Galicia se suma a las comunidades insumisas que atenderán a sin papeles
Andalucía, Cataluña y País Vasco formalizan su rebelión a la reforma sanitaria
El País Madrid 30 AGO 2012 - 21:52 CET18
La rebelión de las comunidades ante la decisión de no atender en los servicios sanitarios a los inmigrantes sin papeles cuenta con un aliado de peso: Galicia, gobernada por el PP, ha anunciado que no retirará la prestación. Se une así al grupo de las comunidades gobernadas por otros partidos (País Vasco, Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias) que han anunciado que harán lo mismo.
Pero a un día de que la medida entre en vigor, hay un serio peligro de que alguno de estos anuncios se quede en papel mojado. Porque mantener la atención a los inmigrantes sin papeles —unos 150.000 no comunitarios, según ha calculado este periódico— exige un montaje burocrático que no se soluciona con palabras. Con la informatización del sistema, la clave del acceso no es la buena voluntad de un consejero o de un funcionario, sino algo que no se puede improvisar: la tarjeta sanitaria, sea esta la misma que la del resto de la población (válida en todo el territorio español) o una especial para cada comunidad.
Ya cuando el Gobierno central anunció que la sanidad pública dejaría sin cobertura a los inmigrantes sin papeles, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresó sus reservas al respecto. Ayer las concretó. Una instrucción del Servicio Gallego de Salud (Sergas) obligará a los médicos del sistema público a atender a las personas sin documentos que se encuentren empadronadas en Galicia. “Estamos recogiendo el fruto del rigor económico”, se ufanó Feijóo.
Según el anuncio, del que hoy se conocerán los detalles escritos, la consejería expedirá un documento que certificará que el individuo portador del mismo “no tiene recursos y que es vecino en Galicia”. Así, la Xunta ampliará a todos los servicios del sistema gallego de salud la atención a los inmigrantes indocumentados, que en Galicia son alrededor de 9.000. "Seguirán recibiendo atención en los centros de salud", expuso Feijóo.
Andalucía lo tiene más fácil. La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha reafirmado que se va a seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares “como se ha venido haciendo todo este tiempo”. “La novedad es que no hay ninguna novedad”, dijo. Montero lo tiene fácil, ya que los inmigrantes sin papeles tienen una tarjeta aparte, la “provisional de reconocimiento temporal”, por lo que la Junta no tiene que hacer ningún cambio. La Junta calcula que había expedido el año pasado 46.000 de estas tarjetas.
Montero ha asegurado, también, que la medida no va a suponer un “efecto llamada” para los inmigrantes de otros puntos de España. Según la consejera, el número de personas en situación irregular que acude normalmente a un centro de salud es muy bajo (el 0,6% del total): “No tienen cultura de atención primaria en muchos países de origen, y menos si no hay un problema grave. Irán por la vía de urgencias”, prevé la consejera.
El consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, aseguró ayer: “Hay que saber si estamos en un sistema universal, o en otro modelo asistencial. Porque están poniendo en peligro la sanidad vasca, y la española en general”. El Gobierno vasco va a, “simplemente, desobedecer”, por lo que los inmigrantes “van a seguir siendo atendidos como debe ser”. A su juicio, esto no es “insumisión”. El método que se aplica hasta ahora seguirá vigente: según una regulación de 1998, a partir de 90 días de residencia se concede al extranjero una tarjeta provisional (cubre lo mismo que la normal) y, a partir del año de residencia, se le da la normal. Y va a seguir exactamente igual. Es la regulación establecida desde 1998.
En lo que respecta al medicamentazo que se llevará a cabo a partir de este sábado, 1 de septiembre, el consejero aclaró que, por un lado, está la retirada de fármacos para problemas menores que surge de un análisis en función de su utilidad, y que se realiza de forma normal y común “cada ocho o nueve años” para saber qué entra y qué no. Por otro lado, Bengoa especificó que hay medicamentos, de los 400 que estaban en la lista que son para enfermedades graves, como el cáncer, y que el Gobierno vasco cree que seguirán “siendo cubiertos por fondos públicos” (ya había en el decreto excepciones en este sentido). De todas formas, muchos de los medicamentos de la lista “dejarán de estar cubiertos desde septiembre”, aclaró.
Cataluña también se ha declarado insumisa. La Generalitat garantiza durante los próximos seis meses la misma atención sanitaria que hasta ahora presta a los 180.000 extranjeros, entre comunitarios y extracomunitarios, y los 420.000 españoles que no cotizan a la seguridad social. Luego, las tarjetas deberán renovarse cada año. El consejero de Sanidad, Boi Ruiz, explicó ayer que para obtener una tarjeta especial, los sin papeles deberán acreditar durante el primer semestre al menos tres meses de empadronamiento. Con ello accederán a la atención primaria, urgencias, a médicos especialistas en casos excepcionales y el copago del 40% del gasto farmacéutico. Se les exigirá también que sus ingresos no superen la renta básica para la inclusión y protección social, algo menos de 500 euros para una persona, 600 para una familia de tres miembros. Eso sí, estos datos se tendrán que acreditar mediante documentación o bien por declaración jurada del peticionario.
Asturias y Canarias también han anunciado que atenderán a los inmigrantes sin papeles, pero no han explicado cómo.
Pero a un día de que la medida entre en vigor, hay un serio peligro de que alguno de estos anuncios se quede en papel mojado. Porque mantener la atención a los inmigrantes sin papeles —unos 150.000 no comunitarios, según ha calculado este periódico— exige un montaje burocrático que no se soluciona con palabras. Con la informatización del sistema, la clave del acceso no es la buena voluntad de un consejero o de un funcionario, sino algo que no se puede improvisar: la tarjeta sanitaria, sea esta la misma que la del resto de la población (válida en todo el territorio español) o una especial para cada comunidad.
