EL PAÍS SEMANAL
La conquista de la calle
El termómetro de la indignación se dispara.
Dos huelgas generales en el primer año de Rajoy en La Moncloa. Una cadena de protestas.
Así ha quedado patente el rechazo ciudadano al deterioro del Estado de bienestar como consecuencia de las políticas de recortes del gasto público perpetrados por el Gobierno.
Las protestas se intensificaron en 2012. Los profesionales de la Sanidad Pública clamaron en las calles de Madrid contra las políticas privatizadoras. / Paul Hanna (Reuters)
Un año después, España es un país empobrecido y devaluado, deprimido por el presente, angustiado por el futuro, dividido como nunca en la reciente etapa democrática e indignado casi a diario. El bálsamo de un cambio de Gobierno con mayoría absoluta no ha curado las heridas. La estricta dieta de adelgazamiento que ha impuesto el Ejecutivo del PP en el gasto público ha dejado, de momento, más paro (500.000 desempleados nuevos) y ha empeorado la calidad de vida de los ciudadanos, con servicios esenciales muy debilitados.
Por primera vez en muchos años, el Estado de bienestar navega por los presupuestos de todas las administraciones entre interrogantes.
Empujado por la anterior gestión socialista, el país lleva un año al borde del precipicio y a la espera de ser rescatado. Algunos de sus bancos principales, arruinados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y desprestigiados por una gestión irresponsable y deficiente, han evitado la quiebra gracias a 37.000 millones de euros de auxilio europeo condicionado a más sacrificios y más desempleo.
El presidente Mariano Rajoy ha tenido el peor año de un gobernante en democracia. Los registros económicos de su gestión están en rojo. El balance de sus primeros 12 meses de presidente, ese cargo que heredó junto a la peor crisis económica de la historia, no puede ser más aciago. Ni siquiera le queda su palabra, hipotecada por el colosal desplome de los ingresos y los arañazos de una deuda creciente.
Subió casi todos los impuestos (el IRPF, el de sociedades y el IVA, entre otros), pese a que prometió lo contrario; abarató el despido (20 días por año trabajado) y facilitó los ERE (la previsión de malos resultados en una empresa basta para iniciar un expediente), pese a que criticó la reforma laboral socialista que abrió ese camino; impuso fuertes recortes en sanidad y educación (10.000 millones de euros), pese a que repitió durante la campaña electoral que eran capítulos intocables del gasto público; perdonó a los defraudadores su delito, previo pago del 10%, pese a que cuando hacía la oposición al PSOE descalificó un plan de amnistía fiscal que no llegó a pasar de la categoría de rumor; no actualizó las pensiones de acuerdo a la subida de la inflación pese a comprometerse a salvar el salario de los pensionistas de los recortes contra la crisis…
El hombre que huía de los líos sacrificó su palabra a la austeridad que le imponían desde Europa y atizó otros fuegos que sacaron más indignación a la calle.
Rajoy ha sido el primer presidente en democracia al que los sindicatos mayoritarios le han convocado
dos huelgas generales antes de cumplir su primer año de gobierno; nunca en la historia de España se vieron movilizaciones tan masivas y heterogéneas. Sus medidas de emergencia –subió el IRPF a los 17 millones de trabajadores, quitó la paga de Navidad a millones de funcionarios, les aumentó la jornada laboral y les redujo los días libres– desencadenaron manifestaciones de enero a diciembre donde se juntaron médicos y enfermeras, rectores y universitarios, profesores y alumnos, jueces y abogados, jóvenes y mayores, asalariados y parados, artistas, clientes de bancos, familias arruinadas…
El primer año de Rajoy dejó a España con menos profesores y más alumnos por aula –las comunidades prescindieron de miles de interinos para ahorrar gastos–; con más listas de espera en los hospitales y con los medicamentos más caros para casi todos; con la atención sanitaria universal y gratuita menos universal y menos gratuita –impusieron un seguro de 700 euros al año a los inmigrantes sin papeles para tener derecho a la asistencia en la red pública–; con menos dinero para atender a los dependientes; con menos subvenciones a los jóvenes para alquilar una vivienda; con menos inversión en obra pública…
El hombre que huía de los líos avaló la subida de las tasas judiciales y las extendió a todos los ciudadanos; anunció una nueva ley del aborto para regresar a 1985 y derogar la vigente; aprobó un anteproyecto de nueva ley educativa que solo satisfizo a la Iglesia y generó más problemas con Cataluña.
