Más de 1.700 profesionales sanitarios quieren atender a los 'sin papeles' | Noticias | elmundo.es

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SANIDAD | Ojetores del decreto

Más de 1.700 profesionales sanitarios quieren atender a los 'sin papeles'

• Los médicos de familia proponen que Sanidad elabore una serie de servicios
• La campaña de Médicos del Mundo ha recibido 14.000 fimar de apoyo
• REDVIH dice que algunos hospitales ya no atienden a los inmigrantes

ELMUNDO.es | Agencias | Madrid

Actualizado jueves 30/08/2012 13:40 horas

Un total de 1.731 profesionales sanitarios de toda España, la mayoría médicos de Atención Primaria, han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o 'sin papeles' a partir del 1 de septiembre, cuando entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad por la que pierden su derecho a tener una tarjeta sanitaria.

Así se desprende de los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a esta medida, aunque posteriormente lo abrieron a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.

De hecho, aunque el grueso de los objetores son médicos de Atención Primaria (72% del total de los profesionales inscritos), también se han registrado 86 profesionales de Enfermería, 58 internistas, 56 psiquiatras, 31 pediatras, y 21 ginecólogos y obstetras.

Por comunidades autónomas y provincias

Por comunidades, Madrid es la región con más profesionales sanitarios contrarios a la medida del Ministerio de Sanidad, 378, uno de cada cinco de todos los inscritos en el registro de semFYC.
A esta comunidad le siguen Cataluña (215), Comunidad Valenciana (163), Aragón (142), Andalucía (133), Galicia (115), Castilla y León (99), Baleares (91), Castilla-La Mancha (59), País Vasco (58), Asturias (52) Canarias (51), Extremadura (50), Navarra (46), Murcia (43), Cantabria (26), La Rioja (9) y Melilla (1).

Por provincias, Madrid también lidera el ranking duplicando en número de objetores a Barcelona, con 175, la segunda por delante de Zaragoza (117), Valencia (111), Baleares (91) y Pontevedra (69).
Llama la atención la presencia de objetores en algunas comunidades como Andalucía o País Vasco, a pesar de que sus Gobiernos autonómicos ya han mostrado su intención de no aplicar la medida y permitir la asistencia a los inmigrantes.

En todos los casos, los profesionales registrados entienden que la medida impulsada por la ministra del ramo Ana Mato es "contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer".

Además, el presidente de semFYC, Josep Basora, ha reclamado al Gobierno que elabore un paquete básico de servicios para este colectivo que integrarían la Atención Primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud). "Así estaríamos en condiciones de resolver la mayoría de problemas de salud que padecen", ha asegurado.

Derecho a curar

Por su parte, la organización Médicos del Mundo, que puso en marcha el pasado miércoles la campaña 'Derecho a curar' para sumar adhesiones de profesionales sanitarios a la objeción de conciencia, ha recibido 14.000 firmas de apoyo.

"Hay un derecho en una sociedad como es la nuestra que es el derecho a la salud. Yo, como médico, no puedo denegar auxilio ni atención a una persona que me lo pida, me obliga mi profesión", explica Rafael Sotoca, presidente de Médicos del Mundo de la comunidad valenciana. Este médico considera todo un éxito esta campaña y se da por satisfecho "con que sirva para que la gente reflexione sobre esto, sobre la sustracción de un derecho. Me parece fenomenal".

En cuanto a la valoración de la iniciativa de la semFYC, Sotoca considera que 1.700 objeciones es un gran número. "Hay que tener en cuenta que es agosto y que este es un colectivo que no se suele movilizar. Además, se trata de una adhesión a una iniciativa que, más que conseguir un acto directo, lo que se logra es un acto de inconformismo hacia el decreto establecido", señala el portavoz de Médicos del Mundo.

VIH e inmigrantes

Algunos hospitales ya están negando el tratamiento a los inmigrantes en situación irregular con sida, según ha denunciado hoy el Observatorio de Derechos Humanos de la Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado Español (REDVIH), "lo que aumentará la mortalidad y facilitará la transmisión del virus".

REDVIH sostiene, en una nota de prensa, que el Gobierno no tiene evidencias de que el pretendido ahorro que pretende lograr negando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados, a partir del próximo sábado, "supere el nuevo gasto que se generará con más hospitalizaciones y la atención en urgencias".

El Observatorio ha recibido diversas consultas no solo de las personas que temen quedarse sin tratamiento antirretroviral sino también por parte del personal sanitario y ONG que consideran que la medida "atenta contra los derechos humanos al poner en peligro la vida de cientos de personas con VIH dentro de nuestro país".

Ante ello, argumenta que, a tan solo dos días de la entrada en vigor de este decreto, en España impera "la sensación de una total improvisación en lo que se refiere a la política sanitaria frente al VIH por parte del Gobierno".

Héctor Fortuny, activista de REDVIH, ha señalado, en una nota de prensa, que hay hospitales donde los profesionales se están encontrando entre "la espada y la pared", es decir, entre la negativa de la dirección a dar medicación a las personas con VIH y la necesidad de los pacientes.

"Exigimos a nuestros gobernantes que rectifiquen; no vamos a permitir que se sobrepasen ciertos límites, porque con la vida no se juega", ha dicho Joan Bertran de Bes, técnico responsable del Observatorio.

En las últimas semanas, este organismo también está recibiendo el testimonio de varios profesionales de la medicina de algunas comunidades autónomas a las cuales la dirección del hospital ya les ha comunicado que no se atenderá a los inmigrantes irregulares que se quedan sin tarjeta.

A pesar de ello, según REDVIH, muchos de estos facultativos han manifestado que su intención es "hacer objeción de conciencia y atender a todos los pacientes". Sin embargo, "temen las posibles consecuencias que les pueda generar a nivel laboral y legal".