Ya cuando el Gobierno central anunció que la sanidad pública dejaría sin cobertura a los inmigrantes sin papeles, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresó sus reservas al respecto. Ayer las concretó. Una instrucción del Servicio Gallego de Salud (Sergas) obligará a los médicos del sistema público a atender a las personas sin documentos que se encuentren empadronadas en Galicia. “Estamos recogiendo el fruto del rigor económico”, se ufanó Feijóo.
Según el anuncio, del que hoy se conocerán los detalles escritos, la consejería expedirá un documento que certificará que el individuo portador del mismo “no tiene recursos y que es vecino en Galicia”. Así, la Xunta ampliará a todos los servicios del sistema gallego de salud la atención a los inmigrantes indocumentados, que en Galicia son alrededor de 9.000. "Seguirán recibiendo atención en los centros de salud", expuso Feijóo.
Dos modelos para cumplir el decreto
- Artur Mas. El presidente de la Generalitat (CDC) llegó al poder en noviembre de 2010. Desde entonces, apretado por las estrecheces financieras, la sanidad —y su gasto— ha estado entre sus prioridades, y lo ha sometido a múltiples recortes.
- Copago. Una de las medidas más controvertidas fue poner una tasa de un euro por receta, además del copago impuesto por el Ministerio de Sanidad.
- Anuncio. Desde que se anunció el real decreto de recortes, la Consejería de Sanidad manifestó su rechazo. Ayer el consejero, Boi Ruiz, explicó cómo se iba a hacer.
- Afectados. La consejería calcula que hay hasta 600.000 afectados por el recorte, pero en esta cifra entran extranjeros comunitarios, personas que ganan más de 100.000 euros y los llamados propiamente inmigrantes sin papeles.
- Tarjeta. Los afectados tendrán que renovar la tarjeta autonómica cada año.
- Alberto Núñez Feijóo. El presidente de Galicia, del PP, tiene un amplio conocimiento de la sanidad: fue director del Insalud, el organismo que agrupaba la atención en las comunidades antes de las transferencias.
- Objeción. Aunque ayer fue cuando formalizó su insumisión (y es la primera comunidad gobernada por el PP), ya había manifestado que había que buscar los “resquicios” del sistema.
- Requisitos. Se mantiene la condición de que hay que estar empadronado en la comunidad para ser atendido. La Xunta emitirá una tarjeta especial para ellos, que solo se podrá utilizar en la comunidad.
- Población atendida.Se calcula que en la comunidad hay unos 9.000 inmigrantes en situación irregular.
- Financiación. El presidente de la Xunta afirma que esta atención, que va más allá de la decretada por el Gobierno central, se puede ofrecer por la buena situación financiera.
Montero ha asegurado, también, que la medida no va a suponer un “efecto llamada” para los inmigrantes de otros puntos de España. Según la consejera, el número de personas en situación irregular que acude normalmente a un centro de salud es muy bajo (el 0,6% del total): “No tienen cultura de atención primaria en muchos países de origen, y menos si no hay un problema grave. Irán por la vía de urgencias”, prevé la consejera.
El consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, aseguró ayer: “Hay que saber si estamos en un sistema universal, o en otro modelo asistencial. Porque están poniendo en peligro la sanidad vasca, y la española en general”. El Gobierno vasco va a, “simplemente, desobedecer”, por lo que los inmigrantes “van a seguir siendo atendidos como debe ser”. A su juicio, esto no es “insumisión”. El método que se aplica hasta ahora seguirá vigente: según una regulación de 1998, a partir de 90 días de residencia se concede al extranjero una tarjeta provisional (cubre lo mismo que la normal) y, a partir del año de residencia, se le da la normal. Y va a seguir exactamente igual. Es la regulación establecida desde 1998.
En lo que respecta al medicamentazo que se llevará a cabo a partir de este sábado, 1 de septiembre, el consejero aclaró que, por un lado, está la retirada de fármacos para problemas menores que surge de un análisis en función de su utilidad, y que se realiza de forma normal y común “cada ocho o nueve años” para saber qué entra y qué no. Por otro lado, Bengoa especificó que hay medicamentos, de los 400 que estaban en la lista que son para enfermedades graves, como el cáncer, y que el Gobierno vasco cree que seguirán “siendo cubiertos por fondos públicos” (ya había en el decreto excepciones en este sentido). De todas formas, muchos de los medicamentos de la lista “dejarán de estar cubiertos desde septiembre”, aclaró.
Cataluña también se ha declarado insumisa. La Generalitat garantiza durante los próximos seis meses la misma atención sanitaria que hasta ahora presta a los 180.000 extranjeros, entre comunitarios y extracomunitarios, y los 420.000 españoles que no cotizan a la seguridad social. Luego, las tarjetas deberán renovarse cada año. El consejero de Sanidad, Boi Ruiz, explicó ayer que para obtener una tarjeta especial, los sin papeles deberán acreditar durante el primer semestre al menos tres meses de empadronamiento. Con ello accederán a la atención primaria, urgencias, a médicos especialistas en casos excepcionales y el copago del 40% del gasto farmacéutico. Se les exigirá también que sus ingresos no superen la renta básica para la inclusión y protección social, algo menos de 500 euros para una persona, 600 para una familia de tres miembros. Eso sí, estos datos se tendrán que acreditar mediante documentación o bien por declaración jurada del peticionario.
Asturias y Canarias también han anunciado que atenderán a los inmigrantes sin papeles, pero no han explicado cómo.
Con información de David García (Barcelona), Daniel Salgado (Santiago), Javier Martín-Arroyo (Sevilla), Jon Guruz A. Izquierdo (San Sebastián) y Emilio de Benito (Madrid).
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