Salud limita por primera vez la atención a extranjeros al exigir un año de padrón
Darpón obvia la vía para asistir a inmigrantes que no llevan 12 meses en Euskadi
Ania Elorza Vitoria 27 JUL 2013 - 23:19 CET
Inmigrantes en un centro de salud de Osakidetza, en Bilbao la Vieja. / LUIS ALBERTO GARCIA (EL PAÍS)
El Departamento de Salud ha frenado la atención sanitaria a los pacientes extranjeros sin permiso de residencia que llevan menos de un año empadronado desde la llegada del PNV al Gobierno en diciembre. La consejería de Jon Darpón argumenta que lo único que hace es aplicar un decreto, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo. Este pretendía esquivar la prohibición de atender a los inmigrantes sin permiso de residencia impuesto por el Gobierno central pero incorporaba un nuevo requisito: estar un año empadronado para pedir la tarjeta sanitaria.
El anterior Gobierno justificó esta traba por el posible efecto llamada de otras comunidades. Al mismo tiempo, estableció para quienes llevasen entre tres meses (tiempo en el que se les considera turistas) y un año empadronados en Euskadi, una vía alternativa. Si el extranjero probaba su arraigo social, familiar o laboral en esta comunidad autónoma, se le otorgaba derecho a ser atendido como el resto de la ciudadanía. El problema es que esta vía no fue regulada y ni en Osakidetza ni en el departamento actual tienen constancia de ella. Por tanto, no aspiran a seguirla.
Colectivos sociales como Harresiak Apurtuz sí señalan que el anterior Gobierno permitió la atención gratuita a las personas con un año “o menos [de padrón] pero con intención de permanencia o arraigo”. Este punto es uno de los principales cambios entre 2012 y 2013. El consejero Darpón reconoce que hasta el 13 de diciembre los inmigrantes irregulares “recibieron atención sanitaria normalizada” y, a partir de esa fecha, “se aplicaron los requisitos de este decreto”, entre ellos la exigencia del año de empadronamiento.
A quienes no cumplen con esos criterios, “se garantiza la atención urgente, la asistencia sanitaria completa en caso de ser menor de edad y la asistencia sanitaria al embarazo, parto y posparto”. Es lo mismo que estableció el Gobierno central cuando vetó la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. En 2012 en Euskadi “se habló de flexibilidad a la hora de atender a los inmigrantes”, señala Sofía Abaitua desde Harresiak Apurtuz, pero “ahora se ha ido ratificando, poco a poco y desde enero, el año de empadronamiento; si antes no había claridad, con la orden \[aprobada el pasado lunes con el mecanismo para conceder las tarjetas sanitarias\] lo que queda claro es que hay que aplicar el decreto y que lo que se quedó abierto ya no lo está”. Abaitua indica que hay “mucho caos administrativo” y criterios distintos entre los centros de salud al tramitar las tarjetas.
El decreto del anterior Gobierno fue suspendido inicialmente por el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. La paralización se levantó en diciembre, en la misma semana en la que el equipo de Iñigo Urkullu asumió el poder, únicamente en el terreno de la asistencia a inmigrantes (otra parte, la de esquivar el copago, sigue paralizada). Desde entonces, el decreto se aplica a rajatabla con la intención, aseguran desde el Departamento de Salud, de mantener un “sistema sanitario público, universal y de calidad”.
Lo es únicamente si el inmigrante irregular cumple un año de empadronamiento, tiene pocos recursos o recibe una ayuda social y no recibe asistencia por otra vía. Son los que pueden pedir un documento similar a la tarjeta sanitaria. “La atención programada [a excepción de las urgencias y la atención a embarazadas y menores] hasta cumplir un año empadronados se les facturaría a precios públicos y debieran abonarlos”, resumen desde la consejería. Según las tarifas de Osakidetza para 2013, la primera visita al especialista cuesta 198 euros como máximo.
Ni en la orden del pasado lunes ni en las intenciones del actual departamento aparece salvar la aplicación de las medidas de Madrid entre los tres meses y el año de empadronamiento. Darpón se ha mostrado de acuerdo con el requisito. Lo contrario, ha declarado, supondría “discriminar” al resto de ciudadanos. En el otro extremo, colectivos que trabajan con inmigrantes reclaman que se suprima esa condición para lograr una sanidad realmente universal.
Mientras, otras comunidades han superado a Euskadi en la protección del inmigrante. En Navarra el Gobierno de UPN aprobó un decreto similar al vasco, con el año de empadronamiento, suspendido por el Constitucional. En febrero, la oposición aprobó una ley que permite, con un día de padrón, solicitar la tarjeta sanitaria. El Gobierno central y el navarro negocian ahora para que el primero no recurra la ley. La directora general de Salud, Cristina Ibarrola, señala que la aplican pero advierte de que “puede haber un efecto
llamada porque es más permisiva” que el resto.
-El Gobierno vasco, en junio, respondió con un decreto que permitía atender a los inmigrantes irregulares. Los requisitos: llevar un año empadronado, tener pocos recursos y no recibir atención por otra vía. Para los que no llevaran un año, y fuera del decreto, se dictó que, si demostraban arraigo en Euskadi, se les atendería. El decreto fue suspendido hasta diciembre. En ese tiempo se atendió a todos los inmigrantes.
