Dirigentes del PP piden suavizar la ley del aborto en el Congreso
El vasco Borja Sémper espera que los diputados sorteen la disciplina de partido y voten “en conciencia”
Cristina Cifuentes defiende una normativa de plazos
ATLAS
Una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley del aborto —quedan aún meses de trámites hasta que entre en vigor—, algunas voces dentro del PP han empezado a cuestionar en público la dureza de esa ley y han puesto de manifiesto que este asunto genera debate en el seno del partido del Gobierno. Este jueves, varios dirigentes populares plantearon la necesidad de “matizar”, “mejorar” o suavizar algunos aspectos del anteproyecto. El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, invitó incluso a los diputados del PP a votar “en conciencia”, y no en función de la disciplina de partido, cuando la ley llegue al Congreso. “Los partidos no deben ser sectas”, dijo.
El anteproyecto de ley del aborto, que lleva la firma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acaba con el derecho al aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo (un derecho que existe desde 2010) y vuelve al sistema de supuestos de la ley de 1985; pero será una ley bastante más restrictiva que aquella, porque los supuestos de aborto legal se reducen a dos —violación y peligro para la salud de la mujer— y el procedimiento se llena de trabas.
El dirigente vasco Borja Sémper afirmó que hay aspectos de esa reforma que no le gustan, especialmente la desaparición del supuesto de aborto por malformación fetal (las mujeres en esa situación podrán abortar en casi todos los casos, pero no en todos, y no podrán alegar esa razón sino la del riesgo para su salud psíquica). Sémper señaló, en una entrevista con Efe, que no cree “en un Estado que se meta en la vida de las personas hasta el punto de imposibilitar tomar decisiones sobre su propia vida”. “La clave está en el equilibrio, en respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida y hacerlo compatible con proteger a quien no puede hacerlo”, afirmó en referencia al feto. Según él, el Gobierno debe “afinar un poco más”. “Muchas parejas tienen que afrontar una situación extrema cuando un médico les dice que el feto tiene malformación. Someterles a un proceso en el que hay que pedir dos opiniones de médicos creo que es especialmente complicado y dramático. Hay que perfeccionarlo y hacer menos doloroso ese proceso”, insistió.
En su opinión, cada diputado deberá votar el proyecto de ley “en conciencia”: “Hay materias sensibles, que afectan a cómo entiendes la vida, [en las que] debe prevalecer la conciencia”, señaló. “La grandeza de la disciplina de voto es cuando la rompes porque crees que la tienes que romper, no porque te lo permiten. Los partidos no deben ser sectas, deben alentar la discrepancia”.
También desde el PP vasco, su secretario general (y secretario de Derechos y Libertades a escala nacional), Iñaki Oyarzábal, afirmó que el Gobierno afronta el trámite parlamentario de la ley del aborto con un espíritu dialogante. “Filosóficamente es un proyecto que defendemos, pero estamos abiertos a un diálogo sensato para que, respetando la filosofía y la esencia, se logre un acuerdo que refleje a la mayoría de la sociedad”, dijo. A él laley Gallardón le gusta en “lo fundamental”, aunque hay aspectos que le gustan “menos”, señaló, sin precisar.
Más clara fue la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien durante una entrevista en RNE se mostró abiertamente partidaria de la ley de plazos actual, modificándola puntualmente. Cifuentes admitió, eso sí, que su posición es minoritaria en el partido y que ella lo acepta. Otra dirigente del PP que se ha manifestado varias veces contraria a reformar la ley del aborto, Celia Villalobos, prefirió esperar a leer el anteproyecto de la nueva ley para pronunciarse.
“Ahora no es el momento de hablar, pero mi postura sobre este asunto es conocida”, dijo Villalobos, que es vicepresidenta primera del Congreso y tendrá que votar la futura ley.
Cinco gobiernos autonómicos han rechazado hasta el momento el anteproyecto: Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias. Ninguno está gobernado por el PP. No obstante, este jueves el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago, del PP, sí expresó su deseo de que los parlamentarios “maticen y mejoren” el proyecto en el Congreso y el Senado.
