Decenas de fármacos excluidos de la financiación disparan sus precios
El Ministerio de Sanidad excluyó de la financiación pública 417 fármacos
Productos como Almax, Flumil, Fortasec, Flutox o Mucosán se incrementan un 50% de media
VÍDEO: ATLAS | FOTO: EL PAÍS
En septiembre, el Ministerio de Sanidad excluyó de la financiación pública 417 fármacos. Productos tan comunes como el Almax o el Codeisán que, desde entonces, los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo. Ahora, cinco meses después de la medida conocida como el medicamentazo, decenas de estos productos han subido de precio. Ha ocurrido con el popular protector gástrico, que en la mayoría de sus presentaciones es un 30% más caro, pero también con otros fármacos como el Fortasec —para tratar la diarrea—, que ha subido un 100%; el Flumil o el Flutox —para procesos catarrales—, que han subido un 40%. Aún así las cantidades finales no son desorbitadas, porque la mayoría de estos productos no superaba los 5 euros, pero la medida, con la que Sanidad aspiraba a ahorrar 440 millones de euros, afecta a unos bolsillos ya doloridos por el aumento del copago farmacéutico.
Sacar un medicamento de la financiación pública supone liberalizar su precio. Este ya no lo decide el Ministerio de Sanidad, porque ya no lo pagan, sino el laboratorio. Un rastreo al precio de los fármacos afectados por el medicamentazo revela que al menos 65 de ellos han variado sus precios; 57 al alza. En algunos casos los importes se han disparado, como el del Daflon —indicado para los edemas y la insuficiencia venosa—, que se ha incrementado un 127%; y ha pasado de 8,8 euros a 19,98. O en el caso del jarabe Motosol, que ha subido un 184% y ha pasado de costar 2,06 euros a 5,85. La subida media de los afectados es de más del 50%.
Farmaindustria, la patronal de los laboratorios, reconoce que algunos precios han subido. “Al salir del paraguas del sistema público se pierden muchas ventas”, explica un portavoz. “Resulta muy difícil mantener el nivel y cada laboratorio decide un precio en función del mercado. Son precios variables que se van modificando. Si es muy alto, hay riesgo de no vender”, sigue.
Los laboratorios deben notificar el nuevo precio a Sanidad. “Si se ve que la cantidad propuesta no es lógica, porque es una subida muy significativa o porque se aleja comparativamente de los precios que hay en Europa, se negocia con los laboratorios”, explica una portavoz del departamento de Ana Mato. Y en esas conversaciones, explican fuentes del sector, se tienen en cuenta los precios de los fármacos de esos laboratorios que aún se financian.
Cuando se anunció la medida, los expertos y los partidos de la oposición ya alertaron de que se produciría un incremento de los precios. Algo que la ministra dudaba. “Si se produce, el ministerio controlará que no haya subidas excesivas”, dijo entonces Mato. De momento, Sanidad no ha rechazado ninguna de las solicitudes de cambio de precio.
Desde Farmaindustria consideran que el impacto de la subida de estos fármacos está amortiguado por la existencia de alternativas terapéuticas, que sí se financian. Un argumento que comparten los responsables del Ministerio de Sanidad, donde especifican, además, que muchos de los medicamentos excluidos están obsoletos o se usan para tratar síntomas menores. “Cuando están indicados para patologías graves o para las que no hay otra alternativa siguen financiados”, incide una portavoz. Es el caso para algunos productos de los enfermos oncológicos o con colon irritable. De hecho, las administraciones siguen financiándolos para estos pacientes al precio antiguo, el previo a la subida.
La exclusión de fármacos puede provocar que se sustituyan por otros similares y más caros aún financiados. Es el efecto desplazamiento que, según los expertos, se ha dado siempre que ha habido una medida similar. Una consecuencia que tiraría por tierra el ahorro previsto. Sanidad, sin embargo, asegura que de momento no hay constancia de que se esté produciendo. “Las comunidades autónomas lo habrían advertido”, dicen. Algunas, como Andalucía, todavía no han detectado nada; aunque afirman que permanecen vigilantes.
El medicamentazo entró en vigor el 1 de septiembre. Ese mes, la factura farmacéutica fue un 25% inferior al mismo mes del año anterior. Pero no todo se puede atribuir a esta medida; el gasto farmacéutico ya había descendido en agosto más de un 20% a raíz de la entrada en vigor del aumento del copago farmacéutico.
Farmaindustria, la patronal de los laboratorios, reconoce que algunos precios han subido. “Al salir del paraguas del sistema público se pierden muchas ventas”, explica un portavoz. “Resulta muy difícil mantener el nivel y cada laboratorio decide un precio en función del mercado. Son precios variables que se van modificando. Si es muy alto, hay riesgo de no vender”, sigue.
Los laboratorios deben notificar el nuevo precio a Sanidad. “Si se ve que la cantidad propuesta no es lógica, porque es una subida muy significativa o porque se aleja comparativamente de los precios que hay en Europa, se negocia con los laboratorios”, explica una portavoz del departamento de Ana Mato. Y en esas conversaciones, explican fuentes del sector, se tienen en cuenta los precios de los fármacos de esos laboratorios que aún se financian.
Cuando se anunció la medida, los expertos y los partidos de la oposición ya alertaron de que se produciría un incremento de los precios. Algo que la ministra dudaba. “Si se produce, el ministerio controlará que no haya subidas excesivas”, dijo entonces Mato. De momento, Sanidad no ha rechazado ninguna de las solicitudes de cambio de precio.
Desde Farmaindustria consideran que el impacto de la subida de estos fármacos está amortiguado por la existencia de alternativas terapéuticas, que sí se financian. Un argumento que comparten los responsables del Ministerio de Sanidad, donde especifican, además, que muchos de los medicamentos excluidos están obsoletos o se usan para tratar síntomas menores. “Cuando están indicados para patologías graves o para las que no hay otra alternativa siguen financiados”, incide una portavoz. Es el caso para algunos productos de los enfermos oncológicos o con colon irritable. De hecho, las administraciones siguen financiándolos para estos pacientes al precio antiguo, el previo a la subida.
La exclusión de fármacos puede provocar que se sustituyan por otros similares y más caros aún financiados. Es el efecto desplazamiento que, según los expertos, se ha dado siempre que ha habido una medida similar. Una consecuencia que tiraría por tierra el ahorro previsto. Sanidad, sin embargo, asegura que de momento no hay constancia de que se esté produciendo. “Las comunidades autónomas lo habrían advertido”, dicen. Algunas, como Andalucía, todavía no han detectado nada; aunque afirman que permanecen vigilantes.
El medicamentazo entró en vigor el 1 de septiembre. Ese mes, la factura farmacéutica fue un 25% inferior al mismo mes del año anterior. Pero no todo se puede atribuir a esta medida; el gasto farmacéutico ya había descendido en agosto más de un 20% a raíz de la entrada en vigor del aumento del copago farmacéutico.
Con información de Jaime Prats y Emilio de Benito.
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