-Desde diciembre, con el PNV en el Gobierno, se cumple el decreto a rajatabla. Se tramita la tarjeta sanitaria a partir del año en Euskadi y los que no lo cumplen deben pagar. Acreditar el arraigo no sirve.
El anterior Gobierno justificó esta traba por el posible efecto llamada de otras comunidades. Al mismo tiempo, estableció para quienes llevasen entre tres meses (tiempo en el que se les considera turistas) y un año empadronados en Euskadi, una vía alternativa. Si el extranjero probaba su arraigo social, familiar o laboral en esta comunidad autónoma, se le otorgaba derecho a ser atendido como el resto de la ciudadanía. El problema es que esta vía no fue regulada y ni en Osakidetza ni en el departamento actual tienen constancia de ella. Por tanto, no aspiran a seguirla.
Colectivos sociales como Harresiak Apurtuz sí señalan que el anterior Gobierno permitió la atención gratuita a las personas con un año “o menos [de padrón] pero con intención de permanencia o arraigo”. Este punto es uno de los principales cambios entre 2012 y 2013. El consejero Darpón reconoce que hasta el 13 de diciembre los inmigrantes irregulares “recibieron atención sanitaria normalizada” y, a partir de esa fecha, “se aplicaron los requisitos de este decreto”, entre ellos la exigencia del año de empadronamiento.
A quienes no cumplen con esos criterios, “se garantiza la atención urgente, la asistencia sanitaria completa en caso de ser menor de edad y la asistencia sanitaria al embarazo, parto y posparto”. Es lo mismo que estableció el Gobierno central cuando vetó la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. En 2012 en Euskadi “se habló de flexibilidad a la hora de atender a los inmigrantes”, señala Sofía Abaitua desde Harresiak Apurtuz, pero “ahora se ha ido ratificando, poco a poco y desde enero, el año de empadronamiento; si antes no había claridad, con la orden \[aprobada el pasado lunes con el mecanismo para conceder las tarjetas sanitarias\] lo que queda claro es que hay que aplicar el decreto y que lo que se quedó abierto ya no lo está”. Abaitua indica que hay “mucho caos administrativo” y criterios distintos entre los centros de salud al tramitar las tarjetas.
El decreto del anterior Gobierno fue suspendido inicialmente por el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. La paralización se levantó en diciembre, en la misma semana en la que el equipo de Iñigo Urkullu asumió el poder, únicamente en el terreno de la asistencia a inmigrantes (otra parte, la de esquivar el copago, sigue paralizada). Desde entonces, el decreto se aplica a rajatabla con la intención, aseguran desde el Departamento de Salud, de mantener un “sistema sanitario público, universal y de calidad”.
Lo es únicamente si el inmigrante irregular cumple un año de empadronamiento, tiene pocos recursos o recibe una ayuda social y no recibe asistencia por otra vía. Son los que pueden pedir un documento similar a la tarjeta sanitaria. “La atención programada [a excepción de las urgencias y la atención a embarazadas y menores] hasta cumplir un año empadronados se les facturaría a precios públicos y debieran abonarlos”, resumen desde la consejería. Según las tarifas de Osakidetza para 2013, la primera visita al especialista cuesta 198 euros como máximo.
Ni en la orden del pasado lunes ni en las intenciones del actual departamento aparece salvar la aplicación de las medidas de Madrid entre los tres meses y el año de empadronamiento. Darpón se ha mostrado de acuerdo con el requisito. Lo contrario, ha declarado, supondría “discriminar” al resto de ciudadanos. En el otro extremo, colectivos que trabajan con inmigrantes reclaman que se suprima esa condición para lograr una sanidad realmente universal.
Mientras, otras comunidades han superado a Euskadi en la protección del inmigrante. En Navarra el Gobierno de UPN aprobó un decreto similar al vasco, con el año de empadronamiento, suspendido por el Constitucional. En febrero, la oposición aprobó una ley que permite, con un día de padrón, solicitar la tarjeta sanitaria. El Gobierno central y el navarro negocian ahora para que el primero no recurra la ley. La directora general de Salud, Cristina Ibarrola, señala que la aplican pero advierte de que “puede haber un efecto
llamada porque es más permisiva” que el resto.
Evolución
-En abril de 2012 el Gobierno central aprobó un real decreto en el que se prohibía la atención a inmigrantes irregulares salvo urgencias, menores y embarazadas.-El Gobierno vasco, en junio, respondió con un decreto que permitía atender a los inmigrantes irregulares. Los requisitos: llevar un año empadronado, tener pocos recursos y no recibir atención por otra vía. Para los que no llevaran un año, y fuera del decreto, se dictó que, si demostraban arraigo en Euskadi, se les atendería. El decreto fue suspendido hasta diciembre. En ese tiempo se atendió a todos los inmigrantes.
-Desde diciembre, con el PNV en el Gobierno, se cumple el decreto a rajatabla. Se tramita la tarjeta sanitaria a partir del año en Euskadi y los que no lo cumplen deben pagar. Acreditar el arraigo no sirve.
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