RAFAEL SOTOCA| Presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana
“Ninguna ONG podrá ofertar nunca una una cartera básica de servicios sanitarios”
Las declaraciones de que los inmigrantes sin papeles y sin recursos deberán costearse la asistencia médica “están fuera del sentido común”
Neus Caballer Valencia 29 AGO 2012 - 23:26 CET
Rafael Sotoca Covaleda, presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana.
“Ninguna ONG, por grande que sea, podrá ofertar nunca una cartera básica de servicios sanitarios”, afirma con contundencia Rafael Sotoca Covaleda, presidente de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana, la ONG que ha emprendido una campaña de concienciación a través del personal sanitario para que ningún ciudadano en situación irregular o sin recursos se quede sin asistencia sanitaria. Para Sotoca, las declaraciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que los inmigrantes sin papeles deberán costearse la asistencia médica aumentan el desconcierto y “están fuera de rango, fuera del sentido común”.
Sotoca Covaleda confirma que la Consejería de Sanidad no se ha puesto en contacto con la organización para exponer las bases del nuevo modelo que propugna el consejero Luis Rosado, en el que las ONG deberán asumir y canalizar el control clínico de los pacientes indocumentados. “La fórmula de asistencia sanitaria en convenios con la Consejería de Sanidad solo la tenemos nosotros, Médicos del Mundo, por eso podemos recibir pacientes de otras ONG de cooperación al desarrollo, que derivan la atención médica hacia nosotros. Y nadie nos ha comunicado nada por ahora”.
“Nos preocupa mucho la gente que se pueda quedar en la calle sin asistencia. Si alguien piensa cobrar algo a una persona sin recursos que no tiene ni identificación es que está fuera de la realidad, porque ni pueden pagarlo y dudo mucho que sin identificación puedan contratar la póliza que propone el Ministerio de Sanidad”, añade este médico de familia, en referencia al anuncio de suscribir una póliza con los 153.469 inmigrantes no comunitarios indocumentados a los que afectará desde el sábado la pérdida de tarjeta sanitaria en toda España, de los cuales 30.000 residen en la Comunidad Valenciana.
A partir del sábado, estas personas sólo tendrán atención de urgencia, asistencia al embarazo, al parto y a los cuidados pediátricos.
En opinión, Sotoca Covaleda, “la Consejería de Sanidad está preocupada por esos 30.000 inmigrantes irregulares, que van a perder su tarjeta sanitaria, porque sabe que ninguna ONG puede asumir esta asistencia”.
En la búsqueda de soluciones, Sotoca Covaleda defiende la adoptada por la Generalitat en las instrucciones enviadas en julio por la Consejería de Sanidad a los centros de salud y hospitales valencianos para seguir prestando asistencia sanitaria “normalizada” a estas personas a través de una tarjeta o identificación provisional con “carácter excepcional y transitorio” y una vigencia de seis meses.
“Se trata de una especie de reconocimiento de atención emitido por el equipo de atención primaria y los trabajadores sociales sobre la situación personal del paciente que se encuentre indocumentado”, describe Sotoca Covaleda. “Esto tiene encaje legal dentro del nuevo marco legislativo aprobado por el Ministerio de Sanidad con el nuevo Real Decreto, que entra en vigor”. “Como ONG pedimos que se aplique esta fórmula en la Comunidad Valenciana, porque respeta y se enmarca dentro de la propia legislación autonómica”.
En cualquier caso, la ONG Médicos del Mundo se reafirma en que mantiene su “discrepancia” con la nueva ley del Ministerio de Educación y considera que el estado de estas personas en situación irregular “se tiene que resolver de forma urgente”.
“No estaríamos en este desaguisado si no se hubiera trastocado el sistema nacional de salud que teníamos basado en los derechos de los ciudadanos para todos, y no en uno basado en el sistema de prestación de servicios con asegurados o en cuotas”, reflexiona Sotoca Covaleda.
El presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana considera que “el sistema sanitario basado en cuotas ya está superado” porque, a través de la sucesión de leyes desde 1966, incluida la Ley General de Sanidad de 1986 que ahora predica la ministra, “se ha consolidado un modelo de financiación por tributos. Es decir, en impuestos como el IVA o el IRPF, y no por cuotas como antes de los setenta”.
Sotoca Covaleda considera que tampoco ayuda en nada al debate mezclar la atención sanitaria a los inmigrantes con el llamado “turismo sanitario” de extranjeros regulares de otros países que acuden a España.
De la misma forma que rechaza la orden de la ministra de atender a los pacientes irregulares fuera del horario laboral y con recursos no públicos. “Yo no puedo ser objetor, porque tengo la obligación de atender a cualquiera que lo necesite y además reivindico el derecho a la salud dentro del sistema público de salud. No en consultas privadas, que la mayoría de médicos no tenemos”.
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