Interior pone “cupos” para tratar a presos con hepatitis por los recortes
La nueva terapia, financiada por la sanidad pública, duplica la tasa de curación
Los médicos advierten de que saldrá más caro abordar casos de cirrosis o cáncer
El Ministerio del Interior ha restringido por falta de presupuesto un tratamiento que duplica las opciones de curación para los presos que sufren la forma más habitual de hepatitis C, una enfermedad que afecta a casi el 25% de la población reclusa, según los datos que maneja la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. En diversos escritos remitidos a los responsables médicos de las prisiones, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias asume que no hay dinero para tratar a todos los reos que pueden beneficiarse de los nuevos fármacos, por lo que ha establecido un “cupo” de pacientes y ha creado una lista de espera para irles tratando en función del presupuesto.
La Agencia Española del Medicamento aprobó a finales de 2011 un nuevo tratamiento que aumenta las expectativas de curación de los enfermos de hepatitis C, especialmente los infectados por el genotipo 1, que es la forma más común en la que se presenta el virus (el 75% de los casos). El tratamiento se basa en una triple terapia que une un nuevo fármaco (boceprevir o telaprevir) a los medicamentos habituales que se empleaban hasta ahora para este tipo de hepatitis (interferón pegilado y ribavirina).
Según diversos estudios manejados por la agencia del medicamento, con la medicación clásica se curaban entre el 40% y el 50% de los infectados por el genotipo 1; con la triple terapia, se cura más del 75%.
La agencia estableció en febrero de 2012 unas recomendaciones de uso de este tratamiento en las que especifica para qué tipo de pacientes es apropiado. Estos son los criterios que emplean los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, donde la triple terapia lleva administrándose un año, aunque, según una denuncia de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, algunas comunidades como Asturias, Baleares, Aragón o Canarias están poniendo pegas para que los enfermos accedan a la nueva terapia, que incrementa el coste del tratamiento. Expertos consultados cifran el precio de la medicación clásica en unos 6.000 euros por año (que es la duración estimada de la terapia). Con los nuevos fármacos, aumenta entre 44.534 y 59.629 euros, según una publicación de la Dirección General de Farmacia de la Comunidad Valenciana.
Pero la incidencia de la hepatitis C en las cárceles es muy superior a la que se da fuera de ellas. Los datos recogidos por la Agencia Española del Medicamento sitúan la tasa de infectados por este virus en el mundo occidental entre el 1,5% y el 3% de la población. Entre los presos, cuya atención sanitaria depende de Instituciones Penitenciarias, la tasa es superior al 25%. La Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria asumió las recomendaciones de la agencia del medicamento para el nuevo tratamiento contra la hepatitis C, pero impuso nuevas condiciones. Entre otras, que los pacientes sean “penados”, es decir, que no estén en prisión preventiva, y tengan “una expectativa de permanecer en prisión el tiempo necesario para completar el tratamiento”.
En una circular remitida el 1 de agosto de 2012 a todas las cárceles, Prisiones avisa de las restricciones para estos fármacos: “En la Institución Penitenciaria se ha establecido un cupo de pacientes a tratar, en función de la disponibilidad presupuestaria”. Desde entonces, según Antonio López Burgos, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, en las cárceles españolas se han cursado, al menos, una quincena de peticiones para que se autorice la administración del fármaco a enfermos que cumplen los requisitos y a los que un especialista ha prescrito el tratamiento, pero, según López Burgos, solo se ha autorizado uno. El médico asegura que Interior ha llegado a adelantar la puesta en libertad de un reo para eludir el gasto y ha negado el tratamiento a otro al que respaldó un juez de vigilancia penitenciaria.
En Cataluña, la única comunidad que tiene transferida las competencias en prisiones, se han autorizado cinco tratamientos de la triple terapia para una población de 10.000 presos, frente a los más de 65.000 reclusos que albergan el resto de cárceles españolas. “Son pacientes muy delicados. Tenemos que intervenir ahora o podemos perderlos”, señala López Burgos, que advierte que, sin tratamiento, la hepatitis C suele derivar en cirrosis y cáncer hepático, en cuyo caso la única opción de supervivencia puede ser un trasplante de hígado, que es mucho más caro de afrontar.
El hijo de Trinidad Barrera, una mujer de 72 años vecina de Sevilla, es uno de los reclusos que está a la espera de recibir la triple terapia. Un médico del hospital Virgen del Rocío se lo prescribió hace meses, pero el tratamiento no llega. “El viernes estuve hablando con el médico y me ha dicho que mi hijo necesita estas medicinas, que se las tienen que dar ya”, cuenta Trinidad entre lágrimas. Su hijo Manuel Jesús, tiene 40 años y lleva cinco preso por pequeños robos y menudeo.
La mujer ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha tramitado una queja ante Instituciones Penitenciarias. La respuesta de Interior, fechada el 22 de enero, confirma la restricción por falta de dinero: “Se ha confeccionado un registro de este tipo de enfermos (...) y se irán tomando medidas para irles facilitando el respectivo tratamiento a todos los enfermos, con la periodicidad que permitan los recursos disponibles ante la imposibilidad presupuestaria de atender de forma inmediata y concurrente a todos los casos”. Trinidad, que lleva dos meses sin poder ver a su hijo, cuenta que está pensando en vender su casa para costear la terapia. “Yo lo que pido es que no se me muera en la cárcel”, solloza la mujer.
Sin médicos por las tardes
R. R.
Las restricciones para acceder a la triple terapia contra la hepatitis C no es el único recorte denunciado en los últimos meses por los médicos de las prisiones españolas. Hasta ahora, las prisiones más grandes contaban con un servicio médico las 24 horas, pero desde el pasado 1 de enero varias se han quedado sin facultativo por las tardes. “Se está haciendo una paulatina retirada de guardias médicas de presencia física que responde a un criterio de recortes, dado que no se han aportado estudios que justifiquen el ahorro económico que supondría este cambio”, señala Antonio López Burgos, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Esta medida ha afectado, entre otras, a las prisiones de Murcia I, Jaén, Valladolid y Madrid I.“No se puede obviar el aislamiento de las prisiones, situadas en la mayoría de las ocasiones a bastantes kilómetros de distancia de un centro hospitalario”, señala el médico, que advierte que estas situaciones retrasarán, “en ocasiones dramáticamente”, la asistencia médica de urgencias de los reclusos.
Los sanitarios denuncian también las limitaciones impuestas por Interior al editar una guía farmacoterapéutica en la que se concretan los medicamentos que pueden prescribir los médicos. Cuando un facultativo considera más apropiado otro tratamiento, tiene que pedir autorización a una comisión de farmacia centralizada en Madrid. “Frecuentemente te dicen que no, sin más justificación que el coste económico”, señala López Burgos, que afirma que esta práctica supone una restricción en la libertad de prescripción.
Los sanitarios denuncian también las limitaciones impuestas por Interior al editar una guía farmacoterapéutica en la que se concretan los medicamentos que pueden prescribir los médicos. Cuando un facultativo considera más apropiado otro tratamiento, tiene que pedir autorización a una comisión de farmacia centralizada en Madrid. “Frecuentemente te dicen que no, sin más justificación que el coste económico”, señala López Burgos, que afirma que esta práctica supone una restricción en la libertad de prescripción.
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