El alcalde de Valladolid, el popularFrancisco Javier León de la Riva(ginecólogo de profesión), manifestó su acuerdo con la mayor parte del proyecto de Gallardón, si bien confió en que “se mejore” porque “sería un error obligar a la madre a seguir embarazada hasta el final” en casos de determinadas malformaciones. También la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, del PP, ha pedido cambios en el anteproyecto. Fue la primera dirigente popular que lo hizo, el pasado martes, y este jueves anunció que elevará sus observaciones a Justicia. “La ley anterior puede necesitar una actualización, pero lo que no es razonable es que se elimine el aborto cuando haya riesgo de malformación”, declaró a Efe. Valdeón, que fue directora general de Salud Pública y consejera de Familia de Castilla y León, sostiene que los supuestos legales para abortar constituyen “uno de los aspectos más consensuados no solo a nivel político sino también en la comunidad médica”, y que son tres: violación, riesgo para la salud de la madre y malformación fetal. “No tiene sentido que desaparezca uno de ellos”.
Isabel Díaz Ayuso, diputada autonómica del PP en Madrid, escribió en Twitter: “Yo tampoco estoy a favor de la reforma del aborto tal y como se ha planteado. Interfiere en el ámbito personal y no soluciona nada. Abogo por el consenso, por respetar decisiones tan íntimas y también por verdaderas medidas de apoyo a embarazadas”. El número dos de Nuevas Generaciones, Javier Dorado, afirmó en la misma red social: “Creo que la mujer que lleva en su vientre a un feto es la mejor preparada para proteger al no nacido, mucho mejor que el Estado. Hoy el sentir mayoritario no es favorable al anteproyecto. Hace falta pedagogía, explicaciones y voluntad de acuerdo. Confío en el Gobierno”.
Los aspectos polémicos
El anteproyecto de ley del aborto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, devolverá a España a un sistema de supuestos despenalizados como el vigente entre 1985 y 2010.
Fin de un derecho. El texto elimina el derecho de la mujer a decidir libremente, durante las primeras 14 semanas de embarazo y sin alegar ningún motivo, si prosigue su embarazo o aborta. Se pasará de este sistema, conocido como ley de plazos e instaurado en 2010, a otro modelo en el que solo se permitirá el aborto en dos supuestos: violación (hasta la semana 12 de gestación) o “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” (hasta la 22). Ese riesgo tiene que ser “permanente o duradero en el tiempo”.
Acreditación. La nueva ley prevé que se exijan dos dictámenes médicos que acrediten ese daño para la salud de la mujer. Tendrán que firmarlos dos profesionales sanitarios de la especialidad de la patología alegada, una condición que hasta ahora (tanto con la ley de 1985 como con la actual para los casos de aborto por riesgo para la salud entre la semana 14 y la 22) se ceñía a un solo dictamen. Los dos médicos no podrán trabajar en la misma clínica que luego va a practicar el aborto.
Anomalías. El anteproyecto elimina el supuesto de aborto por anomalías fetales, aunque enmarca este problema en el riesgo de daño psíquico para la mujer. Si la anomalía fetal es “incompatible con la vida”, la mujer podrá alegar daño psíquico sin límite temporal, y abortar acogiéndose a ese supuesto (en ese caso necesitará dos dictámenes médicos: uno sobre la salud de la mujer y otro acerca del feto). Si la anomalía fetal no es incompatible con la vida, la mujer solo podrá alegar daño psíquico hasta la semana 22. Este modelo deja sin cobertura las anomalías fetales que no sean incompatibles con la vida pero sí extremadamente graves e incurables y que se hayan diagnosticado de manera tardía.
Información. Las mujeres recibirán información sobre las alternativas al aborto por parte de un “colaborador del sistema público”, según dijo Gallardón. Aún está por ver qué servicios la facilitarán. Tras este asesoramiento personal —que ahora se limita a información escrita— tendrán que reflexionar durante siete días.
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