfinanciados serán finalmente 426 y no 456. La lista que Sanidad presentó ayer a las comunidades incluye menos productos que la propuesta inicial. Pero no porque algunos fármacos hayan sido indultados, sino porque ya ni siquiera aparecían en el catálogo de aquellos cubiertos por la sanidad pública o porque ya no se usaban. En la propuesta aparecen grupos terapéuticos enteros, desde antitusivos hasta antiácidos. Un listado que, según la consejera andaluza María Jesús Montero, no se ha elaborado bajo criterios de utilidad terapéutica. Montero criticó la premura de la medida. También que no se haya informado “correctamente” a autonomías como la suya que, dijo, no han tenido tiempo para analizar a fondo los efectos de la propuesta.
Para José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, la desfinanciación de los más de 400 fármacos, con la que el Gobierno planea ahorrar unos 440 millones de euros, es “un paso muy importante”. El también portavoz de Sanidad del PP asegura que la exclusión de estos productos no causará en ningún caso daño en la salud de los ciudadanos porque son fármacos "que solo alivian síntomas". "El 95% de los medicamentos que se desfinancian no están cubiertos en ningún país de la UE", dijo.
Hacía 15 años que no se revisaba el nomenclátor, la lista de fármacos financiados, aseguró la ministra, que explicó que se prevé que la exclusión sea efectiva a principios de agosto. Y habrá excepciones en algunos casos, dijo, para pacientes crónicos y otros casos fijados por los médicos que seguirían beneficiándose de la financiación pública. Situaciones, sin embargo, que no se especificaron ayer.
Mato aseguró que se ha evaluado el efecto desplazamiento, que supone que al sacar estos fármacos de la lista de financiados se recurra a otros más caros, no ocurrirá. No obstante, en la propuesta que Sanidad hizo llegar a las autonomías se mencionaba ese riesgo. Un riesgo del que hablan los expertos, como así también alertan de que esta falta de financiación puede provocar que estos fármacos, al entrar en el sistema de venta libre, suban de precio. Algo que Mato duda. “El ministerio controlará que no haya subidas excesivas de estos medicamentos”, dijo la ministra.
Las comunidades han acordado también que los enfermos crónicos, o metabólicos que no tengan ninguna alternativa nutricional no deberán pagar por los dietoterápicos. Productos que suplen la alimentación normal y que, con el decreto de abril, quedaban sujetos a aportación del ciudadano. Los productos destinados a tratamientos alérgicos, sin embargo, los deberá cubrir el paciente en función de su renta, igual que los fármacos.
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