El hombre que huía de los líos decidió intervenir Bankia, un banco agonizante con diez millones de clientes y un agujero de 24.000 millones de euros, y forzar la dimisión de su presidente, Rodrigo Rato, al que él mismo había colocado a dedo en ese puesto dos años antes.
El hombre que huía de los líos y dejaba que el paso del tiempo deshiciera los nudos tuvo que tomar decisiones sin tiempo que desencadenaron nuevos líos y más protestas. El año negro de Rajoy tuvo también una dosis considerable de corrupción en las administraciones. Los políticos se convirtieron en un problema, según el CIS.
El exjefe de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el empresario que consideró insuficiente la reforma laboral que abarataba el despido, que pidió trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis, fue detenido y encarcelado por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Con su imperio empresarial quebrado, con miles de trabajadores en la calle y con 19 bancos y 28 empresas de servicios intentando cobrar más de 400 millones en deudas, Díaz Ferrán puso en marcha un plan para ocultar su patrimonio, que pasó a manos de un liquidador profesional de sociedades en crisis, Ángel de Cabo, cuyas maniobras le llevaron también a prisión.
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, continuó su calvario en el juzgado por aprovecharse de su situación para lograr contratos multimillonarios de administraciones públicas cuyos gobernantes le regalaron dinero público sin controlar su destino ni atender a los procedimientos legales establecidos.
A través del Instituto Nóos, que funcionaba con la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro, Urdangarin desvió a sus empresas privadas con ánimo de lucro varios millones de euros que le pagaron los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares, ambos del PP. El fiscal solicitó para el yerno del Rey y su socio, Diego Torres, 8,2 millones de euros de fianza de responsabilidad civil para responder por el daño causado a la Hacienda pública.
El reparto de ayudas públicas durante más de una década para empresas en crisis de Andalucía destapó un vergonzante caso de malversación de dinero público en el pago de expedientes de regulación de empleo para beneficiar a decenas de personas y de empresas. Algunos ex altos cargos del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía terminaron en la cárcel.
En Cataluña, dirigentes políticos de CiU se apoyaron en una institución cultural, el Palau, para la financiación ilegal del partido gracias a las comisiones ilegales que pagaban constructoras, según la investigación judicial. En Sabadell, el juez abrió una causa contra su alcalde socialista y otros altos cargos. Un intermediario, exconcejal del PP, cobró cientos de miles de euros a constructores a cambio de la adjudicación de obras municipales.
En la Comunidad Valenciana, los escándalos por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación siguieron y alcanzaron a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que se aferra al puesto pese a estar imputada y haber escuchado sus conversaciones telefónicas grabadas con el principal promotor sobre el plan general de la ciudad.
Un jurado declaró, por cinco votos a cuatro, “no culpable” de cohecho impropio al expresidente valenciano Francisco Camps, procesado por su relación con los cabecillas de la red Gürtel, que le compraban los trajes en una tienda de Madrid. Su absolución no dio paso a su rehabilitación política, el PP le marginó; la mitad de su Gobierno está imputada por diversas causas de corrupción, y los tribunales investigan todavía la financiación ilegal a través de la red Gürtel del partido que presidía en la Comunidad Valenciana. También hay una causa abierta por el mismo motivo contra el PP de Baleares. En este caso, el empresario que facilitó el delito ha confesado.
El mal uso de dinero público hizo dimitir al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, que durante varios años pasó gastos al Consejo General del Poder Judicial por sus estancias de fin de semana en Marbella y otros destinos turísticos. No pidió perdón, pero dejó su cargo al perder el apoyo de los vocales del gobierno de los jueces.
El rey Juan Carlos sí pidió perdón público, por primera vez en su vida, en una declaración breve y solemne a la salida del hospital en el que ingresó tras romperse la cadera en una caída cuando estaba en Botsuana, adonde había acudido invitado por un empresario amigo a cazar elefantes.
“Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Fueron diez palabras para la historia en un momento especialmente delicado para la imagen de la Monarquía española, muy deteriorada por los negocios ilegales del yerno del Rey y por la fotografía de don Juan Carlos, armado y satisfecho, junto a un elefante muerto a tiros.
El mapa del poder político en España varió algo en 2012, aunque menos de lo previsto.
Los socialistas regresaron a la oposición tan divididos que tuvieron que celebrar un congreso federal extraordinario en febrero. Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general por un puñado de votos. Carmen Chacón perdió la batalla, pero siguió dando guerra cada vez que un resultado electoral era desfavorable, y hubo varios. Otros enredan con más o menos fortuna para que haya primarias lo antes posible y desbancar así a Rubalcaba del liderazgo del partido.
Se celebraron cinco contiendas electorales en 2012, todas adelantadas a la fecha prevista, salvo en Andalucía.
Los únicos territorios que mudaron de piel fueron Asturias, donde el PSOE recuperó el poder tras las elecciones que anticipó Francisco Álvarez Cascos, y el País Vasco, donde el Gobierno volvió a manos de los nacionalistas del PNV. Era la consecuencia directa del regreso a las instituciones de la izquierda radical independentista, representada por Bildu, la nueva Batasuna, que antes amparaba los crímenes de ETA y ahora los rechaza en sus estatutos.
El Gobierno de Mariano Rajoy apenas dio pasos en relación con el fin de ETA. Su estrategia es la espera y el rechazo a cualquier negociación. Rajoy piensa que el tiempo acabará disolviendo una organización criminal que anunció hace más de un año su abandono definitivo de las armas. La excarcelación, impulsada desde el Gobierno, del etarra Bolinaga, secuestrador de José Antonio Ortega Lara, por su enfermedad terminal abrió una pequeña fisura en el PP. Jaime Mayor Oreja protestó, pero Rajoy defendió a su ministro del Interior. También protestó Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid que dejó el cargo por sorpresa solo un minuto antes de que los recortes en los presupuestos autonómicos provocaran una explosión de protestas ciudadanas.
En Andalucía, el PP acariciaba el poder tras 30 años de Gobierno socialista, pero el socialista José Antonio Griñán tuvo un resultado mejor de lo esperado y la suma con IU le permitió mantener el Gobierno.
El PP resistió en Galicia las consecuencias de la crisis económica y los recortes del Gobierno central. Alberto Núñez Feijóo revalidó su puesto de presidente con la izquierda gallega fracturada y el PSOE hundido.
En Cataluña, el presidente Artur Mas (CiU) aprovechó una manifestación de cientos de miles de ciudadanos donde se reclamaba la independencia para adelantar elecciones y meter en la urna sus deseos de secesión. Interrumpió su mandato a mitad de legislatura, cuando Cataluña caminaba al filo de la quiebra, con sus servicios públicos muy deteriorados por los recortes y con la caja llena de agujeros que ponían en cuestión hasta el pago de las nóminas a los funcionarios. En ese contexto, el presidente de la Generalitat aprovechó la manifestación para pedir una mayoría contundente con la que abordar el proceso de independencia de Cataluña. Mas resbaló como nunca nadie lo había hecho en democracia. CiU perdió 12 diputados y quedó en manos de ERC para sus planes de futuro. Su apuesta por la independencia recibió un sonoro varapalo.
La tragedia del año ocurrió en Madrid, en un pabellón municipal donde murieron cinco chicas atrapadas en un pasillo de tres metros de ancho durante la celebración de una macrofiesta de Halloween donde fallaron todos los controles. El empresario que organizó el acto vendió al menos 17.000 entradas para un recinto donde solo podían entrar 10.600 personas; los responsables de la seguridad no vigilaron nada; se abrieron portones solo previstos para emergencias que conducían a una pista abarrotada de gente… Dimitieron varios cargos municipales. El juez imputó al promotor de la fiesta y a responsables del Ayuntamiento de Madrid.
Tras varios años muy malos, España vivió un año peor.
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