CSI.F, UGT, CCOO, y SATSE dicen que el 'medicamentazo' no conllevará ahorros y los fármacos desfinanciados se encarecerán
Madrid (29/06/2012) - E.P.
Los sindicatos hablan de "otra ocurrencia del Gobierno" y presentan ante el Defensor del Pueblo una queja formal contra la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio
Las organizaciones sindicales CSI-F, UGT, CC.OO y SATSE han alertado de que el llamado 'medicamentazo' acordado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades auntónomas, por el que se saca de la financiación pública más de 400 medicamentos, no va a suponer ningún ahorro para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y conllevará una subida de precio de los fármacos afectados por dicha medida. Así lo han reconocido tras su salida de la sede del Defensor del Pueblo tras presentar una queja formal contra la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio a través del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril.
"Es otra ocurrencia del Gobierno, hoy ha sido el medicamentazo, pero no sabemos lo que ocurrirá mañana, dependerá de la alegría del presidente (Mariano Rajoy) al que sólo vemos en los partidos de fútbol", ha aseverado Luis Álvarez, responsable de negociación colectiva de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras (CC.OO), quien ha alertado de que esta medida "no va a suponer un ahorro sino que va a generar más gasto".
Y es que, como ha añadido el portavoz del sector de Sanidad del sindicato CSI-F, Carlos Amaya, no es la primera vez que se sacan medicamentos de la financiación pública y la experiencia de otras ocasiones dice que "acaban siendo sustituidos por otros, quizás más modernos, pero más caros".
"No estamos de acuerdo con este modelo de retirar estos medicamentos porque al incorporar otros nuevos que llevan una innovación y una patente, irá aparejada una subida de precios", ha insistido.
Además, la secretaria del Sector Salud y Servicios Sociosanitarios de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de los Trabajadores (FSP-UGT), Pilar Navarro, ha censurado que esta medida afecta "a los medicamentos más simples o que dan cobertura para patologías livianas", lo que va a obligar a usar otros, con lo que se estará "matando moscas a cañonazos".
La responsable de este sindicato ha criticado igualmente que "se vuelvan a enterar por la prensa" de las decisiones del Ministerio cuando el día anterior al Consejo Interterritorial hubo una reunión del Comité Consultivo del SNS en la que "en ningún momento hablaron de esta exclusión de medicamentos".
Los sindicatos coinciden en que se trata de una medida que vuelve a afectar a los ciudadanos y hace que la Sanidad española sea "menos universal y más inaccesible", según Alejandro Laguna, secretario general del sindicato de Enfermería SATSE.
Confianza en llegar hasta el TC
Por ello, confían en que tanto el 'medicamentazo' como el resto de medidas que incluye la reforma sanitaria del Gobierno sirvan para que la queja presentada ante el Defensor del Pueblo "se tramite con la mayor brevedad posible" y se eleve al Tribunal Constitucional (TC) porque "todas estas medidas son inconstitucionales".
"Vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, artículos de la Constitución y de la negociación colectiva, y atenta contra la salud y la igualdad de trato de los ciudadanos", ha insistido la responsable de UGT.
En concreto, los sindicatos alegan que la reforma sanitaria vulnera los artículos 14 y 43 de la Constitución, que garantizan el principio de igualdad y la protección de la salud, así como la Ley General de Sanidad y el Estatuto Básico del Empleado Público.
"Es otra ocurrencia del Gobierno, hoy ha sido el medicamentazo, pero no sabemos lo que ocurrirá mañana, dependerá de la alegría del presidente (Mariano Rajoy) al que sólo vemos en los partidos de fútbol", ha aseverado Luis Álvarez, responsable de negociación colectiva de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras (CC.OO), quien ha alertado de que esta medida "no va a suponer un ahorro sino que va a generar más gasto".
Y es que, como ha añadido el portavoz del sector de Sanidad del sindicato CSI-F, Carlos Amaya, no es la primera vez que se sacan medicamentos de la financiación pública y la experiencia de otras ocasiones dice que "acaban siendo sustituidos por otros, quizás más modernos, pero más caros".
"No estamos de acuerdo con este modelo de retirar estos medicamentos porque al incorporar otros nuevos que llevan una innovación y una patente, irá aparejada una subida de precios", ha insistido.
Además, la secretaria del Sector Salud y Servicios Sociosanitarios de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de los Trabajadores (FSP-UGT), Pilar Navarro, ha censurado que esta medida afecta "a los medicamentos más simples o que dan cobertura para patologías livianas", lo que va a obligar a usar otros, con lo que se estará "matando moscas a cañonazos".
La responsable de este sindicato ha criticado igualmente que "se vuelvan a enterar por la prensa" de las decisiones del Ministerio cuando el día anterior al Consejo Interterritorial hubo una reunión del Comité Consultivo del SNS en la que "en ningún momento hablaron de esta exclusión de medicamentos".
Los sindicatos coinciden en que se trata de una medida que vuelve a afectar a los ciudadanos y hace que la Sanidad española sea "menos universal y más inaccesible", según Alejandro Laguna, secretario general del sindicato de Enfermería SATSE.
Confianza en llegar hasta el TC
Por ello, confían en que tanto el 'medicamentazo' como el resto de medidas que incluye la reforma sanitaria del Gobierno sirvan para que la queja presentada ante el Defensor del Pueblo "se tramite con la mayor brevedad posible" y se eleve al Tribunal Constitucional (TC) porque "todas estas medidas son inconstitucionales".
"Vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, artículos de la Constitución y de la negociación colectiva, y atenta contra la salud y la igualdad de trato de los ciudadanos", ha insistido la responsable de UGT.
En concreto, los sindicatos alegan que la reforma sanitaria vulnera los artículos 14 y 43 de la Constitución, que garantizan el principio de igualdad y la protección de la salud, así como la Ley General de Sanidad y el Estatuto Básico del Empleado Público.
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