Viaje al pasado para abortar
La reforma de la ley que prepara el Gobierno sitúa a España a la cola de Europa
Los expertos alertan de un retroceso de más de 30 años
Manifestación en Madrid convocada por la Plataforma de Organizaciones Feministas por la despenalización del aborto. / Chema Conesa
En España, las mujeres pueden abortar sin dar explicaciones, hasta la semana 14 de gestación. Tras esto, se necesita un dictamen médico y cumplir ciertos requisitos —riesgo para la salud, hasta la semana 22, y anomalías fetales graves o incompatibles con la vida, sin plazo—. Pero cuando aún no ha cumplido tres años desde su estreno, el derecho a la maternidad libremente decidida, que consagra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pende de un hilo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reformará para sustituir ese plazo libre por un sistema de supuestos como el que rigió hasta 2010.
El cambio, alertan los expertos, no solo supondría un retroceso de más de 25 años. También aleja a España de la esfera de la UE, donde predominan leyes de plazos. Así es en Francia (hasta la semana 12 de gestación), Holanda (26) o Italia (10). Solo cuatro países tienen un modelo de supuestos como el deseado por Gallardón: la restrictiva Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. Aunque en los tres últimos se amparan las razones socioeconómicas, bajo las que subyacen, en realidad, la libertad de la mujer.
La nueva regulación colocaría a España al nivel de Malta, que prohíbe el aborto, o Irlanda que lo restringe tanto que es inalcanzable. Estos son, además, los dos únicos países de la UE que no permiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Un supuesto que el titular de Justicia ya ha insistido en que eliminará.
Ese cambio dejaría sin cobertura, alerta la experta en Diagnóstico Prenatal Pilar Martínez Ten, a los 3.000 gravísimos casos que se detectan cada año. Quienes estén en esta situación por el dictamen de patologías como anencefalia o agenesia de cuerpo calloso, de pronóstico fatal, por ejemplo, se verán obligadas a salir del país para abortar. “La restricción también impedirá que se haga la necropsia para ver si la enfermedad se repetirá con otros hijos”, dice Martínez Ten.
Los expertos no dudan de que una ley más restrictiva no frenará los más de 110.000 abortos que se realizan cada año en España, pero sí provocará que las mujeres sin medios para viajar a países más permisivos con la intervención —antaño iban a Londres— recurran a métodos inseguros. En el siglo XXI, apunta la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Plataforma por los Derechos Reproductivos, el aborto clandestino ya no es en casa y con una abortera. “Se recurrirá a fármacos que no están indicados para ello, lo que causará a las mujeres graves problemas de salud”, dice.
El cambio, alertan los expertos, no solo supondría un retroceso de más de 25 años. También aleja a España de la esfera de la UE, donde predominan leyes de plazos. Así es en Francia (hasta la semana 12 de gestación), Holanda (26) o Italia (10). Solo cuatro países tienen un modelo de supuestos como el deseado por Gallardón: la restrictiva Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. Aunque en los tres últimos se amparan las razones socioeconómicas, bajo las que subyacen, en realidad, la libertad de la mujer.
La nueva regulación colocaría a España al nivel de Malta, que prohíbe el aborto, o Irlanda que lo restringe tanto que es inalcanzable. Estos son, además, los dos únicos países de la UE que no permiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Un supuesto que el titular de Justicia ya ha insistido en que eliminará.
Ese cambio dejaría sin cobertura, alerta la experta en Diagnóstico Prenatal Pilar Martínez Ten, a los 3.000 gravísimos casos que se detectan cada año. Quienes estén en esta situación por el dictamen de patologías como anencefalia o agenesia de cuerpo calloso, de pronóstico fatal, por ejemplo, se verán obligadas a salir del país para abortar. “La restricción también impedirá que se haga la necropsia para ver si la enfermedad se repetirá con otros hijos”, dice Martínez Ten.
Los expertos no dudan de que una ley más restrictiva no frenará los más de 110.000 abortos que se realizan cada año en España, pero sí provocará que las mujeres sin medios para viajar a países más permisivos con la intervención —antaño iban a Londres— recurran a métodos inseguros. En el siglo XXI, apunta la ginecóloga Isabel Serrano, presidenta de la Plataforma por los Derechos Reproductivos, el aborto clandestino ya no es en casa y con una abortera. “Se recurrirá a fármacos que no están indicados para ello, lo que causará a las mujeres graves problemas de salud”, dice.
No hay comentarios:
Publicar un comentario