Sueldos públicos, empleos privados
El traslado del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, hoy en huelga, dejó situaciones laborales que ahora obligan a Sanidad a reclamar millones pagados de más
ENCIERROS EN LOS HOSPITALES La mayoría de los hospitales públicos de Madrid son escenario desde las diez de la noche de un encierro de 24 horas convocado por la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios para mantener viva la respuesta social al plan privatizador del Gobierno regional. / BERNARDO PÉREZ
El hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, que atiende a algo más de medio millón de madrileños, es el primero en el que la Comunidad de Madrid ha empezado a aplicar lo que llama “externalización de servicios no sanitarios”. El Gobierno regional pretende, poco a poco, ir prescindiendo de los trabajadores de las cocinas, la lavandería, la limpieza, administración, mantenimiento... Y pagar a empresas para que se ocupen de prestar esos servicios. Hoy es el último día de los 400 empleados públicos no sanitarios del Puerta de Hierro. Sanidad recolocará en otros hospitales a los 220 fijos y despedirá a los 180 interinos, algo por lo que protestan hoy con una huelga. Son trabajadores a los que ha estado pagando la nómina los últimos cuatro años pese a que, en realidad, trabajaban para la concesionaria que presta los servicios no sanitarios al hospital.
Sueldos públicos para empleos privados. Una anomalía que ahora, cuando empieza la “externalización”, es necesario regularizar. Entre finales de 2008 y diciembre de 2011, la Comunidad de Madrid pagó casi 11 millones de euros en sueldos, pese a que al mismo tiempo pagaba un canon a la empresa concesionaria que le daba el servicio con esos y otros trabajadores. Sanidad ha abierto un expediente administrativo para cobrar el dinero que le ha estado adelantando a la concesionaria, tal y como publicó este diario ayer. Pero no es el único caso de nóminas pagadas con dinero público que revierten en la privada. Sanidad también ha estado al menos cuatro años abonando los salarios de cerca de un centenar de trabajadores del centro de especialidades de Argüelles, en la calle Quintana de Madrid, pese a estar gestionado por la Fundación Jiménez Díaz, propiedad de la empresa Capio Sanidad.
Ambas son situaciones insólitas cuyo origen está en el traslado del hospital Puerta de Hierro de su emplazamiento original, en Moncloa-Aravaca, a un nuevo edificio en Majadahonda, a finales de 2008. Se hizo mediante una concesión de obra pública: una empresa construía el edificio y gestionaba todo lo no sanitario a cambio de un canon anual. Es decir, se privatizaba parcialmente la gestión. Pese a ello, la Consejería de Sanidad acordó con los sindicatos que los trabajadores no sanitarios del antiguo Puerta de Hierro podrían seguir en el nuevo. Lo que no ha hecho hasta este año —y no está claro cuánto tardará en hacer efectivo el abono— es restar a la concesionaria las nóminas que ha estado pagando por esos empleados.
La polémica cesión de Argüelles
E. G. S.
La cesión del centro de especialidades de Argüelles a Capio a finales de 2008 fue muy controvertida. En el edificio, de siete plantas y propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Madrileño de Salud atendía a una población de 250.000 personas. A partir del 1 de enero de 2009, la Comunidad de Madrid se lo cedió a la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de Capio) para que instalara allí sus consultas. Organizaciones como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) criticaron el hecho de que la Comunidad cediera un edificio público del antiguo Insalud a “una empresa privada con ánimo de lucro”. Apelaba al Real Decreto 1479/2001 según el cual “los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social” revertirán al Estado “en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben”.Aquella cesión procedía de un acuerdo secreto que firmaron en 2006 la Consejería de Sanidad —el titular era entonces Manuel Lamela— y Capio. El pacto, al que no se dio ninguna publicidad y que este diario desveló en 2008, consistía en que la Comunidad de Madrid transferiría a la Fundación Jiménez Díaz la atención sanitaria de más de 400.000 habitantes de Madrid. La fórmula jurídica fue un concierto sanitario que permitía a Capio hacerse cargo de dos grandes ambulatorios, Pontones y Argüelles. El primero atendía a población asignada hasta entonces al hospital 12 de Octubre. Por primera vez, un centro de especialidades se cedía a una empresa privada. Los médicos de Capio se instalaron en Pontones unos meses antes, en abril de 2008.
Los pagos que hizo la Comunidad de Madrid a la Jiménez Díaz aumentaron un 50% entre 2006 (140 millones) y 2009 (209 millones).
La Fundación Jiménez Díaz cobra a la Administración por cada proceso que atiende (consultas, pruebas, operaciones...). Para calcular cuánto suponen los 98 trabajadores públicos, “se cuantificó qué actividad clínica realizaban, con precios públicos por consulta, prueba de rayos, etcétera”, explica una portavoz de Sanidad. Ese cálculo puede funcionar para el personal sanitario, pero no para el no sanitario (32 personas). “La cantidad resultante se le deduce a la Jiménez Díaz de la liquidación”, afirma la portavoz, pero a petición de EL PAÍS no aporta cifras y señala que el acuerdo fue verbal y que por eso no se puede consultar ningún documento que lo recoja. Un portavoz de Capio precisó ayer que Sanidad le resta un millón de euros del canon anual por esos trabajadores. Según un cálculo aproximado de este diario, los sueldos ascenderían al menos a 2,6 millones al año.
La Consejería de Sanidad admite que estas situaciones anómalas derivan de decisiones que se tomaron durante el traslado del Puerta de Hierro para “evitar la conflictividad laboral”. Según sus explicaciones, el pago de las nóminas de los 98 trabajadores de Argüelles se compensó desde el primer momento, pero no ha sucedido así con la concesionaria del Majadahonda. El expediente administrativo, iniciado porque la empresa no estaba de acuerdo con la cantidad que le reclamaba Sanidad, le reclama 7,9 millones —resultan de restar de los 10,8 millones de las nóminas otros gastos que Sanidad pidió a la concesionaria (subrogarse la contrata de limpieza y la de la cafetería, entre ellos)— por algo más de tres años. El ejercicio 2012 aún no está cerrado ni contabilizado. Podría suponer otros tres millones de euros.
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