El seguro público para inmigrantes sin papeles costará 60 o 157 euros al mes
Los interesados podrán suscribirlo a partir del 1 de septiembre
La cobertura no incluye los copagos
El Ministerio de Sanidad ha concretado ya el sistema por el que los extranjeros en situación irregular podrán ser atendidos en la sanidad pública. Para ello deberán suscribir un convenio (una especie de seguro) que les costará 60 euros al mes si tienen de 18 a 64 años, y 157 si exceden esa edad. Los menores y mujeres embarazadas serán atendidas como el resto de la población asegurada. El real decreto correspondiente se publicó el sábado en el BOE, y entrará en vigor el 1 de septiembre. También podrán suscribirlo otras personas que han quedado fuera de la cobertura sanitaria pública, como los rentistas que ingresen más de 100.000 euros al año.
Podrán suscribir el convenio los extranjeros que lleven un año empadronados y no tengan acceso a la atención sanitaria como asegurados (que no estén cotizando a la Seguridad Social). Con el pago se tendrá acceso a la cartera básica, lo que excluye la subvención de la medicación, el transporte sanitario no urgente o de las prótesis, por ejemplo. Las comunidades que quieran dar este servicio –u otro- podrán establecer los recargos correspondientes en la póliza.
Al final, los precios son un redondeo al alza de lo que se supo hace un año, cuando la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, declaró que el importe se calculaba en función de lo que cuesta la atención a cada persona en la sanidad pública. Entonces se manejaban las cifras de 59,20 y 155,40 euros al mes para cada tramo de edad.
La solicitud del convenio se podrá presentar en los registros autonómicos, y se considerará que tendrá validez cuando el interesado reciba respuesta positiva o a los tres meses por silencio administrativo. Según Sanidad, estos trámites no requerirán de ningún desembolso extra por parte de las Administraciones.
La publicación de la medida ha reactivado las críticas a la propuesta. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha dicho en un comunicado que “son unas cuantías solo pensadas para favorecer a los seguros privados, a algunos de los cuales superan económicamente, y por supuesto hacen inaccesible estos convenios a quienes tienen una mala situación económica (la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las personas en situación de inmigración irregular)”. “Estamos ante una inaceptable simulación que deja desprotegidas a un número muy importante de personas en nuestro país, y que, además, está pensada para incitar a la suscripción de seguros privados. Una vez más el Ministerio de Sanidad desprecia la salud de las personas en aras a favorecer las alternativas privatizadoras de asistencia sanitaria”, añade la FADSP.
Podrán suscribir el convenio los extranjeros que lleven un año empadronados y no tengan acceso a la atención sanitaria como asegurados (que no estén cotizando a la Seguridad Social). Con el pago se tendrá acceso a la cartera básica, lo que excluye la subvención de la medicación, el transporte sanitario no urgente o de las prótesis, por ejemplo. Las comunidades que quieran dar este servicio –u otro- podrán establecer los recargos correspondientes en la póliza.
Al final, los precios son un redondeo al alza de lo que se supo hace un año, cuando la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, declaró que el importe se calculaba en función de lo que cuesta la atención a cada persona en la sanidad pública. Entonces se manejaban las cifras de 59,20 y 155,40 euros al mes para cada tramo de edad.
La solicitud del convenio se podrá presentar en los registros autonómicos, y se considerará que tendrá validez cuando el interesado reciba respuesta positiva o a los tres meses por silencio administrativo. Según Sanidad, estos trámites no requerirán de ningún desembolso extra por parte de las Administraciones.
La publicación de la medida ha reactivado las críticas a la propuesta. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha dicho en un comunicado que “son unas cuantías solo pensadas para favorecer a los seguros privados, a algunos de los cuales superan económicamente, y por supuesto hacen inaccesible estos convenios a quienes tienen una mala situación económica (la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las personas en situación de inmigración irregular)”. “Estamos ante una inaceptable simulación que deja desprotegidas a un número muy importante de personas en nuestro país, y que, además, está pensada para incitar a la suscripción de seguros privados. Una vez más el Ministerio de Sanidad desprecia la salud de las personas en aras a favorecer las alternativas privatizadoras de asistencia sanitaria”, añade la FADSP.
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