jueves, 1 de agosto de 2013

La Sindicatura revela que las resonancias costarían menos si fuesen públicas

La Sindicatura revela que las resonancias costarían menos si fuesen públicas

La Sindicatura revela que las resonancias costarían menos si fuesen públicas

La Sanidad valenciana ahorraría entre 3,3 y 16,7 millones de euros al año con medios propios para la exploración magnética


Una paciente se somete a una prueba de resonancia magnética en el hospital La Fe, en Valencia. / Tania Castro

El "ahorro potencial anual" oscilaría  entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio de resonancias magnéticas "con medios propios". Esa es la conclusión más llamativa de un informe titulado resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro que la Sindicatura de Comptes acaba de hacer público.  El informe, el segundo que realiza el organismo fiscalizador de la Generalitat sobre conciertos sanitarios, añade que, en el caso de que se optara por la realización de exploraciones con equipos del proveedor pero fueran los facultativos del sistema público los que informaran las pruebas, el ahorro se reduciría a una horquilla entre 406.000 euros y dos millones.

La concesión del servicio de resonancias magnéticas en el sistema público a empresas privadas es un asunto que ha levantado polémica desde hace años. La Generalitat Valenciana optó por concertar ese servicio y en 2008 lo adjudicó por 10 años a una UTE, Erescanner Salud, constitiuida por las empresas que venían desempeñándolo por zonas: Eresa, Inscanner, Beanaca y Ribera Salud. El contrato fue de 498 millones de euros. Solo el Hospital Peset Aleixandre, en Valencia, que fue pionero en la instalación de este tipo de equipos, y el de San Juan, en Alicante, que lo ha instalado recientemente, disponen de equipos de resonancia magnética de gestión pública.

La Sindicatura, que ha recabado alegaciones tanto de la Consejería de Sanidad como de la empresa concesionaria, señala también en su informe que la larga duración del contrato "podría resultar un impedimento a la Administración para aprovechar ventajas que puedan derivarse de la evolución tecnológica" y aconseja que, "tal y como en la mayoría de los contratos consultados de otras comunidades autónomas se ha constatado", el plazo fuera más reducido y, en todo caso, se contemplaran prórrogas.

El informe aborda también los controles que la Consejería ejerce sobre la prestación concertada, detecta "numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas" y concluye que "no se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones".

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