la crisis de la sanidad pública
Los directores de centros de salud también rechazan la“privatización”
Los directivos rechazan la salida a concurso de 27 ambulatorios de la región
Están recogiendo firmas y anuncian movilizaciones durante la huelga de la semana que viene
El mismo día en que cerca de 600 jefes de servicios de una veintena de hospitales madrileños se ha manifestado en contra de los planes sanitarios del Gobierno regional, la plataforma de Equipos Directivos de centros de salud de Madrid ha hecho público un comunicado en el que rechaza la "privatización" que, dentro de ese paquete de medidas, afecta a la atención primaria. Los directores de los 270 centros de salud anuncian diferentes acciones reivindicativas para protestar contra la salida a concurso de la gestión de 27 centros, tal y como prevé el llamado Plan de Garantías para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Madrid.
La privatización del 10% de los centros de salud es "ataque a la línea de flotación de la sanidad pública", consideran los directores en el texto. La Comunidad de Madrid ha anunciado que sacará a concurso la gestión, de manera preferente para sociedades formadas por los propios profesionales. Sin embargo, si ellos no concurren, al concurso puede presentarse cualquier empresa. En la práctica, esto supone que de 27 centros de salud salen todos sus trabajadores (médicos de familia, pediatras, enfermeras, administrativos, etc.) para "ser sustituidos por un equipo contratado por la empresa privada concesionaria del concurso", explican los directores.
El proyecto supone "un cambio radical en el modelo de asistencia sanitaria vigente sustituyendo la gestión pública por un modelo de gestión privada, cuyo objetivo prioritario no puede ser otro que la obtención de beneficios económicos, por encima del interés sanitario actual de ofertar una atención de calidad que responda a las necesidades reales de los ciudadanos", aseguran en el comunicado. La Consejería de Sanidad argumenta que el nuevo modelo será más barato, pero los directores discrepan de unos argumentos que "resultan como poco inconsistentes y contradictorios ante las experiencias internacionales y nacionales de que la privatización no solo no mejora la eficiencia del sistema sanitario, sino que a largo plazo supone una amenaza para su sostenibilidad, su carácter universal y para mantener las prestaciones".
Ante esta situación, los directores anuncian que se opondrán a las medidas "a través de encierros, manifestaciones, recogida de firmas y el apoyo a la huelga de la próxima semana". Todos los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad han convocado una huelga los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre.
Además, la asociación de médicos Afem ha convocado una para facultativos a partir del día 26, de manera indefinida de lunes a jueves. Por tanto, las dos convocatorias coinciden el lunes y martes de la próxima semana, lo que hace prever que al menos esos dos días la incidencia será notable en las consultas y el resto de actividad programada (la urgente está asegurada en los servicios mínimos).
Los responsables de los centros de salud explican en su comunicado que las empresas o cooperativas que opten a los concursos "se verán abocadas a buscar beneficios" disminuyendo la "cantidad y calidad de sus prestaciones" o "realizando una selección de las patologías y de los pacientes". Los directores se quejan, como el resto de colectivos, de no haber sido consultados en la elaboración de las medidas, algo "evidente en el unánime rechazo de todos los colectivos sanitarios". El rechazo al plan de Ignacio González es unánime entre los sindicatos, la oposición, sociedades científicas y asociaciones profesionales.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado este viernes que la huelga sanitaria convocada en la región para la próxima semana "no está justificada" porque "nada de lo que está detrás" de ella es "verdad". "Nosotros no estamos privatizando la sanidad ni estamos cerrando hospitales ni estamos desmantelando nada", ha indicado González tras inaugurar un congreso de dermatología, donde ha señalado que este es "un discurso que ha instrumentado los sindicatos y los partidos de izquierda", informa EP. El Gobierno regional tiene previsto cerrar, al menos, un hospital, el Instituto de Cardiología, y privatizar completamente la gestión de seis hospitales inaugurados en 2008 y de la Lavandería Central, entre otros.
Además, pretendía, hasta que dio marcha atrás después de una masiva movilización popular y del enfrentarse al rechazo unánime de las sociedades científicas, la Universidad Autónoma, el Colegio de Médicos, etc. transformar el hospital de La Princesa en un centro exclusivo para mayores de 75 años.
La privatización del 10% de los centros de salud es "ataque a la línea de flotación de la sanidad pública", consideran los directores en el texto. La Comunidad de Madrid ha anunciado que sacará a concurso la gestión, de manera preferente para sociedades formadas por los propios profesionales. Sin embargo, si ellos no concurren, al concurso puede presentarse cualquier empresa. En la práctica, esto supone que de 27 centros de salud salen todos sus trabajadores (médicos de familia, pediatras, enfermeras, administrativos, etc.) para "ser sustituidos por un equipo contratado por la empresa privada concesionaria del concurso", explican los directores.
El proyecto supone "un cambio radical en el modelo de asistencia sanitaria vigente sustituyendo la gestión pública por un modelo de gestión privada, cuyo objetivo prioritario no puede ser otro que la obtención de beneficios económicos, por encima del interés sanitario actual de ofertar una atención de calidad que responda a las necesidades reales de los ciudadanos", aseguran en el comunicado. La Consejería de Sanidad argumenta que el nuevo modelo será más barato, pero los directores discrepan de unos argumentos que "resultan como poco inconsistentes y contradictorios ante las experiencias internacionales y nacionales de que la privatización no solo no mejora la eficiencia del sistema sanitario, sino que a largo plazo supone una amenaza para su sostenibilidad, su carácter universal y para mantener las prestaciones".
Ante esta situación, los directores anuncian que se opondrán a las medidas "a través de encierros, manifestaciones, recogida de firmas y el apoyo a la huelga de la próxima semana". Todos los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad han convocado una huelga los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre.
Además, la asociación de médicos Afem ha convocado una para facultativos a partir del día 26, de manera indefinida de lunes a jueves. Por tanto, las dos convocatorias coinciden el lunes y martes de la próxima semana, lo que hace prever que al menos esos dos días la incidencia será notable en las consultas y el resto de actividad programada (la urgente está asegurada en los servicios mínimos).
Los responsables de los centros de salud explican en su comunicado que las empresas o cooperativas que opten a los concursos "se verán abocadas a buscar beneficios" disminuyendo la "cantidad y calidad de sus prestaciones" o "realizando una selección de las patologías y de los pacientes". Los directores se quejan, como el resto de colectivos, de no haber sido consultados en la elaboración de las medidas, algo "evidente en el unánime rechazo de todos los colectivos sanitarios". El rechazo al plan de Ignacio González es unánime entre los sindicatos, la oposición, sociedades científicas y asociaciones profesionales.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado este viernes que la huelga sanitaria convocada en la región para la próxima semana "no está justificada" porque "nada de lo que está detrás" de ella es "verdad". "Nosotros no estamos privatizando la sanidad ni estamos cerrando hospitales ni estamos desmantelando nada", ha indicado González tras inaugurar un congreso de dermatología, donde ha señalado que este es "un discurso que ha instrumentado los sindicatos y los partidos de izquierda", informa EP. El Gobierno regional tiene previsto cerrar, al menos, un hospital, el Instituto de Cardiología, y privatizar completamente la gestión de seis hospitales inaugurados en 2008 y de la Lavandería Central, entre otros.
Además, pretendía, hasta que dio marcha atrás después de una masiva movilización popular y del enfrentarse al rechazo unánime de las sociedades científicas, la Universidad Autónoma, el Colegio de Médicos, etc. transformar el hospital de La Princesa en un centro exclusivo para mayores de 75 años.
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